Hace una década Uruguay daba un paso fundamental respecto al manejo del aguaHace una década Uruguay daba un paso fundamental respecto al manejo del aguaEl 31 de octubre de 2004, el 64% de los uruguayos se pronunció a favor de la reforma constitucional que otorgó al Estado la responsabilidad exclusiva de la gestión del agua y del saneamiento. Una década después de aquella instancia, OSE celebró un acto para festejarla.

A partir del plebiscito celebrado en 2004, se incorporó a la Constitución de la República el Artículo 47, el cual establece que el agua es un recurso natural esencial para la vida, y que su acceso así como al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales.

También agrega que es competencia del Estado garantizar a la población dichos servicios. La reforma, a la que el 64% de los uruguayos adhirió, posicionó a Uruguay como el primer país en el mundo en declarar como derecho humano fundamental el acceso al agua y al saneamiento.

El Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, subrayó que Uruguay marcó la agenda a nivel internacional, ya que luego de que el país lo incorporó en la Constitución, la ONU “lo reconoció como derecho humano fundamental”.

La implementación de esta reforma generó, además, un cambio radical en el modelo de gestión de OSE (Obras Sanitarias del Estado) quien apostó a la universalización de los servicios. Cabe recordar que un año después, cayó la concesión de Uragua en el departamento de Maldonado.

El presidente de OSE, Milton Machado, señaló que el organismo invirtió más de US$ 100 millones anuales para garantizar el acceso al agua y al saneamiento y que ha llevado adelante programas y políticas en beneficio de todos, incluyendo aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Machado destacó que actualmente el 98% de la población nucleada posee acceso al agua potable y que esto fue posible debido a la implementación de programas como el de abastecimiento a pequeñas localidades y escuelas rurales que desde sus inicios benefició al 70% de la población objetivo.

Por su parte Beltrame reconoció que estos programas de regularización, que requirieron de una coordinación interinstitucional, generaron cambios en la cultura de los ciudadanos y posibilitaron una mayor regularización y la formalización de los servicios.

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