Si este fin de semana no surge alguna solución, cosa que parece muy remota, desde el lunes 4 de abril la mayoría de las estaciones de servicio del departamento de Maldonado no cobrarán cargas de combustible con tarjetas de crédito o débito. La decisión está generando reacciones, incluso de sorpresa en el caso del presidente de la República.

Los propietarios de la mayoría de las estaciones de servicio de Maldonado, nucleadas en Vecoma (Vendedores de Combustibles de Maldonado), decidieron que a partir del 4 de abril, no aceptarán pagos de combustibles con tarjetas de crédito o débito y solo trabajarán con efectivo.

La decisión, fue tomada en virtud de los altos aranceles que cobran los bancos emisores de las tarjetas y no es un conflicto nuevo sino que data de varios años. Los estacioneros han realizado múltiples gestiones y la última incluso (diciembre de 2021) con intervención del Brou, aunque no hubo solución.

Pero la decisión tomada ahora, y que no tiene marcha atrás por el momento, porque incluso en las estaciones adheridas ya hay carteles oficiales alertando de la medida, comenzó paulatinamente a generar distintas reacciones, incluso de sorpresa en el propio presidente de la República.

Este viernes, en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, el diputado del Frente Amplio Eduardo Antonini, dijo no compartir la medida tomada aunque admitió que el alto porcentaje que cobran los bancos emisores es un reclamo que se viene arrastrando desde hace años.

La Asociación de Bancarios del Uruguay (Aebu) calificó de “inaceptable” la resolución de Vecoma, y a través de un comunicado emitido en las últimas horas, su Consejo Central manifestó el rechazo a la medida y denunció con dureza cuales serían las intenciones de la gremial empresarial:

“1. Esta decisión corporativa de un conjunto de empresarios busca desterrar la diversidad de medios de pago en nuestras relaciones de consumo; va en sentido contrario a las tendencias internacionales, a la prestación de servicios modernos y de calidad a sus clientes, e incluso a la orientación del propio Estado que impone su uso en los peajes de todo el país.

2. La decisión de dicho sector empresarial antepone sus objetivos de rentabilidad sobre el interés del país, provocando una afectación directa para el turismo de nuestro principal balneario, en tiempos donde este sector ha sufrido dos temporadas críticas.

3. La resolución de estas patronales expone al conjunto de los trabajadores de sus empresas a niveles de inseguridad y peligro repudiable. En tiempos en que la inseguridad y el delito ha recrudecido, retornar al uso de dinero en efectivo, en puestos de trabajo sin protección, resulta una decisión inaceptable.

4. La justificación de que los costos de los medios de pagos digitales inciden negativamente en la rentabilidad se ha utilizado reiteradamente -y en esta ocasión también- para reclamar la liberalización del precio de combustibles, lo que llevaría a un mayor encarecimiento de sus precios y a transformar a las poblaciones más distantes de la capital del país en rehenes de los costos de traslado.

Consideramos imprescindible que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto a fin de evitar los perjuicios mencionados. Los daños que esta decisión empresarial provocará sobre un sector económico fundamental y sus trabajadores requieren la intervención del Poder Ejecutivo.

Los principios de libertad defendidos por el Gobierno y toda la sociedad solo son plenos cuando todas las partes pueden ejercerlos. Esta decisión es absolutamente limitante de la libertad de los consumidores, y sus consecuencias negativas serán mucho más severas de extenderse al resto del país o a otras áreas de la actividad económica”.