La Jueza de Concurso, doctora Susana Moll, decretó la liquidación de Cambio Nelson (Camvirey S.A.), y los bienes tasados en 590.928 unidades indexadas, se repartirán entre los pocos acreedores que pudieron acreditar los montos adeudados por Francisco Sanabria Barrios. Los únicos que fueron reconocidos por el síndico, son varios organismos del Estado y tres empresas privadas.

Un núcleo de trabajadores de Camvirey S.A. y centenares de depositantes informales de Cambio Nelson, no fueron reconocidos por el síndico por no contar con documentación que los respalde, aunque 37 acreedores impugnaron y reclaman ser tenidos en cuenta.

La Jueza de Concurso, doctora Susana Moll, dispuso la liquidación de la empresa originaria de Maldonado, en virtud de que Cambio Nelson ya no cuenta con la habilitación del Banco Central del Uruguay (BCU) para operar y no podrá seguir operando en el mercado.

Junta de Acreedores prevista para este martes por el caso de las sociedades Paula Sanabria y otros, y Sucesores de Wilson Sanabria, en donde Francisco Sanabria es propietario de una tercera parte de todas ellas, se suspendió luego de que se presentara un convenio de acuerdo.

La propuesta que se presentó en la pasada jornada, contiene el acuerdo para el pago de la totalidad de la deuda en seis cuotas trimestrales, que se empezarán a abonar dentro de seis meses. En el caso de estos dos expedientes, los acreedores son principalmente entidades bancarias.

Cabe recordar que, el pedido de concurso necesario fue presentado el 6 de abril, un día después de que la misma Jueza rechazara los tres expedientes de concurso voluntario presentados por Sanabria a comienzos de marzo, aduciendo fallas en el trámite.

En aquella oportunidad, el empresario y político hoy encarcelado, reconoció una deuda de US$ 8,7 millones relacionada con Cambio Nelson, y de más de US$ 10 millones en las otras empresas de la familia (un tambo y una empresa de alquiler de autos y organización de eventos).

El avance

A mediados de agosto, el síndico nombrado por el Juzgado de Concursos que entiende en el caso Cambio Nelson, no reconoció depósitos realizados por 100 acreedores, y solo dio curso a reclamos de la transportista Cot, la empresa Fivisa, supermercados Ta-Ta y algunos organismos del Estado.

En el expediente de Cambio Nelson había unos 2.000 acreedores. La deuda total de la empresa rondaba los US$ 20 millones, según estimaciones judiciales. Al concurso se presentaron 100 acreedores, quienes reclamaron por montos que oscilaban entre los US$ 100.000 y los US$ 800.000.

Muchos no se presentaron porque sus depósitos eran muy bajos y les resultaba más costoso contratar a un profesional. Otros no deseaban que sus nombres se hicieran públicos y por ello no realizaron reclamos en la Justicia de Concursos, dijo una fuente judicial consultada por El País.

Detalles

La DGI tiene un crédito de "privilegio especial" de $ 1.084.115 y como crédito subordinado otros $ 183.545. El organismo reclama un total de $ 1.267.660. Calificada como "créditos quirografarios con derecho a voto", fue verificada la deuda exigida por Antel por $ 788.971.

Por su parte, el Banco de Seguros reclamó un crédito de $ 67.512. A esta suma se llega por el no pago de pólizas de accidentes de trabajo y de individuales, y por multas aplicadas en los seguros de accidente de trabajo. UTE, en tanto, reclamó la suma de $ 221.005 por facturas impagas.

Con respecto a las deudas con privados, se encuentra el crédito de la firma COT por $ 500.026. El monto reclamado por esta empresa, que realizó servicios de transporte y envíos de encomiendas para Cambio Nelson, fue homologado por el síndico.

Además, la empresa de venta de artículos eléctricos Fivisa reclamó $ 21.137,25 por facturas impagas por Cambio Nelson. En tanto que, la cadena de supermercados Ta-Ta reclamó un crédito por alquileres adeudados de $ 481.384 y US$ 6.000 de multas.

El síndico no reclamó US$ 250.000 depositados en el Juzgado Penal de 10º turno de Maldonado. Francisco Sanabria, entregó esa suma en un bolso Louis Vuitton a un colaborador que lo trasladó al aeropuerto internacional de Carrasco para abordar el avión que lo llevó a Estados Unidos.

En el mismo bolso había una serie de cheques que también se encuentran depositados en la sede judicial, los que vencieron sin poder ser cobrados; solo podrán ser cancelados mediante un juicio. En consecuencia, los libradores de estos documentos no hicieron frente a sus obligaciones.