Ediles del Frente Amplio representantes de distintas corrientes, presentaron en la Junta Departamental de Maldonado una nota, a partir de un informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y de datos de las rendiciones de cuentas, con un análisis de la "grave" situación financiera de la Intendencia Departamental.

En la nota se subraya la grave situación financiera, especialmente la magnitud de la deuda total y particularmente de la deuda bancaria, y se denuncia “el uso ilegal e inconstitucional que se ha realizado durante 2020 de las autorizaciones de la Junta Departamental para endeudarse con instituciones financieras”.

En el análisis, se hace referencia particularmente a la deuda bancaria y las actuaciones realizadas en este último ejercicio 2020 por el Ejecutivo Departamental en la contratación de préstamos con empresas corredoras de bolsa y algunos bancos de plaza, a la luz del informe emitido por el TCR.

Del informe, según el análisis de los técnicos del FA, se desprenden conclusiones que “por su gravedad merecen un inmediato tratamiento” en el Legislativo, por lo cual los ediles firmantes solicitan que la nota y la documentación presentadas, se incorporen al expediente 411-2-2016 a estudio de la Comisión de Presupuesto.

El informe del Tribunal de Cuentas de la República, concluye que la deuda total de la Intendencia de Maldonado era al 31 de diciembre de 2019 de algo más de $ 3.387 millones, lo que representa un 49% de la recaudación anual, y que la deuda bancaria en 2019 era de algo más de $ 3.312 millones.

También da cuenta que la deuda bancaria en julio de 2020 -después de haberse cancelado en enero-, ya superó los $ 2.600 millones, y que “seguirá creciendo hasta fin de año”, según lo que la propia Intendencia anuncia al TCR hasta superar los $ 3.600 millones (sin incluir los préstamos del Fondo Covid).

Los ediles del Frente Amplio sostienen que la administración departamental “ha avasallado las decisiones de la Junta, excediéndose en las facultades del Intendente, firmando contratos con Corredores de Bolsa y algunos bancos de plaza, basándose en anuencias con plazo bien definido de vencimiento.

“Esto representa, además de una ilegalidad, una clara violación constitucional en la utilización de las anuencias, en tanto utiliza autorizaciones de la Junta obtenidas con menos de dos tercios de votos, como si fueran autorizaciones que habilitan el endeudamiento más allá de los límites del gobierno”, se señala.

“En 2020 los costos financieros seguirán creciendo, superando la cifra de 2019, pues crecerá la deuda y se incorporarán intereses de mora, única conclusión del anuncio hecho por la IDM al TCR de que no se pagarán los créditos a su vencimiento en el segundo semestre del año”, se advierte.