El edil Alexandro Infante (Partido Nacional), dijo en la Junta Departamental de Maldonado que faltan garantías jurídicas en nuestro país y sobre todo en el departamento de Maldonado, para defender la propiedad privada ante la ola incontenible de ocupaciones ilegales de tierras.

Infante denunció que en el departamento hay una masiva ocupación de terrenos -de propiedad privada, que “no está siendo debidamente controlada por los organismos competentes”, fundamentalmente en la zona costera, donde además de la usurpación de tierras, se construye irregularmente.

Dijo conocer casos de vecinos que se han visto perjudicados, “en su gran mayoría por malvivientes que han ocupado terrenos linderos, lo que ha depreciado sus propiedades a valores casi nulos”, porque los intrusos han apostado a “vender drogas o cometer hurtos y rapiñas, todo bajo amenazas y coacción”.

Agregó que este tipo de situaciones, que lamentablemente no son nuevas en el departamento de Maldonado, se están produciendo en la zona de Punta Negra, así como en el balneario Buenos Aires, “que ha sido totalmente invadido”, y también en los balnearios Santa Mónica y La Juanita.

Se lamentó que la Justicia esté ausente, porque hay propietarios que han radicado denuncias “con título de propiedad y con contribuciones pagas, pero, al otro día de la ocupación, la Ley de Usurpación no se aplica; la denuncia policial pasa al Juzgado, y del Juzgado va por la vía civil”.

Sin embargo, “personas que no tienen ni un papel sobre la propiedad se quedan en ella debido a que en los juicios se tarda cuatro, cinco, seis o siete años en tomar una decisión para desalojar, cuando realmente deberían ser juzgadas por el delito de usurpación” y tener una sentencia en mucho menos tiempo.

Casos y casos

Infante aseguró que hay casos de vecinos de Punta Negra que ni siquiera llegaron a la justicia, porque los fiscales “puntualmente no han tomado ninguna medida; hace seis, siete meses que están ahí boyando”, y que se llega al extremo de que hay comisiones de vecinos integradas por usurpadores.

Esta insólita realidad, lleva a que los vecinos, propietarios de la zona, hayan tenido que dejar de ir a los centros comunales “porque están representados e invadidos por malvivientes, casi la totalidad de los ´ocupas´”, denunció el edil blanco en base a versiones de los propios damnificados.

En cuanto a la situación en otras zonas de la costa, afirmó que “adentro de Santa Mónica, por ejemplo, ya hay un barrio todo de ocupantes. Este es un caso especial porque encima es un barrio en el que la tierra está catalogada de fragilidad ecosistémica...”, y no se les exige lo mismo que a un inversor.

“Cuando aparecen los ´ocupas´, contaminan las lagunas, el medio ambiente, la tierra y no siguen ninguna regla de construcción de las tantas que piden la Intendencia o la Dinama, cuando a veces nos cancelan una fiesta en Punta del Este o en Maldonado porque tocamos una duna...”, se lamentó.

En el mismo sentido señaló que en el caso de las ocupaciones, no se realizan inspecciones de “todo el desastre ecológico que se está haciendo en las lagunas, puntualmente en Santa Mónica; no existe organismo del Estado que pueda controlar eso, que controle lo que se hace…”.

Narró que un inversor que compró tierras en esa zona, le dijo que al otro día de cerrar el negocio, con título y Contribución Inmobiliaria al día, le ocuparon el terreno. Eso ocurrió hace 6 meses, dijo Infante, y a pesar de que radicó denuncia policial en forma inmediata “en el Juzgado no se ha movido para nada”.

En este marco, exigió que se debe tomar “al toro por las guampas, porque (esta situación) perjudica también nuestra matriz productiva, que es el turismo y la inversión. Están degradando las propiedades ya instaladas y están corriendo al inversor serio que puede venir a invertir al departamento”.

Archívese

Finalmente, Alexandro Infante dijo que tomó conocimiento de una resolución de la Fiscalía General de la Nación que le llama la atención, porque ordena archivar los casos que no tengan pruebas del código anterior al nuevo Código del Proceso Penal, y se están archivando en demasía”.

“El Estado debe actuar pronto y rápido para garantizar la seguridad jurídica del Uruguay, que siempre fue una bandera que esgrimimos con total orgullo. El Estado debe dejar de pasarse la pelota; la Intendencia dice que es el sistema judicial, este dice que es el Ministerio del Interior y al final nadie resuelve nada”, se lamentó.