Un extenso manifiesto fue leído en las puertas del edificio comunal de Maldonado, por parte de un grupo de activistas que rechaza el desarrollo de la tecnología de comunicaciones 5G en nuestro país. El documento con una batería de interrogantes, está dirigido al Intendente Departamental, y a nivel nacional al propio presidente de la República.

Los activistas manifestaron su preocupación por el despliegue acelerado de la tecnología 5G en todo el territorio nacional, “sin contar con ninguna conclusión científica que asegure la inocuidad de dicha tecnología para la salud y el medioambiente”.

Remarcan que no se están respetando derechos fundamentales de la ciudadanía, contemplados en el Artículo 44 de la Constitución, que dice: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país”.

“Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”, agrega el mismo artículo de la Carta Magna.

El manifiesto agrega que el Principio de Precaución, “es actualmente parte fundamental del derecho internacional ambiental, y respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertas tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente…”.

Entienden, los opositores a la tecnología 5G, que, “desplegar una tecnología a nivel masivo desconociendo los efectos adversos en la salud demuestra un accionar irresponsable, negligente e imperito por parte de nuestros gobernantes así como opuesto al mandato constitucional”.

Recuerdan que, en el año 2018 una famosa petición internacional ya contaba con más de 90.000 firmas de científicos y doctores de 198 países y solicitaba a los gobiernos y autoridades de todo el mundo detener la instalación del 5G, por los daños que provocaba a la salud humana, animal y vegetal.

También destacan que por el 5G y las fumigaciones, “una muy importante especie animal se encuentra en peligro de extinción. Las abejas son las responsables de mantener el delicado equilibrio ecológico. Gracias a la polinización ellas hacen florecer una cuarta parte de las especies vegetales…”.

Sostienen que esta tecnología “genera además un claro problema de invasión a la privacidad y a la intimidad ya que los expertos en seguridad en internet la definen como una trampa para espiarnos, y apuntan que el principal objetivo del 5G es la vigilancia digital y explotación de datos…”.

Se preguntan por qué se ha instalado esta tecnología “tan altamente dañina para toda forma de vida sin información, conocimiento ni consentimiento de la ciudadanía y sin haber hecho ningún estudio previo”, y el motivo por el cual se intensificó aún más durante la actual emergencia sanitaria.

Entre otras interrogantes, se plantea porqué “no se hace todo con fibra óptica, especialmente considerando que Uruguay es el proveedor internacional de cable submarino”, o, “porque no se alienta a los científicos a investigar un poco las energías libres y energía de Punto Cero…”.

“El pueblo uruguayo está informado y no vamos a permitir que nos vendan esta arma militar disfrazada de lo último en tecnología de las comunicaciones. No aceptaremos ninguna tecnología que no vaya de la mano con el medio ambiente, en Uruguay, No”, remarca el manifiesto.

Agregan que crece la lista de países que actuando con honestidad y protegiendo a sus ciudadanos, han rechazado la implementación de esta tecnología en parte o todo su territorio, como: Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Estados Unidos, Chipre, Italia, Australia, Francia y Eslovenia.

Finalmente, le “exigen” al presidente de la República que suspenda la instalación de la tecnología 5G en todo el territorio uruguayo, y a la Intendencia de Maldonado que deje de autorizar “de forma indiscriminada” la instalación de antenas de telefonía celular en el departamento.

También califican de “responsables” a los ediles departamentales, que “no legislan respecto a las instalaciones (y tampoco controlan al Ejecutivo Departamental) pese a que es un tema que lleva años de discusión pública. ¿Qué esperan nuestros ediles para ponerse a trabajar y escuchar los reclamos de la población?”.