Los defensores y funcionarios, e integrantes del Centro de Mediación de Maldonado, elevaron una petición a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), advirtiendo sobre las graves consecuencias que acarrearía el traslado de los juzgados de paz al 1er. piso del Centro de Justicia, donde está ubicada la Defensoría que quedaría dividida.

Las partes mencionadas, elevaron el 30 de enero de este año, una petición (al amparo del Artículo 318 de la Constitución) a la SCJ para que deje sin efecto la decisión de trasladar al primer piso del Centro de Justicia los juzgados de paz de la ciudad de Maldonado.

Sostienen que en noviembre del año pasado, “en forma fortuita tomamos conocimiento de esa decisión, que significaba que los 9 defensores y 7 funcionarias pasáramos a atender a las cientos de personas que concurren diariamente a la Defensoría, en condiciones indignas para todos”.

Ante ello, fue remitida una nota a las jerarquías correspondientes, dando cuenta que se pasaría a trabajar en condiciones de hacinamiento, sin privacidad alguna “lo que violenta no solamente el ejercicio de nuestra función, sino derechos elementales, como lo es la privacidad de sus consultas…”.

Recuerdan que, en el V Congreso de la Defensa Pública, se habló de la importancia central que tiene este servicio en la defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como de las personas privadas de libertad, “destacándolo como fundamental para el sistema democrático”.

Sí o si

El 17 de enero de este año, la directora Nacional de Defensorías, Silvia Laino, comunicó vía zoom, que la mudanza era un hecho y que se realizó una redistribución del espacio -en el 1er. piso del Centro de Justicia de Maldonado- para poder llevar el plan a la práctica.

De acuerdo a los planos enviados a Maldonado, cinco defensores deberían atender en 3 despachos, y los otros 4 en boxes de 2.60 metros por 1.30 metros a instalarse en el hall del edificio del Centro de Justicia, dividiendo en dos la oficina, resolución que es considerada ilegítima.

Sostienen que atenta contra normas internacionales ratificadas por Uruguay y contra el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional contenido en el Decreto N° 406/988. y que, los cambios “nos perjudican en forma directa y personal en cuanto a la forma de cumplir el trabajo”, lo que repercute en los usuarios.

Los defensores públicos dicen que quienes idearon esta reforma “no solo desconocen total y absolutamente el funcionamiento de un servicio que, de palabra no así en los hechos, resaltan como esencial para la democracia, considerando el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental…”.

Los 4 boxes de la planta baja, serán armados con paneles de yeso en el hall del Centro de Justicia, contra ventanales de vidrio fijos, sin ventilación, sin aire acondicionado y sin baños, lo que no puede “considerarse mínimamente digno para la prestación del servicio y el desempeño de nuestras funciones”.

Advierten que en ese lugar está el lugar de espera de la Clínica Forense, el de la Sala de Audiencias allí existente y el mostrador de atención al público, además del Sistema de Control y acceso de marcas para todas las sedes judiciales ubicadas en el lugar, lo que parece haber sido desconocido.

Finalmente, entienden que los cambios mencionados, “constituyen un verdadero atropello a la Defensoría Pública de Maldonado, a sus profesionales y funcionarias, degradando las condiciones de trabajo de forma inaceptable, al mismo tiempo que se imponen mayores exigencias funcionales”.

En conflicto

En virtud de una serie de problemas -entre otros edilicios- que se atraviesan en distintas partes del país, considerados de suma gravedad, en asamblea la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) se declaró en conflicto y espera respuesta de las autoridades de la SCJ.

En Maldonado, el proceso de cambios implica dejar el histórico edificio San Lázaro y distribuir los juzgados civiles de Familia y Laborales en tres lugares diferentes. En tanto, los juzgados de Paz con sede en calle 25 de Mayo casi Sarandí, son los que se instalarán en el primer piso del Centro de Justicia.