La Jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, doctora Beatriz Larrieu, dejó sin efecto el pedido de la Fiscalía que solicitaba el procesamiento de una escribana que prestó sus servicios a la pareja mexicana que fue procesada en nuestro país en abril de 2016 por lavado de activos. Por aquel caso, fueron imputadas 6 personas.

En el marco de las investigaciones tras los procesamientos del integrante del cartel mexicano “Los Cuinis”, Gerardo González Valencia, su esposa, el suegro del primero, un matrimonio que trabajaba en su propiedad de Punta del Este y un hombre de Piriápolis, se encargaron otras actuaciones.

La Fiscalía solicitó la indagatoria de un agente inmobiliario y la escribana de particular confianza de la pareja extranjera, identificada por las iniciales G.G., para la que se había solicitado el procesamiento sin prisión por un delito de asistencia al lavado de activos y un embargo genérico por un monto de US$ 200.000.

Según surge del expediente, la profesional participó durante 4 años en distintas “operaciones inmobiliarias, transferencias de acciones societarias y compraventas de vehículos en las que figuraban como compradores o participantes algunos de los procesados en la causa”.

Asimismo, G.G. ofició como escribana de confianza de la pareja de mexicanos, en la constitución de una serie de sociedades anónimas panameñas y en la realización de certificaciones, protocolizaciones y autenticaciones en la compra de distintos bienes en Uruguay.

En su resolución, la Jueza sostuvo que, cuando los escribanos actúan dentro de los marcos legales, “cumpliendo la legislación nacional, la normativa del Reglamento Notarial y las reglamentaciones administrativas -especialmente en relación a la prevención de lavado de activos- no es en principio punible”.

La doctora Beatriz Larrieu agregó que, “la sanción penal exige dolo -conciencia y voluntad de intervenir en una escritura fraudulenta- o cuando menos dolo eventual determinado por la existencia de serias sospechas de la ilicitud”, lo que no se habría configurado para la escribana G.G.

En tal sentido, la magistrada consideró que no existieron elementos de convicción suficientes para someter a la profesional a un proceso penal. Además, agregó que cumplió sus obligaciones de realizar los controles pertinentes previo al otorgamiento de la primera escritura (organizaciones internacionales, el BCU y otros).

Larga historia

El domingo 24 de abril de 2016 se produjo el sexto y último procesamiento con prisión, en el marco de la operación contra el lavado de activos procedentes del narcotráfico, más importante realizada en Uruguay, que terminó con la caída de uno de los capos del cartel mexicano “Los Cuinis”.

La Jueza Adriana De los Santos había enviado a prisión a un hermano del líder del cartel mexicano “Los Cuinis” y a su suegro, así como a un matrimonio de caseros del chalet adquirido por los extranjeros en Punta del Este, y a un hombre de Piriápolis que participó de algunas transacciones.

Se trataba de Gerardo González Valencia, hermano de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, líder del cartel considerado más poderoso incluso que el de Sinaloa liderado por el “Chapo” Guzmán, ya que domina prácticamente todo el mercado europeo y asiático de las drogas.

Junto con González Valencia, fue enviado a prisión su suegro, identificado como H.A.P., también de nacionalidad mexicana. Ambos fueron encontrados responsables de la comisión de un delito de lavado de activos, en este caso presuntamente provenientes del narcotráfico.

Asimismo, fue enviado a prisión el intermediario de algunos negocios del mexicano, un hombre de Piriápolis identificado como P.G.; así como el matrimonio de jardineros de Punta del Este, integrado por L.L.F. y J.P.L.. Los tres fueron imputados como autores de un delito de asistencia al lavado de activos.

Finalmente, la mujer de González Valencia, W.A.A.A. de nacionalidad mexicana, fue detenida por personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), quedando inmediatamente a disposición del Juzgado Especializado en Crimen Organizado.

La mexicana, que tiempo antes había viajado al exterior desde Uruguay, retornó en la tarde del sábado 23 de abril de 2016 a nuestro país, acompañada por una tía. Al ser detenida dijo que había retornado para llevar a sus tres hijos menores a la ciudad de Guadalajara, México, donde reside.

Durante el interrogatorio, alegó ignorar o no recordar extremos importantes de la investigación, afirmando que se fue a Guadalajara en virtud de que se encontraba solucionando temas jurídicos personales en dicha ciudad, razón por la cual dejó a sus hijos con el padre, en Uruguay.

Empero, la fiscalía entendió que surgían elementos “de convicción suficientes para responsabilizar penalmente prima facie y sin perjuicio”, y para solicitar el procesamiento y prisión de W.D.A.A., como autora responsable de la comisión de delito de asistencia al lavado de activos.

Tapados en punta

Gerardo González Valencia y su esposa W.D.A.A., estaban radicados en Punta del Este desde el año 2011 junto con 3 hijos menores de edad. La familia era visitada frecuentemente por los abuelos maternos de los chicos (también mexicanos). El padre de la mujer está requerido por Estados Unidos.

Fue por ello que, en acuerdo con la Jueza en Crimen Organizado Adriana De los Santos, la DGRTID decidió evitar una eventual fuga de Gerardo González Valencia, acompañado por su suegro y los hijos, ya que su esposa había viajado al exterior cuando se desató el procedimiento.

La publicación de los "Panama Papers" llevó a que la jueza y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, aceleraran la operación para detener al mexicano y otra serie de personas vinculadas a él, antes que abandonara el país. Todos eran vigilados desde hacía al menos un año.

La esposa del narco estaba vinculada a 3 sociedades: era única dueña de Montella Global S.A., constituida en Panamá el 20 de febrero del año 2012; en Tossa del Mar S.A. figuraba como director R.A.P, y como apoderada W.D.A.A.; en Dalaithy S.A., creada el 29 de julio de 2011, la mujer figuraba como directora.

La Fiscal de la causa, doctora María de los Ángeles Camiño Moreno, sostuvo que el matrimonio mexicano estaría vinculado “al Narcotráfico revistiendo sus fondos el carácter de sospechosos, por apoyar los servicios financieros de la Organización de Narcos llamados ´Los Cuinis´…”.

Inversores

Gerardo González Valencia, es uno de los 5 hermanos de Abigael, líder del cartel “Los Cuinis”, también vinculado al llamado “Jalisco Nueva Generación”. Una de las modalidades para blanquear dinero es la creación de sociedades anónimas, en este caso panameñas, adquiridas al Estudio Mossack & Fonseca.

A nombre de algunas de las sociedades en las que figura como titular, directora o apoderada la esposa de Gerardo González Valencia, aparecían diferentes bienes de alto valor, como un chalet en Punta del Este, el cual fue comprado en el año 2012 en U$S 2 millones, y varios automóviles de alta gama.

Entre los coches figuraban un Audi Q7 TFSI del año 2012, valuado en U$S 130.000; otro Audi A 4, una camioneta Volkswagen Saveiro y una camioneta Land Rover”. Asimismo, mediante las mismas sociedades se compraron tres solares en la zona de Punta Ballena, en la cifra de U$S 550.000.

En las transacciones de compra-venta de los solares, intervino un conocido agente inmobiliario de Punta del Este, que integraba la sociedad Tossa de Mar S.A. También intervino y utilizaba el dinero H.A.P., el suegro de González Valencia, quien se encontraba desde hacía algunos meses en Uruguay.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores y que fue expuesto por la Fiscal de la causa, es que a ninguno de estos dos mexicanos se le pudo conocer actividad laboral alguna, a pesar del altísimo nivel de vida que llevaron desde que se establecieron en Uruguay.

Además de comprar a nombre de sociedades anónimas, usaban a otras personas para poner los vehículos a su nombre. Por ejemplo, el caso de los jardineros que además hacían tareas de mantenimiento y domésticas, quienes tenían a su nombre algunos de los vehículos de los mexicanos.

El matrimonio encargado del mantenimiento de la propiedad de Punta del Este, integrado por J.P.L. y L.L.F, estaba viviendo en un chalet y figuraba como propietario de parte de los vehículos mencionados, los que vendieron entre los años 2013 y 2014 en favor de la sociedad Dalaithy S.A.

La ostentación del matrimonio mexicano era tal, que sus tres hijos asistieron primeramente al colegio S.C. de Punta del Este -uno de los más afamados del balneario-, y a partir de 2016, a la S.I de Montevideo. Allí abonaban $ 45.000 por mes por los niños.

Como la esposa de Gerardo González Valencia se había ido hacía poco tiempo a México, el narco decidió vivir en Montevideo, para evitar el viaje diario de los tres niños desde Punta del Este para asistir a la S.I. Para ello optó por alquilar un apartamento en la zona de Carrasco.

Allí surgió que un hombre de Piriápolis, identificado como P.G., recibía dinero del mexicano, el que cambiaba indistintamente a dólares o pesos para lograr una garantía para el alquiler del apartamento de Carrasco. También intervino en la compraventa de los solares de Punta Ballena.

A pesar de haber intervenido en el negocio de esos terrenos, P.G. no obtuvo los beneficios esperados porque no logró su venta. En tanto, por el trámite de garantía del arrendamiento del apartamento de Carrasco, tuvo en su poder la suma de U$S 40.000, cuya mitad después le entregó a la esposa del mexicano.

Durante las actuaciones policiales, se incautaron al momento de un allanamiento, $ 300.000 y U$S 5.000, ya que los U$S 8.000 restantes P.G. dijo haberlos “dejado” en un conocido cambio de Piriápolis, cuyos titulares lo negaron rotundamente y exhibieron documentación.

En el momento de desatarse el operativo, “El Cuini”, su suegro y los tres hijos menores del primero, se estaban alojando en un hotel de Montevideo, donde fueron detenidos por la Policía. La esposa del narco fue detenida posteriormente en el aeropuerto internacional de Carrasco.