El comisario inspector César Alvez, uno de los oficiales más destacados y respetados de Maldonado en la década pasada, y dos policías que estaban a su cargo en la Brigada de Narcóticos, fueron absueltos del delito que les imputaran en mayo de 2011. El caso, rodeado de aspectos muy oscuros que hasta hoy no se aclararon, confirma que hubo intención deliberada de alguien de quitarlos del medio.

El comisario inspector César Alvez, sufrió un daño irreparable en su brillante carrera, además de daños morales y económicos. Tras la decisión de la Justicia y del propio Ministerio del Interior, deberá retornar a la fuerza, recomponer su carrera y eventualmente iniciar una demanda contra el Estado.

Los agentes José Luis González y Gustavo Silva, también deberán ser resarcidos, y en principio no estarían dispuestos a nuevamente integrar las filas del Ministerio del Interior. Fueron dañados en su carrera y también en su vida particular, y eran dos valores “clave” en la Brigada de Narcóticos.

Tras el fallo judicial definitivo, en las últimas horas el Ministerio del Interior decidió “clausurar sin atribución de responsabilidad”, el sumario administrativo instruido por resolución de la cartera del 22 de junio del año 2011, sustanciado en el expediente 2011-4-1-0005314.

Todo turbio

El 6 de mayo de 2011, el entonces director de Investigaciones y Narcóticos de la Policía de Maldonado, César Nery Alvez Tejeira, así como el sargento José Luis González Bentos, y el agente de 2ª Gustavo Nicolás Silva Machado, fueron procesados por delitos vinculados al contrabando.

Luego se pudo saber que el grupo de reconocidos policías, había estado a punto de desbaratar lo que se suponía era una gigantesca organización dedicada al tráfico de drogas, que utilizaba a nuestro país al menos como ruta de grandes embarques de cocaína a Europa.

Hay pruebas de que algunas llamadas telefónicas, salientes y entrantes, de los teléfonos de los policías detenidos junto al ex jefe de Investigaciones y Narcóticos de Maldonado, aparecen registradas cuando supuestamente los detenidos estaban incomunicados.

En el teléfono celular marca Samsung del Policía Gustavo Silva, figura una llamada telefónica recibida el día en que había sido detenido y a una hora en que ya se encontraba incomunicado en dependencias de la seccional 10ª de Punta del Este: exactamente a las 19.24.

También figuran desde el mismo número telefónico y aparato, cuatro llamadas salientes, realizadas entre las 17.16 y las 17.46 de la misma jornada, es decir cuando el Policía mencionado estaba detenido desde poco después de la hora 15.00.

Lo mismo se pudo comprobar con el teléfono celular del otro Policía, el sargento José Luis González, en el cual figuran comunicaciones desde las 17.32 y las 17.46 del mismo día, cuando también se encontraba detenido desde la hora 16.00 de la misma jornada.

Los oficiales a cargo de la investigación, comparecieron ante la Justicia Penal de Maldonado en febrero de 2013, pero no pudieron aportar datos concretos sobre este punto. Tampoco información esclarecedora sobre fotos de la camioneta que fue el eje del caso y que nunca fue encontrada.

La historia

A comienzos de abril de 2011, el comisario inspector César Alvez estaba en medio de un caso que involucraba a un veterano narcotraficante que le ofrecía U$S 1 millón para que las rutas del departamento de Maldonado fueran “liberadas” para el pasaje de un cargamento de cocaína con destino a Europa.

El caso llegó a la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) y al juzgado del Crimen Organizado encabezado entonces por el juez Jorge Díaz. Pero el operativo que permitiría la captura del narco afincado supuestamente en la zona de Laguna Garzón, a último momento fue abortado.

Extrañamente, dos semanas después de estos episodios, es que el comisario inspector Alvez y los dos agentes mencionados de la Brigada de Narcóticos de la Policía de Maldonado, fueron procesados por contrabando. El alto jerarca fue encarcelado, aunque la prueba del delito nunca apareció.

La cronología

Según documentos oficiales de abril del año 2011, el Juez Penal de 4º turno de Maldonado en aquel entonces, doctor Gabriel Ohanián, y el fiscal doctor Luis Pacheco, estaban informados de los contactos que el narcotraficante pretendía sostener con el jerarca policial.

El 5 de abril de 2011, en conocimiento del citado juez, Alvez concurrió a la zona de Laguna Garzón a reunirse con el narcotraficante que pretendía “arreglar” por 1 millón de dólares, la liberación de toda presencia policial de las rutas de Maldonado en fecha y horario a confirmar.

El objetivo era lograr el salvoconducto más seguro para el pasaje de un millonario cargamento de cocaína con destino al puerto de Montevideo, desde donde se despacharía a Europa. La operación podría reiterarse en forma mensual, habría alertado el narco.

Un día después, se confirmó que efectivamente el narcotraficante pretendía contar con zonas del departamento de Maldonado liberadas de vigilancia policial durante 4 o 5 horas, para el transporte del cargamento hacia la capital. Nunca se supo el origen, pero sería Brasil.

La intención del narcotraficante, según los datos conocidos, era concretar envíos mensualmente, por lo cual “el acuerdo” se reiteraría. Nunca aportó otros detalles del origen de la droga ni de las rutas del cargamento que sería movilizado vía terrestre apenas ingresara al país.

Frente a la magnitud de los hechos, ese mismo día se decidió elevar el caso a la órbita del Juzgado de Crimen Organizado a cuyo frente estaba el doctor Jorge Díaz, para que elaborara el plan tendiente a desbaratar lo que sin dudas era una muy poderosa organización.

Así se dio forma a un complejo procedimiento conjuntamente con personal de la DGRTID, y la participación del comisario inspector César Alvez y otros dos efectivos de la Brigada de Narcóticos de la Policía de Maldonado que actuarían como agentes encubiertos.

Sin embargo pocos días antes, cuando desde el punto de vista técnico y logístico todo estaba pronto, el mega operativo fue abortado sin que se conocieran a fondo las causas, aunque las razones estarían fundadas en los riesgos que correrían los efectivos participantes.

Se aseguraba a los policías que intervendrían, entre otras cosas, cambio de domicilio y lugar de estudio de sus hijos, y dinero en efectivo para reencauzar su vida familiar lejos del alcance de otros “brazos” de la organización, si todo terminaba en forma exitosa.

Por contrabando

Muy llamativamente, César Alvez y los dos policías de Maldonado que participarían en el gigantesco procedimiento (el sargento y el agente de 2ª de Narcóticos), así como otros dos hombres, fueron procesados el 6 de mayo de 2011 por delitos vinculados al contrabando.

El procedimiento se desarrolló en torno a una camioneta que, robada en Brasil, ingresó ilegalmente a Uruguay, fue utilizada por el alto jerarca policial varios meses, y luego vendida, aparentemente en el departamento de Rocha. Esa camioneta jamás apareció.

Los detenidos fueron indagados en torno al vehículo que había ingresado de contrabando desde Brasil, denunciado como robado en Río Grande do Sul, y que durante el verano 2010-2011 fue utilizado por el Director de Investigaciones y de Narcóticos de la Policía de Maldonado.

Aunque la camioneta nunca apareció, la Jueza Penal de 2º turno de entonces, doctora Adriana Graziuso, envió a prisión al comisario inspector Alvez por un delito de contrabando, en tanto el sargento González y el agente Silva, fueron procesados con prisión domiciliaria por igual delito.

También fue enviado a la cárcel F.DL. por un delito de encubrimiento con un delito de receptación. Se trataba del responsable de haber ingresado ilegalmente la camioneta desde Brasil. Asimismo fue enviado a la cárcel A.M.P., encargado de sacar la camioneta de Maldonado presuntamente hacia Rocha.

Todos los imputados aceptaron su participación en la maniobra, menos el comisario inspector César Alvez quien adujo haber sido víctima de una trampa, y de no saber el origen ilegal del vehículo que utilizó normalmente en Maldonado durante largo tiempo.

Aproximadamente un año antes de este hecho, la doctora Adriana Graziuso, había procesado con prisión a un vendedor informal de automóviles de Maldonado y a un conocido abogado penalista del medio; el primero fue imputado por 5 delitos de receptación y el abogado, por 3 delitos similares.

Ambos comercializaban automóviles robados o de dudosa procedencia, que poseían documentación adulterada y chapas matrículas correspondientes a automotores hurtados, según se desprendió de la investigación realizada y el auto de procesamiento.

Ese abogado y Alvez, habrían recibido mensajes y llamadas sospechosas entre marzo y abril del año 2011, donde se insinuaría la necesidad de “hacer caer” a algunos policías de Maldonado. Ese teléfono fue rastreado, pero hasta hoy no se conocen los pasos seguidos.