El Ministerio del Interior confirmó que el sistema de intervención telefónica denominado “El Guardián”, no fue utilizado para la captura de Gerardo González Valencia, su esposa Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, el padre de ésta y otros tres uruguayos vinculados al cártel mexicano Los Cuinis.

El Ministerio del Interior, confirmó que “El Guardián” no fue utilizado para las tareas de inteligencia que terminaron con la captura de uno de los capos del cártel Los Cuinis, Gerardo González Valencia, quien se había radicado años atrás en Punta del Este aunque fue atrapado en Montevideo.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia asegura que todas las escuchas realizadas por efectivos de la DGRTID fueron autorizadas por el Juez en Crimen Organizado, doctor Néstor Valetti, y que ningún medio probatorio fue impugnado durante la investigación.

El comunicado de prensa difundido por la Unidad de Comunicación (Unicom) del Ministerio del Interior, subraya que las actuaciones policiales -que en realidad se iniciaron más de un año atrás- fueron conformes a la ley y a las indicaciones de las autoridades judiciales competentes.

“El Sistema Guardián no fue utilizado en el desarrollo de esta investigación, realizándose las interceptaciones legales dispuestas por la Justicia competente por el sistema antiguo, existiendo la documentación correspondiente y los soportes informáticos que lo demuestran”, dice el comunicado.

El procedimiento de traspaso de todas las investigaciones que utilizan la herramienta de interceptación conocida como “El Guardián”, comenzó el 2 de mayo y requerirá un plazo para su implementación total, que incluye la instalación del software de la llave digital que autoriza las investigaciones.

Todos a la cárcel

A fines de abril, la Jueza en Crimen Organizado de 2° Turno, doctora Adriana de los Santos, procesó al matrimonio mexicano, además del padre de la mujer (también mexicano), el matrimonio de caseros del chalet “Quincho Grande”, y un individuo de Piriápolis que “lavaba” parte del dinero del narco.

Iniciada en 2015, la investigación incluyó vigilancia electrónica, filmaciones, seguimientos y declaraciones de indagados y testigos, surgiendo que la pareja había vivido anteriormente en Buenos Aires, aunque esporádicamente ya viajaba al principal balneario uruguayo donde finalmente se radicara entre 2011 y 2012.

Además de Gerardo González Valencia, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo y los 3 hijos del matrimonio, vinieron a Uruguay las niñeras mexicanas y los abuelos maternos, quienes desde entonces permanecieron durante varios meses en nuestro país, concretamente en el chalet “Quincho Grande”, en Punta del Este.

“En Uruguay ninguno de los miembros de la familia desarrollaba una actividad laboral, ni comercial, ni lucrativa lícita, no recibía rentas, por lo que los gastos eran cubiertos por fondos que provenían desde México, como lo admitió el ciudadano mexicano procesado”, dice al auto de procesamiento.

Gerardo González Valencia confesó que “ingresaba dinero vivo a nuestro país”, no realizando transferencias bancarias. Dijo no poseer cuentas bancarias, ni tampoco en México “ninguna actividad laboral”, todo lo que constituyó “un serio indicio de que esos fondos provienen presuntamente de las actividades de narcotráfico”.

Tanto la Fiscal como la Jueza del caso, concluyeron que ambos miembros de la pareja están “vinculados a los carteles de Los Cuinis y de Jalisco Nueva Generación”, considerada la más poderosa organización de introducción de drogas a Europa y Asia, fundamentalmente.