La administración Antía se defiende de las críticas emanadas desde filas del Frente Amplio a partir del análisis de la Rendición de Cuentas del año 2018; la oposición sostiene que el déficit se elevó a más de US$ 101 millones y probablemente promueva un llamado a sala del intendente. Rápidamente, la comuna salió al cruce con un detallado informe sobre la situación en que tomó la IDM y como se encuentra hoy.

La administración Enrique Antía sostiene que versiones “típicas de tiempos electorales”, buscan confundir “y sembrar dudas sobre la situación económica de la IDM por parte de quienes alegremente parecen olvidar que dejaron una deuda financiera y patrimonial monumental”.

Es la primera reacción a la denuncia pública del Frente Amplio, que sostiene que el déficit de la Intendencia de Maldonado se sigue incrementando y que ya supera los US$ 101 millones, situación que no solo es crítica hoy sino que pone en riesgo al futuro gobierno, sea del partido que sea.

Desde la administración departamental en un amplio informe, se rechaza de plano “esas irresponsables afirmaciones”, y se admite que hubo un aumento sí, “pero de gastos, de inversiones, de recuperación de un patrimonio en ruinas y generación de trabajo para el pueblo de Maldonado…”.

El punto de partida

La actual administración aduce que asumió con un endeudamiento estructural superior a los US$ 90 millones, según fue detallado e informado a la Junta Departamental en 2015. El endeudamiento se componía del déficit acumulado más las obligaciones contraídas y no canceladas por el gobierno anterior.

Todo, se señala hoy desde la IDM, “debió asumirse en este período de gobierno para evitar que la Intendencia de Maldonado fuese declarada en cesación de pagos o incumplidora”, por lo cual se tuvo que elaborar una estrategia basada en un plan de pagos ordenado a 15 años.

Para ello se elevó un pedido a la Junta Departamental dentro de los primeros 5 meses de gestión, el que no tuvo andamiento “debido a las mayorías especiales requeridas”. La iniciativa que se formuló en el Ejercicio 2018 fue para asumir créditos por hasta US$ 35.000.000 por un plazo no superior a 15 años.

“A su vez, no fue posible contar con el plan de amortización parcial previsto en el Presupuesto Departamental, por falta de anuencia de la Junta Departamental”. En el Presupuesto se previó que iniciando un proceso de amortización de la deuda se detraerían recursos por unos US$ 45 millones en el quinquenio, por todo concepto.

Desde la administración Antía, se insiste que “la totalidad del endeudamiento heredado” debió ser asumida por la misma, enfrentando restricciones, pago de intereses y amortización de deudas, porque “fue negada por la oposición la posibilidad de efectivizar una estrategia financiera a largo plazo…”.

Además, que se asumieron: la caída del subsidio del SUCIVE, unos U$S 2,8 millones anuales (implica una disminución de recursos de US$ 14 millones en el período) y, un cambio en el porcentaje de distribución de ingresos en los programas de caminería de un US$ 1,5 millón al año (7,5 millones en los 5 años).

Por otra parte, se reitera que las transferencias del Gobierno Nacional descendieron sustancialmente del Ejercicio 2014 al Ejercicio 2018. El año pasado se recibió un 80,12% menos de recursos de origen nacional que en el 2014, lo que representó la suma de US$ 27.418.552 en el año, sostiene la IDM.

Se recuerda que, en la formulación del Presupuesto Departamental se previeron aportes del Gobierno Nacional en materia de vivienda que, “finalmente no se concretaron”, porque, “no se recibieron partidas de origen nacional durante los Ejercicios 2016 a 2018, que representan la suma total de US$ 28.514.011”.

Se remarca que “la situación está controlada, no existe riesgo alguno de no asumir nuestros compromisos, pero debemos ser prudentes y administrar como hasta ahora, con responsabilidad; con la frazada corta que nos dejaron otros, podríamos haber dejado pasar el tiempo sin hacer nada…”.

Fue necesario, señala la administración, “recuperar la infraestructura destruida, invertir en recuperación de patrimonio, políticas sociales, espacios públicos, entre otros”, todo lo que lleva a la actual situación, porque si bien hubo un aumento del gasto, está “sustentado sobre bases que hoy la gente puede disfrutar y apreciar”.

La situación, “implicó un adelantamiento de objetivos quinquenales”, marco dentro del cual se incluyó dentro del programa financiero del Ejercicio 2018 la aprobación de una línea de crédito por US$ 20.000.000, para “fortalecer y dar cumplimiento a todas las políticas desplegadas en el territorio por parte de lntendencia”.

¿Obras a la vista?

En respuesta directa al Frente Amplio, se señala en el informe que el departamento está en marcha “a pesar del descalabro financiero que dejaron los que siguen sin hacerse cargo de haber llevado al departamento al mayor desastre financiero y de gestión en todas sus áreas”.

Por otra parte, se advierte desde la comuna que se debe saber leer una rendición de cuentas, porque en el caso de la del año 2018, en la exposición de motivos, “se señala que fue un año de logros y concreciones, donde alcanzamos metas que nos habíamos fijado al asumir en 2015…”.

Allí estaba contenida “la recuperación de un patrimonio que daba vergüenza al pueblo del departamento y que no estaba en sintonía con la oferta que debemos darle al ciudadano y al turista que nos visita año tras año, porque somos un destino turístico por excelencia también…”.

Asimismo, se realiza un extenso repaso por las obras realizadas y la adquisición de la nueva flota de camiones y maquinaria (en la que se invirtieron más de US$ 12 millones) sin la cual “sería imposible hacer calles, tapar pozos y ocuparse de ir mejorando el departamento” y que se pagará en el actual periodo de gobierno.

También se mencionan: la recuperación del parque El Jagüel (inversión de casi US$ 3 millones); del parque Mancebo (inversión de más de US$ 800.000); la plaza México de Punta del Este (más de US$ 160.000); y las plazas de los barrios La Fortuna y Maldonado Nuevo (US$ 180.000).

El mejoramiento de dos playas accesibles, a la que concurren centenares de personas por día durante temporada, y la realización de 1.200 traslados mensuales a centros de diálisis y Teletón, “todo ello en el marco del paraguas de políticas sociales, en el que invertimos más del 30% del presupuesto”.

Asimismo, los cursos gratuitos de capacitación; el programa Jornales Solidarios; la atención en policlínicas a más del 60% de usuarios de Asse (inversión de $ 100 millones anuales), y en salud bucal asistiendo a 1.200 personas; y las guarderías de verano a las que asisten más de 2.000 niños.

“Invertimos más de 20 millones de dólares en el centro de video vigilancia con más de 1.200 cámaras y resultados concretos, porque si se instalaba la inseguridad se iba el turismo y por ende el trabajo. Allí en el primer año de funcionamiento rebajaron los hurtos y rapiñas”, afirma la administración.

También se repasa la inversión de más de US$ 5 millones en seguridad en las playas (guardavidas y casetas); obras en calles y caminos algunas de las cuales están en plena ejecución; e incentivos a la inversión con más de 50 proyectos edilicios aprobados, 34 de los cuales están en marcha.

La inversión en el área de vivienda, incluyendo el realojo de El Placer y del 90% de las familias del barrio San Antonio 2; el avance con el asentamiento Kennedy, y la expropiación de terrenos para concretar los futuros realojos; la recuperación del complejo Urbaneste y soluciones al sentamiento Selva Negra de Piriápolis.

Finalmente se destaca la inversión de más de US$ 1,5 millón en becas estudiantiles para más de 800 jóvenes del departamento, que pueden cursar carreras terciarias y universitarias tanto en Montevideo como en Maldonado. “Todo esto son hechos, están allí, son tangibles para la población…”, concluye el informe de la IDM.