El joven de 24 años de edad, fue asesinado a balazos por la espalda hace poco más de 5 años en la ciudad de Piriápolis, por un efectivo policial de la seccional 11ª, tras una persecución que se inició a raíz de picadas en la rambla. El doctor Rafael Barla, confirmó que en primera instancia la justicia determinó que el Estado debe indemnizar a la familia con US$ 300.000.

Maikel Sebastián Mariño Olivera (24), conducía su camioneta VW Saveiro la noche del sábado 18 de setiembre de 2010 por la rambla de Piriápolis, donde estaría realizando picadas. Personal policial intentó detenerlo pero se dio a la fuga por distintas calles, lo que desató una persecución.

Finalmente fue acorralado en la calle Ellauri casi Misiones, donde un Policía le efectuó cinco disparos a la parte trasera de la camioneta, cuatro de los cuales dieron en el cuerpo de Maikel. Luego y en complicidad con otros tres policías, el asesino alteró la escena del crimen.

No solo “plantaron” un arma que el joven nunca tuvo en el interior de su camioneta, sino que adujeron que se había resistido y escondieron lo que había ocurrido por varias horas antes de dar cuenta a los superiores que se encontraban de guardia en la comisaría de Piriápolis.

Independientemente de que la justicia procesó con prisión al Policía asesino y a otros tres efectivos que participaron en el hecho, la familia de Maikel Mariño inició un juicio contra el Estado, el que, poco más de cinco años después es favorable a la familia en primera instancia.

Así lo confirmó el abogado patrocinador de los padres del joven, doctor Rafael Barla, quien explicó que el Estado está obligado a indemnizar a la familia con US$ 300.000, aunque en este momento está mediando una apelación presentada por el Ministerio del Interior.

Cuatro procesados

El 20 de setiembre de 2010, la justicia de Maldonado se expidió procesando con prisión a un policía por "homicidio", y a otros tres por "encubrimiento". El joven que por entonces tenía 24 años de edad, fue ultimado de cuatro balazos la madrugada del domingo 19 del mismo mes.

El Juez Penal de 4° Turno, doctor Gabriel Ohanián, decidió que el efectivo que disparó 5 veces contra la camioneta, impactando 4 proyectiles de una pistola 9 mm en su cuerpo, fuera procesado por “homicidio”, y sus otros tres compañeros imputados del delito de “encubrimiento”.

El autor de los disparos con su arma de reglamento, fue M.A.M.V., en tanto los otros tres policías que participaron en la persecución y luego se prestaron a alterar la escena y a armar la estrategia de defensa propia, fueron D.M.R., W.C.R. y M.N.B.S. Actualmente, todos están en libertad.

Durante la tensa instancia judicial, se confirmó plenamente que la víctima no tenía ningún tipo de arma dentro de la camioneta, uno de los elementos que los involucrados trataron de introducir para justificar la mortal agresión y por la espalda, cuando la camioneta estaba prácticamente detenida.

Los hechos que culminaron con el asesinato de Maikel se iniciaron en el entorno de la hora 0.00 del domingo 19 de setiembre de 2010 en plena rambla de los Argentinos, sin embargo, recién varias horas después sus amigos y familiares supieron lo que realmente había ocurrido.

La primera información fue que había sufrido un accidente en la calle Misiones, pero la mentira se desmoronó cuando llegó a la comisaría de Piriápolis la camioneta Saveiro, conducida por un Policía y presentando 4 impactos de bala sobre la caja y un quinto en el vidrio trasero.

Eso ocurría pocos minutos después de las 4.00 de la madrugada de aquel domingo, es decir varias horas más tarde de sucedido el hecho, por lo cual la versión de que el joven había sido trasladado rápidamente a una policlínica de la zona tampoco se ajustaba a la realidad.

Todo para perder

Cuando se produjo aquel crimen, de gran impacto en toda la sociedad y fundamentalmente en Maldonado, el entonces director Nacional de Policía, Julio Guarteche, había reconocido que la reacción policial “fue desproporcionada” durante el procedimiento de persecución.

Las autoridades del Ministerio del Interior, reconocieron que “el desborde” no podía ser justificado de ninguna forma, y que no se pudo establecer relación alguna entre la acción del fallecido y la reacción del Policía que extrajo su pistola 9m.m. y le descerrajó cinco disparos.

Guarteche consideró que había “muchísimas otras formas” para disuadir al conductor de la camioneta VW Sabeiro que no acató una orden de detención, e incluso que “no había ninguna necesidad de llegar a la persecución”, que se registró posteriormente.