La asamblea de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) celebrada este sábado, dejó latente la posibilidad de decretar el primer paro de jueces de la historia del país, a raíz del conflicto salarial que mantienen con el Poder Ejecutivo.

La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), al tiempo que inauguró este sábado en forma oficial su nueva sede social en Montevideo, celebró una asamblea en la que tomó decisiones históricas para el sector, como consecuencia del dilatado conflicto salarial con el gobierno.

La asamblea, que se extendió por más de cinco horas y de la que participaron 270 magistrados entre presentes y los que lo hicieron mediante poder entregado a otros colegas, habilitó a la Comisión Directiva a adoptar las "medidas gremiales que correspondan, incluyendo las más extremas".

Esto, en caso de que en un plazo de diez días no surjan avances en las reuniones que mantendrán las autoridades del Poder Ejecutivo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a partir de la semana que está comenzando.

La moción aprobada, resultó de la combinación de varias propuestas y mandató a la Comisión Directiva a "adoptar progresivamente" medidas gremiales hasta llegar a un "paro total de actividades", aunque en ese caso se mantendrá una "guardia gremial".

De acuerdo a la decisión de gradualidad de las medidas, antes de que se concrete un paro de actividades, habrá otros dos pasos: se suspenderán las audiencias y se interrumpirá el dictado de decretos en procesos en trámite y la emisión de sentencias.

La gremial, a la que están afiliados 480 de los 500 jueces de todo el país, también definió que si el Poder Ejecutivo no ofrece "un compromiso de pago concreto y razonable", antes del lunes 24, el miércoles 26 de noviembre habrá una "concentración y marcha masiva de magistrados de todo el país”.

"Los jueces estamos convencidos de que así como nosotros aplicamos la ley también queremos que nos apliquen la ley a nosotros y tenemos una ley que nos favorece y dos sentencias de inconstitucionalidad que también lo hacen”, dijo el vicepresidente de la AMU, Marcos Seijas, según consigna El País.

Otra de las medidas aprobadas por la gremial de magistrados, es promover la derogación de las normas que fueron declaradas inconstitucionales, debido a que son las que "han obstaculizado" el cobro de los salarios con el aumento que "legítimamente" le "corresponde" a los magistrados.