El gobierno, junto con trabajadores y empresarios, elaboró un mecanismo para que cerca de 30.000 firmas con entre 5 y 50 empleados cumplan con la exigencia de incorporar servicios de prevención y salud. Se procuró encontrar una herramienta acorde a la realidad de las de menor tamaño, señaló el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Mtss), Pablo Mieres.

La medida, que se implementará a partir del 1° de noviembre, brindará una solución definitiva para que las empresas con entre 5 y 50 trabajadores cumplan con la obligatoriedad de implementar servicios de prevención y salud, establecida en el Decreto N° 127, del 13 de mayo de 2014, expresó Pablo Mieres.

El titular del Mtss, explicó que se procuró respuesta a esa situación con el objetivo de evitar una nueva prórroga para aplicar la normativa, pero “buscando mecanismos que sean compatibles con la realidad de las empresas que tienen menor tamaño”, expresó.

Los servicios de prevención y salud ocupacional son equipos multidisciplinarios integrados por profesionales de la temática, cuya función es brindar asesoramiento a empleadores y trabajadores acerca de los requisitos para establecer y conservar un ambiente laboral seguro y sano.

Mieres informó que las empresas que cuentan con el citado número de trabajadores deberán elaborar un plan de prevención de riesgos laborales con un técnico o profesional en prevención y salud ocupacional. El documento deberá incluir la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, y medidas correctivas.

Junto con un cronograma de cumplimiento, esta valoración deberá efectuarse cada 6 meses o cada vez que cambien las condiciones de trabajo, como incorporación de tecnología, modificaciones en los procesos productivos u otra circunstancia que requiera un ajuste.

Según los resultados, el técnico podrá recomendar que la empresa disponga de un servicio de carácter permanente. El decreto también establece que solo podrán realizar tareas aquellos trabajadores que cuenten con el control de salud vigente. La medida afectará a alrededor de 30.000 empresas y 300.000 empleados.

La solución se acordó entre los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Conassat), órgano tripartito integrado por el PIT-CNT, cámaras empresariales y organismos del Estado vinculados a la temática, como los ministerios de Trabajo y Salud Pública, BPS y Banco de Seguros del Estado.