El edil y presidente del Partido Nacional de Maldonado, declaró este jueves en el Juzgado de Crimen Organizado que entiende en la denuncia por presunta defraudación fiscal, llevada adelante por la DGI. Entre este viernes y el lunes de la semana próxima declararán otras 6 personas.

La investigación del organismo recaudador, iniciada en 2014, está vinculada a la venta de terrenos del fraccionamiento Valle di Saronno, en el barrio Lausana de la ciudad de Maldonado. La comercialización de los predios del fraccionamiento era realizada por Blás Propiedades.

El 6 de julio de 2018, la DGI en el Acta final de determinación, estableció que Rodrigo Blás es “responsable solidaria e ilimitadamente por el Irae e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación” por $ 57.556.444.

La entonces abogada de Rodrigo Blás, Susana Soto, dijo que la inmobiliaria quedó totalmente desligada de la investigación llevada adelante por la DGI, que sí continuó en torno a Javipark S.A., que tuvo la voluntad de pago en varias oportunidades, aunque por razones que se desconocen la DGI “no le hizo lugar”.

La doctora Soto, aseguró a MaldonadoNoticias que al margen de las multas que se pretendían aplicar, el proceso “está plagado de irregularidades” porque no se respetaron las garantías del debido proceso; en tanto Rodrigo Blás, aseguró que la DGI “trata de imponer” las sanciones económicas mencionadas.

Este jueves 21 de marzo, el edil y presidente del Partido Nacional de Maldonado, declaró ante la Justicia. El abogado de Blas, Raúl Moller, dijo que entre el viernes y el lunes declararán otras seis personas que intervinieron en los negocios inmobiliarios, y que todas lo harán en calidad de indagadas.

“Lo que la DGI interpreta como defraudación, tanto la sociedad como los que intervinieron en el asunto, se entiende que fueron otras las dificultades que llevaron a hacer esos acuerdos, que la DGI entiende son defraudatorios”, declaró a Subrayado el doctor Raúl Moller a la salida del juzgado.

La investigación

Según uno de los informes de Brecha, de agosto del año pasado, la multa por defraudación equivale a cuatro veces el monto de los tributos defraudados, y que en esta causa también tendría que responder el empresario argentino Oscar Andorno, quien figura como responsable de Javipark S.A..

Agregaba el informe que, la DGI entiende que tres escribanos que trabajaban para Blás y otras dos personas, tuvieron una “participación indispensable en el acto fraudulento” y deberían responder personalmente con multas de $ 7.337.964, $ 24.736.123 y $ 5.131.896, respectivamente.

También consideró que la participación del edil, Darwin Correa, responsable de la casa central de Blás Propiedades, fue “indispensable” para cometer la maniobra fraudulenta. Una imputación similar se aplicó a la esposa de Blás. Ambos deberían pagar $ 14.389.110 de multa.

En la investigación se confirmó que Javipark S.A. utilizó la inmobiliaria de Rodrigo Blás para vender los inmuebles, emitiendo primero un boleto de reserva en el que figuraba el precio verdadero pactado entre las partes y por el que el comprador abonaba una seña.

Cuando se otorgaba la escritura de compraventa se integraba solo parte del precio, de manera que, “el ingreso o renta bruta consignado documentalmente era significativamente menor al realmente devengado y, por ende, también eran considerablemente menores las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta”.