El sábado 8 de octubre del año 2005, el Estado uruguayo recuperó los servicios de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado, que desde el año 2000 habían sido concesionados a la empresa URAGUA (subsidiaria de la española Aguas de Bilbao). Todo el espectro social y político del departamento se movilizaba como pocas veces antes.

A partir de aquel sábado 8 de octubre del año 2005, se comenzaba a transitar hacia el cumplimiento de la Reforma Constitucional que había sido aprobada el 31 de octubre del 2004 con el apoyo del 65% de la ciudadanía. El caso Maldonado era emblemático.

En el marco de un emotivo acto, una nutrida delegación de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), impulsora del plebiscito a través del cual se estableció que la gestión del agua debía estar en manos del Estado, se trasladó a la ciudad de Maldonado.

Junto a cientos de ciudadanos del departamento y actores políticos, los integrantes de la CNDAV estuvieron presentes en lo que fue la re-estatización de la empresa, reafirmando su posición de que todas las corporaciones del agua presentes en el país debían retirarse.

Al este del arroyo de Maldonado, aún permanece privatizado el servicio de agua potable y saneamiento a manos de Aguas de la Costa. Autoridades nacionales presentes durante la firma del Acta de entrega de URAGUA al Estado, aseguraron que con la empresa Aguas de la Costa se negociaba una salida similar.

En el acto de firma del Acta, en la ex-sede de URAGUA, estuvieron el Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de entonces, arquitecto Mariano Arana, y el Directorio OSE, integrado por Carlos Colacce, Fernando Nopistch y Daoiz Uriarte.

También estuvo el Intendente de Maldonado Oscar De los Santos, quien pocos meses antes había asumido el primer gobierno de izquierda en la historia de este departamento, así como varios legisladores oficialistas, entre otros.

Adriana Marquisio, integrante de la CNDAV, aseguraba que, “hoy el gran debate es el poder del capital versus los derechos de los ciudadanos” agregando que la re-estatización del servicio de agua y saneamiento en Maldonado es “el resumen de una gran lucha que dio el pueblo uruguayo”.

Fue una lucha

El acto que se realizó fuera del ex-local de URAGUA (hoy UGD-OSE), contó con la participación de la delegación de la CNDAV y, especialmente de representantes de las diferentes filiales de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) de prácticamente todo el país.

Se entonó el Himno Nacional bajo una mansa llovizna que acompañó todo el acto. Cinco años atrás algunos de esos trabajadores también habían cantado el Himno, pero en un tono de resignación y tristeza, cuando entregaron el servicio estatal a la empresa privada.

El clima del acto fue altamente emotivo. Antes de la parte oratoria, miembros de la CNDAV cubrían el exterior del local con banderas nacionales, estandartes del sindicato y de la propia empresa estatal, al tiempo que se descolgaban los carteles que identificaban a la empresa privada.

La oratoria estuvo a cargo de Carlos Sosa y Pablo Fagúndez, de FFOSE; Luis Puig, del PIT-CNT; Luis García, por la Liga de Fomento de Manantiales; Octavio Silvera de la Comisión en Defensa del Agua de la Costa de Oro y Pando, y María Selva Ortiz de REDES-Amigos de la Tierra.

María Selva Ortíz, expresó que era “un triunfo del pueblo que se organizó y luchó”, agregando que “todas estas corporaciones se tienen que ir del país”. “Que se vaya Aguas de la Costa y que se vayan todas las corporaciones que sólo buscan el lucro con nuestros recursos naturales” sentenció.

Ortiz también subrayó que era el inicio de la aplicación de la Reforma Constitucional a la que consideró “una gran herramienta para evitar la instalación de nuevas corporaciones, como Botnia y Ence”, empresas que finalmente lograrían construir sus plantas de celulosa en Uruguay.

La concesión a la empresa URAGUA funcionaba desde el año 2000, y desde entonces tuvo una serie de inconvenientes. Desde el punto de vista social excluyó a algunos sectores del acceso al agua potable y eliminó canillas públicas en barrios carenciados.

La calidad del servicio se degradó considerablemente con respecto al que prestaba la empresa estatal. Tanto, que en más de una oportunidad los organismos de contralor recomendaron que el agua no se consumiera directamente ya que no presentaba condiciones de potabilidad.

Desde el punto de vista de las obras previstas, la empresa privada incumplió el cronograma pautado y se atrasó en el pago del canon al Estado. El anhelado saneamiento para Maldonado y Punta del Este, tuvo casi imperceptibles avances.

La resolución del directorio de OSE que habilitó la re-estatización del servicio, indicaba que el acuerdo al que llegaron la empresa pública y la privada fue realizado para “evitar juicios eventuales”, por lo que ambas partes renunciaban “a todas las acciones administrativas y judiciales”.

También, que URAGUA S.A. liberaba al Estado uruguayo de toda responsabilidad. A partir de aquel momento, nació una experiencia por el momento única en el país: la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE-Maldonado.

La UGD, una de cuyas caras más visibles fue la del contador Ricardo Alcorta, como director en representación de la Intendencia de Maldonado, realizó una multimillonaria inversión, con recursos propios, y pudo finalmente dotar a Maldonado y Punta del Este, de saneamiento.