*) Ec. Pablo Broder

La realidad argentina, sumergida en una terminal problemática, ha exteriorizado sin embargo, casi con exclusividad, tres juicios de naturaleza muy distinta: el proceso por la muerte violenta de un joven a manos de una banda de rugbiers, condenados ya ejemplarmente, el homicidio de un niño  de cuatro años, cuyas autoras fueron sentenciadas, y finalmente el intento de  juicio político iniciado por parte del oficialismo en la Càmara de Diputados contra la Corte Suprema de Justicia.

Como si evidenciara el desacople creciente que se registra entre la sociedad y la política, los dos primeros han acaparado la atención pública, a juzgar por las mediciones de audiencias, mientras que el pretendido enjuiciamiento a los máximos magistrados del país aparenta no haber  concitado el interés público, a pesar de su gravedad y por las consecuencias institucionales que puede generar.

Tampoco exhiben mayor atención, los piquetes y cortes de rutas vitales, caso el acceso al aeropuerto de Ezeiza, o el bloqueo masivo a la avenida 9 de Julio, que a fuera de reiterados, aparentan haber sido asimilados como normales por la pacífica población de a pie, como una consecuencia ya incorporada, del estado de anarquía en que se encuentra el país.

Por su parte, la inseguridad ha cobrado proporciones endémicas, cuyo símbolo es una situación límite en la provincia de Santa Fe donde el narcotráfico y su violencia se ha enseñoreado de buena parte de su  territorio.

Evidente resulta la intimidación reiterada por los ataques a tiros contra dependencias judiciales y canales de TV y las amenazas contra jueces y periodistas protagonistas de investigaciones relacionadas con el narcotráfico. Todo ello, a pesar de su cotidianeidad, no exhibe, en apariencia, la exteriorización mayoritaria del rechazo por parte de la población -quizás resignada a estas facetas de quiebre de la ley-, o por el reclamo a las autoridades de intentar poner coto a este terrible flagelo.

A su vez poco se ha hablado de una iniciativa exclusivamente electoralista del gobierno de la provincia de Buenos Aires -afortunadamente diferida-, que permitiría a los estudiantes avanzar a pesar de tener materias adeudadas incluso de los primeros tres años del nivel medio, proyecto cuyo objetivo no declarado podría haber sido captar votos de jóvenes mayores de 16 años en el próximo acto electoral, al costo de la pauperización de la educación.

En este contexto, se conoció el índice de inflación de enero, 6%, y el guarismo anual oficial que ya casi exhibe los peligrosos tres dígitos (98,8%).

El país continua así en el círculo vicioso de estancamiento, inflación y pobreza, a pesar de una agobiante publicidad oficial, ya sea de gobiernos nacional, provinciales o comunales, pintando un escenario idílico, alejado de la realidad, y cuyo costo lo pagan los esforzados contribuyentes argentinos.

El próximo gobierno enfrentará grandes costos políticos y sociales. De ser electa la oposición a fines de año, como todo régimen no peronista, podría verse enfrentado con gremios y organizaciones sociales que, ya tradicionalmente sabotearon toda conducción ajena a su identidad política.

Sin embargo, esta crucial temática todavía no está presente con su necesaria intensidad y frecuencia, ya sea en los medios o en el seno de la opinión pública.

Por todo esto, resulta bienvenido el hecho que economistas opositores se hayan expresado sobre  la inviabilidad de las políticas actuales, hablando de una bomba de tiempo que se está incubando aceleradamente con la vigente política económica, por lo cual se hará imprescindible una enérgica reducción del déficit fiscal, hecho que otorga poco espacio para el gradualismo y que habrá que devaluar, una palabra temida en la esfera política y totalmente tabú para el gobierno actual.

Es de esperar que la sufrida población tome conciencia y se exprese en forma pacífica pero sostenida, de estas cuestiones fundamentales, en especial por la preservación del estado de derecho en el país, por el nivel casi terminal de la situación económica, y fundamentalmente, por evitar que la paulatina disolución institucional degenere en procesos otrora experimentados, potencialmente violentos, penosos y extendidos en el tiempo.

*) Es Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, habiendo realizado cursos de especialización en Economía Moderna en la Universidad Federico Santa María (Valparaíso, Chile).

Fue profesor y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires; y profesor (en la carrera de postgrado) y director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de la Cuenca del Plata, Corrientes. Argentina.

Presidió la Fundación de la Facultad de Ciencias Económicas, fue miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, y Secretario General de la Sociedad Internacional para el Desarrollo en Argentina.

Fue Secretario de Programación Económica del “Gabinete de la Oposición” de la Unión Cívica Radical (Comité Nacional). Ha sido el introductor en la Argentina del programa Grameen, siendo a su vez presidente de la Fundación Grameen Argentina y representante honorario para la Argentina y el Paraguay del Profesor Muhammad Yunus, creador del Grameen Bank (el Banco de los Pobres) en el mundo.

Expositor en diversos congresos, nacionales e internacionales, columnista en medios gráficos, radiales y televisivos, es autor de numerosos artículos.

Sus libros: “Fundamentos de la Economía”; “Desarrollo y Estancamiento en el Proceso Económico Argentino”; “La Argentina y el Mundo”; “La convertibilidad en crisis”; “La Argentina de la posconvertibilidad”; “Dos años en la era K”; “Mitos y realidades en la era K” y “El ocaso de la era K”.

Desarrolla su actividad en el ámbito público y privado, como director y asesor de gobiernos locales, empresas e instituciones.