La Comisión Pre Investigadora integrada la pasada semana en la Junta Departamental de Maldonado, resolvió aconsejar la formación de una Investigadora para analizar el acuerdo económico alcanzado por la administración departamental y el abogado Hugo Alvez. El martes será presentado el informe aprobado por representantes de los tres partidos políticos.

El edil colorado Juan Eduardo Silveira, propuso en la Junta Departamental de Maldonado la conformación de una Comisión Pre Investigadora, que definiera si se daba lugar a una Investigadora para analizar el acuerdo entre la administración Antía y el doctor Hugo Alvez.

La comisión, conformada por ediles de los tres partidos políticos con representación en la Junta Departamental, contó con 48 horas para analizar el petitorio, decidiendo finalmente recomendar la creación de una Comisión Investigadora. El único informe será presentado este martes ante el plenario.

Cabe recordar que, a fines del mes de junio Silvera había realizado un pedido de informes sobre este asunto, pero no obtuvo respuestas del Ejecutivo, por lo cual solicitó la conformación de una Pre Investigadora, lo que fue votado durante la última sesión del Legislativo Departamental.

La Intendencia de Maldonado acordó indemnizar al doctor Hugo Alvez (abogado) en poco más de US$ 500.000 por los presuntos perjuicios sufridos desde 2006, cuando la administración De los Santos lo cesó en tres oportunidades. El acuerdo se selló algunos meses atrás, anulando la demanda judicial que estaba en curso.

El informe de MaldonadoNoticias del 27 de junio pasado dando cuenta del acuerdo alcanzado entre la administración Antía y Alvez, por el cual éste último será indemnizado en US$ 500.000, generó múltiples reacciones y la primera fue de Silvera y luego de la bancada de ediles del FA.

El acuerdo por el voluminoso monto, dejó por el camino una larga demanda judicial que aún no tenía sentencia, y fue el punto que más llamó la atención, porque no existía certeza de que la IDM perdiera ese juicio. Antía y Alvez son correligionarios políticos desde hace muchos años.

El sábado 16 de julio, MaldonadoNoticias informaba que la bancada de ediles del FA, elevó un pedido de informes para conocer detalles del acuerdo entre la administración Antía y el abogado Hugo Alvez. Hasta el día de hoy no se sabe si el pedido de la oposición fue respondido.

Varias fuentes políticas consultadas por este caso, incluso el edil Juan Eduardo Silveira, coinciden en que la Comisión Investigadora, antes que nada deberá determinar si la administración departamental tenía que haber elevado el caso al Legislativo para que aprobara un acuerdo de ese monto.

Todo inconcluso

A julio de 2015 -cuando asumió el Intendente Enrique Antía-, con excepción de la primera acción de nulidad ante el TCA, que determinó una sentencia favorable al doctor Hugo Alvez, todos los reclamos judiciales posteriores “habían sido controvertidos por los profesionales actuantes en nombre de la Intendencia”.

Ninguna de las tres acciones legales posteriores había culminado en julio de 2015, “y por lo tanto tampoco ninguna de ellas había arribado a sentencia”, cuando en junio del presente año la administración Enrique Antía llegó a un acuerdo con el doctor Hugo Alvez.

El FA entendió que se suspendieron -sin conocerse el motivo­ las acciones judiciales, sin esperar el resultado de los procedimientos y las sentencias correspondientes “que establecerían si se contemplaban las demandas, total o parcialmente, o si se daba razón a la actuación de la administración”.

Por otra parte, se subrayó que “se realiza una transacción sin autorización de la Junta Departamental”, y que se contradice todo lo actuado judicialmente por los profesionales de la División de Asesoría Jurídica de la Intendencia, “y los resultados de los procedimientos sumariales”.

El FA pretendía saber por qué se suspendieron “de común acuerdo los procedimientos judiciales en trámite y en qué fecha”, y por qué no se esperó el resultado de los mismos, para que se estableciera “si habían existido ilegalidades, violaciones del debido procedimiento o actos administrativos ilegítimos”.

También se desea saber por qué no se remitió “la transacción realizada al Ministerio Público y a la Junta Departamental para su autorización”, como lo dispone el Artículo 35 - Numeral 11 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515. Además se pidió la remisión de todas las actuaciones relativas a una serie de expedientes vinculados.