La Jueza de 6° Turno de Maldonado no hizo lugar al reclamo de acceso a la información formulado por el edil (s) frenteamplista Joaquín Garlo, respecto a la compra realizada por la Intendencia de Maldonado de todo el sistema de video vigilancia a un costo de US$ 20 millones.

La Justicia amparó a la Intendencia de Maldonado a preservar datos sobre la compra del sistema de video vigilancia para el departamento, luego del reclamo formulado por el edil frenteamplista (s) Rafael Garlo, amparado en el derecho de acceso a la información.

La Jueza de 6° Turno, doctora María Constanza Farfalla, respaldó la postura de la administración departamental, que se amparó en lo previsto en el Artículo 33 Literal C, Numeral 8º del TOCAF, para realizar el contrato en forma directa para la compra de 1.200 cámaras de video vigilancia y el software de control.

La IDM estableció la necesidad de que la operación con una firma israelí se mantuviera en reserva, al estar involucrada la seguridad pública, por lo que tratándose de instrumentos adquiridos para el combate del delito, “la difusión pública de sus fortalezas podría frustrar la eficacia de la tarea”.

La magistrada entendió también que en los sucesivos dictámenes en los que se pronunció el Tribunal de Cuentas de la República, respecto de la mencionada contratación, “no cuestionó la calificación de secreta de la operación” por las razones esgrimidas anteriormente.

Sostuvo además, “que se debe tener presente que la Ley Cristal o de Anticorrupción, prescribe que los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública, que por su naturaleza deban permanecer reservados o secretos no pueden ser divulgados libremente”.

Todo el sistema adquirido, controlado ahora por el Ministerio del Interior a través del Centro de Monitoreo de la Policía de Maldonado, contiene analítica y un software de avanzada único, cuyo detalle no debe divulgarse para el mejor éxito del programa denominado “Maldonado Seguro”.

En su fase previa, el programa fue aprobado por los ministerios del Interior y de Defensa Nacional “en cuanto a calidad, monto y forma, ya que participaron enteramente en su elección y diseño”, sostiene la administración departamental que se hizo cargo de todos los costos.

La Jueza Farfalla, coincidió en su fallo en que la divulgación de esa información va en contra del combate al delito, y que inhibiría la eficacia de todo el sistema. Esta noche, la administración remarcó que no se trata del único contrato secreto o confidencial dentro del Estado.

Sin embargo, la Jueza aclaró que no se aceptó la clausula de confidencialidad esgrimida por la comuna, pero si la calificación de “reservada”. De todos modos es probable que el dictamen sea elevado a un Tribunal de Apelaciones dentro de los 3 días previstos por la ley.