Una carta abierta impulsada desde el movimiento Uruguay Libre de Megaminería, fue enviada a las autoridades nacionales, expresando la preocupación ante la posibilidad de que se decida realizar fumigaciones masivas para combatir el mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, el zika y la fiebre chikungunya.
La carta difundida este sábado, es apoyada por ciudadanos de distintos ámbitos académicos, políticos y sociales, así como también por vecinos preocupados por un tratamiento adecuado de temas tan complejos como la salud humana y de los ecosistemas.
La carta, está dirigida al Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, a todos los representantes de las cámaras de Senadores y de Diputados, así como a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y de la Comisión de Medio Ambiente de Diputados.
El texto
“Los abajo firmantes, ciudadanos habitantes de la República Oriental del Uruguay nos dirigimos a Uds. para manifestarles nuestra total disconformidad con las medidas que, según trascendidos de prensa, el gobierno uruguayo estaría dispuesto a tomar para combatir los mosquitos del género Aedes, los cuales serían vectores de enfermedades como el Dengue y la fiebre amarilla y recientemente de una eventual epidemia por el virus Zika.
Estas medidas incluyen la fumigación masiva mediante avionetas, las cuales esparcirán productos muy tóxicos (aunque el gobierno reconoce que son solo de “baja toxicidad”), que caerán en cantidades incalculables y aumentarán la contaminación sobre cuerpos de agua, suelos, fauna y flora y sobre los seres humanos.
Esto se sumaría al hecho de que ya se está fumigando buena parte del territorio nacional donde se practica la siembra directa y se aplica el paquete tecnológico que acompaña a los monocultivos de transgénicos cerealeros y forrajeros.
Los señores representantes políticos, incluido el Sr. Presidente Vázquez, deben estar en conocimiento de que los antecedentes en la región sobre el combate de determinadas enfermedades epidemiológicas utilizando la práctica de fumigación masiva no han dado los resultados esperados, después de más de 30 años de uso consecutivo.
Por el contrario, han empeorado la salud de la franja más empobrecida de la población, demostrado por el hecho de que los peores casos de aparición de estas enfermedades se han observado justamente en mujeres embarazadas y niños recién nacidos de hogares muy humildes.
Existen reportes de médicos y profesionales de la salud de Brasil que reclaman mayores estudios epidemiológicos que prueben la veracidad de la información que se está difundiendo a la población acerca de la real virulencia de estos patógenos.
El virus del Zika data de 1947 y ha tenido poca incidencia en casos de gravedad. Por tanto, los médicos de Brasil no descartan que el aumento de su virulencia en los seres humanos sea debido a factores que tienen que ver con el entorno y la alimentación, léase en poblaciones que viven en ambientes con agua contaminada y alimentos de muy baja calidad, donde las fumigaciones con distintos tipos de pesticidas de alta toxicidad son usadas en agricultura al igual que las que se implementan cada año en un supuesto combate contra los mosquitos vectores.
Esta afirmación está basada en estudios de seguimiento de la salud de la población brasilera, encontrándose que, de 3983 casos de malformaciones constatadas en niños hasta el 20 de enero de 2016, 49 habrían fallecido y solo en 5 casos se pudo confirmar una infección con el virus del Zika.
Estamos en conocimiento que el asesoramiento que reciben los gobiernos proviene de distintos profesionales o técnicos que responden a las empresas que producen los compuestos usados en la fumigación y que se presentan como benignos, aunque varios estudios publicados en revistas arbitradas advierten sobre su toxicidad incluso en dosis bajas.
Por tanto, serán contaminantes si se vierten sobre la población, el aire, el agua y el resto del ambiente. Es así que ejerciendo nuestro derecho precautorio, solicitamos al gobierno que se detenga la ejecución de esas medidas y se tome el tiempo necesario para llevar adelante estudios independientes que nos ofrezcan garantías de que no se está repitiendo un procedimiento que, no sólo no ha solucionado los problemas de salud de poblaciones deprimidas, sino que ha dejado una enorme interrogante acerca de las intenciones de quienes los promueven.
Por eso Sres. Gobernantes, los abajo firmantes, ciudadanos de este país ilustre, amparados en el derecho que nos da nuestra Constitución, le decimos NO A LAS FUMIGACIONES INNECESARIAS CON QUÍMICOS PELIGROSOS, apelando a su sensibilidad y criterio para detener esas prácticas y promover nuevas investigaciones sobre la temática y así tomar las decisiones correctas y que serán las mejores para el bienestar de nuestros compatriotas”.