La fiscal de Cerro Largo, Sabrina Flores, pidió al juez Javier Gandini que vuelva a disponer la remisión a la cárcel de Javier Moya (75), por la gravedad del delito cometido y por el peligro inminente que se vaya del país. El acusado de explotar sexualmente a una adolecente de 15 años, oriunda de Melo, está en libertad desde mediados de 2014.

En junio del año pasado, el Tribunal de Apelaciones Penal de 2º Turno había revocado el procesamiento de Javier Moya y dispuso su liberación. A fines de mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia hizo lugar a un recurso de casación presentado por la fiscalía y dejó sin efecto el fallo absolutorio.

Ante la resolución del máximo organismo judicial, la fiscal Sabrina Flores, pidió al Juez Letrado de 1er turno de Cerro Lardo, Javier Gandini que disponga nuevamente la reclusión de Pedro Javier Moya Fernández, quien se encuentra gozando de libertad desde mediados del año pasado.

La fiscal Flores, sostiene que el delito cometido por Moya (Artículo 4 de la ley 17.815), prevé una pena de 2 a 12 años de penitenciaría, por lo cual “el mismo se torna inexcarcelable en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la Constitución”, salvo casos excepcionales.

Una de las excepciones, puede ser “cuando se ha vulnerado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, excepción no aplicable a la situación” de Javier Moya, por lo que en este caso no se admite “que el imputado aguarde la sentencia en libertad”.

Por otra parte, la representante del Ministerio Público entiende necesaria la prisión preventiva, “como medida cautelar tendiente a evitar que el imputado impida el desarrollo eficiente de las investigaciones o intente eludir la acción de la justicia a la luz del caso concreto”.

Recuerda que las actuaciones para ahondar en el caso, se suspendieron debido a la decisión del Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno. “… que el encausado se encuentre en libertad sin duda significa un peligro inminente y real de que pueda llegar a frustrar prueba pendiente por diligenciarse”, sostiene la fiscal.

“También debemos tener en cuenta la situación personal y económica del encausado, a saber, una persona de 75 años, profesor de antropología, empresario y propietario de reconocido Hotel en la Barra de Maldonado, español, para poder afirmar que el peligro de que el mismo se ausente del país es real e inminente”, advierte Sabrina Flores.

Fuerte impacto

Cabe recordar que, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno (TAP) revocó el procesamiento con prisión de Javier Moya, que había sido imputado por un delito de "retribución (...) a personas menores de edad (...) para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo".

El procesamiento había sido dispuesto por el Juez Letrado de 1ª Instancia de Cerro Largo de 1er. turno el 31 de diciembre de 2013, y revocado por dos de tres ministros del TAP a comienzos de junio de 2014, lo que generó fuertes reacciones de rechazo, incluso en organizaciones de derechos humanos.

El empresario, reconoció en su declaración que efectivamente tuvo relaciones con la menor en una oportunidad, cuando le pagó pasajes de ida y vuelta, a ella y a su amiga, aunque siempre quedó flotando la sospecha de que las relaciones puedan haber sido más.

El septuagenario, a partir de ese primer encuentro con la menor, realizó varios giros de dinero a terceras personas, involucradas en el mismo caso, con el pretexto de querer ayudarla económicamente para superar sus carencias; la investigación llegó solo hasta ahí.

Eran más

Por otra parte, cabe recordar que, la justicia de Cerro Largo procesó tiempo después -el martes 17 de junio del año pasado- a los padres de la adolescente. Los primeros procesamientos habían surgido el 31 de diciembre de 2013, incluyendo el de Moya.

Casi 6 meses después, los progenitores fueron procesados por incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad y contribuir con la explotación sexual infantil, según estableció el juez penal de 1er. Turno de la ciudad de Melo, Javier Gandini, quien continuó investigando el intrincado caso.

El padre, estaba sindicado no solo como responsable de prostituir a su propia hija, de solamente 15 años, sino de impulsarla al consumo de pasta base, droga de la que ella misma había confesado ser adicta durante la investigación de los hechos descubiertos.