Así lo dijo la directora general de Asuntos Legales, Adriana Graziuso, al ser consultada sobre la problemática de las ocupaciones en el departamento. Dijo que formalmente han sido presentadas unas 500 denuncias aunque se estima que son muchas más.

La directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, Adriana Graziuso, entrevistada en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, explicó que para el combate a las ocupaciones ilegales se están utilizando diversas herramientas al alcance de la administración.

Por otro lado, dijo que Fiscalía con su independencia técnica y más allá de representar el interés común, “muchas veces no ha entendido que haya responsabilidad penal, o muchas veces no ha instruido esas denuncias”, por lo cual los casos se han multiplicado.

Eso ha llevado a que la actividad penal haya estado “frenada” en la mayoría de los casos, dijo. Un informe de la Fiscalía General de la Nación, “habla de unas 500 denuncias, y solo un 1% de formalizaciones. Esto es muy poco y además consideramos que las denuncias son muchas más”.

No todas las denuncias son formales, hechas por escrito; hay muchas verbales, “donde la Policía va al lugar y los vecinos hacen esa denuncia, pero no sabemos si eso está registrado”, por lo cual se estima que las denuncias y en consecuencia las ocupaciones “son muchas más”, reiteró.

En el mismo sentido, dijo que ante esto, la Intendencia de Maldonado le manifestó su preocupación al Fiscal General de la Nación, aunque con el máximo respeto a su independencia. “Nosotros hemos buscado estrategias ante esa falta de respaldo en lo penal, con nuestras normas municipales”, dijo.

Se trabaja en el control de las edificaciones, por lo cual ya ha habido demoliciones o se han retirado alambrados de terrenos, “en ocupaciones, por ejemplo ahora en Sauce de Portezuelo; es un sistema muy efectivo porque las construcciones no están aprobadas entonces tenemos el poder de demolerlas”.

Agregó que, desde hace algún tiempo también se está haciendo una puesta a punto y revisión de las deudas de “los terrenos, especialmente en la zona costera, que desde hace años se encuentran adeudando la Contribución Inmobiliaria, y hemos iniciado las ejecuciones tributarias”.

Estimó que la falta de control en el pago de ese tributo, “ha sido beneficioso para las ocupaciones”, y que, junto a la dirección de Hacienda de la IDM, se ha hecho “una identificación de toda la zona costera”, por lo cual terrenos cuyos propietarios “no se han preocupado en muchos años, serán objeto de ejecución”.

El objetivo, además, es que esos terrenos vuelvan al circuito de compra y venta, “y quienes los ocupen o tengan interés en ellos, los puedan adquirir de la forma judicial correspondiente, o sino que otros lo hagan. Eso también es desestimular las ocupaciones”, explicó Adriana Graziuso.

Fundación “Maldonado Seguro”

En otro orden, la directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, habló de la concreción de un proyecto que, vinculó a su vez, al programa “Ciudades Inteligentes” que pretende impulsar la Intendencia de Maldonado desde la anterior administración encabezada por Enrique Antía.

La fundación “Maldonado Seguro” es parte de ese programa integral, y desde el año 2017 ha requerido un proceso de aprobación en el Ministerio de Educación y Cultura “que ha culminado hace poco tiempo; estamos prontos para poder comenzar a funcionar”, dijo Graziuso.

Esta fundación la impulsa la Intendencia de Maldonado, “invitando a la sociedad civil, en este caso la Liga de Fomento de Punta del Este y la Cámara Empresarial de Maldonado para integrarla”. Se compondrá con 5 miembros: 3 por la Intendencia de Maldonado y 2 por la sociedad civil.

Explicó que, el objetivo es poder recibir donaciones o desarrollar distintos proyectos, lo que no puede hacer por si sola como institución la Intendencia Departamental. La funcionaria aseguró que desde que se planteó esta idea en 2017, se han recibido muchas propuestas.

Citó como ejemplo, “ofrecimientos de donaciones de dinero para instalar cámaras de seguridad en diversas zonas. Todo está en carpeta porque no podíamos hacer efectivos esos ofrecimientos; esperemos ahora poder hacerlo con la marcha de la fundación”, acotó.

La fundación “Maldonado Seguro” tendrá sede física en el edificio del Centro de Comando Unificado (CCU) de la Policía donde ya está el espacio dispuesto. Lo primero será convocar a la sociedad civil, explicó Graziuso, “para que nos diga sus problemas, sus inquietudes, las soluciones que nos proponen”.

Por otra parte, y si bien hay cámaras de video vigilancia que están a disposición de las direcciones generales de Tránsito y Transporte, y Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado, la fundación “también puede incidir en la compra de instrumentos o tecnología que puedan servir a las mismas”.

Finalmente, la funcionaria consideró que este proyecto es muy importante para Maldonado, “porque conjuga tanto el interés público como el privado” con el norte puesto en el bien de toda la comunidad, en virtud de que las donaciones también pueden favorecer a aquellos que no pueden colaborar.