Un Tribunal de Apelaciones confirmó la extradición a Estados Unidos del mexicano Gerardo González Valencia, en prisión desde el año 2016 imputado por el delito de lavado de activos comprobado en Uruguay. Acusado de ser un "Cuini", está recluido en sede de la Guardia Republicana con medidas de máxima seguridad.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno, emitió sentencia el 2 de octubre y la notificó el viernes 26, según se pudo saber en las últimas horas. La defensa tiene plazo hasta el lunes 8 de noviembre para llevar la causa hasta la Suprema Corte de Justicia, última instancia que prevé el sistema.
Actualmente las abogadas de González Valencia son Gabriela Gómez y Ana Audiffred, dos profesionales del departamento de Maldonado. Cabe recordar que, en primera instancia, la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu había resuelto la extradición, pero el fallo fue apelado por la asesoría jurídica del recluso.
No es negocio
De acuerdo con informes conocidos cuando se divulgó en distintos países su detención en Uruguay, la familia Valencia tenía cultivos de palta en los años 70, pero en los 90 decidió comenzar a cultivar marihuana a gran escala, por ser un negocio más rentable.
El patriarca de la familia, Armando Valencia Cornelio, "El Maradona", fue quien fundó la organización conocida como Cártel del Milenio. Pero el acoso de Los Zetas, una organización con una gran estructura militar los obligó a replegarse y a salir de Michoacán, su el territorio original.
Tapados en punta
Gerardo González Valencia y su esposa W.D.A.A., estaban radicados en Punta del Este desde el año 2011 junto con 3 hijos menores de edad. La familia era visitada frecuentemente por los abuelos maternos de los chicos (también mexicanos). El padre de la mujer estaba requerido por Estados Unidos.
Fue por ello por lo que, en acuerdo con la Jueza en Crimen Organizado Adriana De los Santos, la DGRTID decidió evitar una eventual fuga de Gerardo González Valencia, acompañado por su suegro y los hijos, ya que su esposa había viajado al exterior cuando se desató el procedimiento.
La publicación de los "Panama Papers" llevó a que la jueza y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, aceleraran la operación para detener al mexicano y otra serie de personas vinculadas a él, antes que abandonara el país. Todos eran vigilados desde hacía al menos un año.
La esposa del narco estaba vinculada a 3 sociedades: era única dueña de Montella Global S.A., constituida en Panamá el 20 de febrero del año 2012; en Tossa del Mar S.A. figuraba como director R.A.P, y como apoderada W.D.A.A.; en Dalaithy S.A., creada el 29 de julio de 2011, la mujer figuraba como directora.
La Fiscal de la causa, doctora María de los Ángeles Camiño Moreno, sostuvo que el matrimonio mexicano estaría vinculado “al Narcotráfico revistiendo sus fondos el carácter de sospechosos, por apoyar los servicios financieros de la Organización de Narcos llamados ´Los Cuinis´…”.
Inversores
Gerardo González Valencia, es uno de los 5 hermanos de Abigael, líder del cartel “Los Cuinis”, también vinculado al llamado “Jalisco Nueva Generación”. Una de las modalidades para blanquear dinero es la creación de sociedades anónimas, en este caso panameñas, adquiridas al Estudio Mossack & Fonseca.
A nombre de algunas de las sociedades en las que figuraba como titular, directora o apoderada la esposa de Gerardo González Valencia, aparecían diferentes bienes de alto valor, como un chalé en Punta del Este, el cual fue comprado en el año 2012 en U$S 2 millones, y varios automóviles de alta gama.
Entre los coches figuraban un Audi Q7 TFSI del año 2012, valuado en U$S 130.000; otro Audi A 4, una camioneta Volkswagen Saveiro y una camioneta Land Rover”. Asimismo, mediante las mismas sociedades se compraron tres solares en la zona de Punta Ballena, en la cifra de U$S 550.000.
En las transacciones de compraventa de los solares, intervino un conocido agente inmobiliario de Punta del Este, que integraba la sociedad Tossa de Mar S.A. También intervino y utilizaba el dinero H.A.P., el suegro de González Valencia, quien se encontraba desde hacía algunos meses en Uruguay.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores y que fue expuesto por la Fiscal de la causa, es que a ninguno de estos dos mexicanos se le pudo conocer actividad laboral alguna, a pesar del altísimo nivel de vida que llevaron desde que se establecieron en Uruguay.
Además de comprar a nombre de sociedades anónimas, usaban a otras personas para poner los vehículos a su nombre. Por ejemplo, el caso de los jardineros que además hacían tareas de mantenimiento y domésticas, quienes tenían a su nombre algunos de los vehículos de los mexicanos.
El matrimonio encargado del mantenimiento de la propiedad de Punta del Este, integrado por J.P.L. y L.L.F, estaba viviendo en un chalé y figuraba como propietario de parte de los vehículos mencionados, los que vendieron entre los años 2013 y 2014 en favor de la sociedad Dalaithy S.A.
La ostentación del matrimonio mexicano era tal, que sus tres hijos asistieron primeramente al colegio S.C. de Punta del Este -uno de los más afamados del balneario-, y a partir de 2016, a la S.I de Montevideo. Allí abonaban $ 45.000 por mes por los niños.
Como la esposa de Gerardo González Valencia se había ido hacía poco tiempo a México, el narco decidió vivir en Montevideo, para evitar el viaje diario de los tres niños desde Punta del Este para asistir a la S.I. Para ello optó por alquilar un apartamento en la zona de Carrasco.
Allí surgió que un hombre de Piriápolis, identificado como P.G., recibía dinero del mexicano, el que cambiaba indistintamente a dólares o pesos para lograr una garantía para el alquiler del apartamento de Carrasco. También intervino en la compraventa de los solares de Punta Ballena.
A pesar de haber intervenido en el negocio de esos terrenos, P.G. no obtuvo los beneficios esperados porque no logró su venta. En tanto, por el trámite de garantía del arrendamiento del apartamento de Carrasco, tuvo en su poder la suma de U$S 40.000, cuya mitad después le entregó a la esposa del mexicano.
Durante las actuaciones policiales, se incautaron al momento de un allanamiento, $ 300.000 y U$S 5.000, ya que los U$S 8.000 restantes P.G. dijo haberlos “dejado” en un conocido cambio de Piriápolis, cuyos titulares lo negaron rotundamente y exhibieron documentación.
En el momento de desatarse el operativo, “El Cuini”, su suegro y los tres hijos menores del primero, se estaban alojando en un hotel de Montevideo, donde fueron detenidos por la Policía. La esposa del narco fue detenida posteriormente en el aeropuerto internacional de Carrasco.