Los cuatro reclusos, que se encuentran cumpliendo arresto administrativo en la ex cárcel Central fugaron por las azoteas del edificio mediante un boquete; luego coparon una finca lindera a la que accedieron por una banderola y robaron dinero a su propietaria.

Rocco Moravito, de 52 años, está tras las rejas desde septiembre del año 2017 a la espera de ser extraditado a Italia. Los otros tres fugados son Leonardo Abel Sinopoli Azcoaga, detenido por un delito de falsificación de documento y hurto, a solicitud de la justicia de Brasil.

Matías Sebastián Acosta González, a la espera de su extradición también a Brasil; y Bruno Ezequiel Díaz, detenido por un delito de homicidio y a la espera de ser extraditado a la república Argentina. Todos son intensamente buscados y no solamente en la capital del país.

En Punta

Morabito estaba requerido desde hacía 23 años, como una de las piezas principales del Cartel Ndrangheta de la Mafia Calabressa, responsable de ingresar a Italia centenares de kilos (podrían ser toneladas) de cocaína entre los años 1988 y 1994. En su país enfrenta cargos que lo llevarían a prisión 30 años.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno, ya confirmó la sentencia de la Jueza Letrada en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, doctora Dolores Sánchez, acogiendo la solicitud de extradición de Rocco Moravito (52) quien vivía en Punta del Este y estuvo 25 años prófugo de la Justicia de Italia.

La reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones, redactada por la doctora Graciela Gatti, analiza cada uno de los agravios interpuestos por la defensa de Moravito, que a juicio unánime del Tribunal, falló a favor de confirmar en todos sus términos la sentencia de primera instancia impugnada.

El fallo establece que, “si bien la sentencia italiana, como ya se indicó es posterior a la sentencia de primera instancia dictada” en Uruguay, “aún a la sustanciación del recurso de apelación, lo que la convierte en un ´hecho nuevo´, el proceso de revisión iniciado en Italia para lograr esa decisión no es nuevo”.

El Tribunal de Apelaciones, concluye que “el Tratado de extradición que rige con Italia suscrito el 14 de abril de 1879 y ratificado por Ley Nº 1.503, no exige de modo alguno que exista necesariamente una sentencia de condena firme para que la extradición no pueda ser concedida”.

Sin libertad

La Jueza Especializada en Crimen Organizado, doctora Dolores Sánchez, había rechazado el pedido de libertad del italiano Rocco Morabito, detenido en Uruguay desde el 2 de septiembre del año 2017, por lo cual debió esperar la confirmación de su extradición a Italia -ahora ratificada- tras las rejas.

La defensa del italiano de 52 años había pedido su liberación, en función de que según el Código del Proceso Penal la persona requerida por otro país no podía estar privada de libertad por un plazo superior a los 120 días en Uruguay, aunque habría excepciones.

Si bien el Fiscal Luis Pacheco no se había opuesto a su liberación, la Jueza de la causa no hizo lugar al recurso porque el Estado italiano sí se opuso; según el tratado firmado entre Uruguay e Italia, se puede mantener la prisión preventiva mientras se resuelve la extradición.

Requerido

Rocco Morabito, vivía camuflado en Punta del Este bajo el nombre de Francisco Antonio Capeletto Souza, nacido el 14 de octubre de 1967 en Río de Janeiro. Con documentación brasileña, en Uruguay obtuvo cédula de identidad, licencia de conducir y porte de arma.

A medida que pasaron los días desde que los investigadores a cargo de la operación “Calabria” decidieron en septiembre de 2017 no esperar más y detenerlo mientras se encontraba alojado en un hotel de Montevideo, se conocieron detalles de sus actividades comerciales en esta zona del país.

Estaba residiendo como inquilino en la mansión “Salve” a pocas cuadras del exclusivo barrio Beverly Hills, junto a su esposa angoleña y su hija adolescente. Anteriormente, tuvo un establecimiento de 600 hectáreas en una privilegiada zona de chacras cercana a Laguna del Sauce.

El 4 se septiembre de 2017, la Jueza María Elena Mainard, procesó a Rocco Morabito como coautor de tres delitos de falsificación de cédula de identidad y de pasaportes en reiteración real, con un delito continuado de falsificación ideológica por un particular en calidad de autor.

Además, dispuso su arresto con prisión ante el “código rojo” de captura que figuraba en Interpol, por pedido de Italia. La prisión fue dispuesta porque se entendió que existía riesgo de fuga de este individuo que estuvo casi un cuarto de siglo eludiendo a la Justicia de su país.

De la investigación realizada por efectivos de Crimen Organizado (DGCO), surgió que el matrimonio vivía en la mansión “Salve”, ubicada en calle Curupay esquina Platón, a pocas cuadras del exclusivo barrio Beverly Hills de Punta del Este, donde resultó detenida la mujer.

Con orden expedida por el Juez Penal de 2° Turno de Maldonado, personal de Interpol y de la DGCO allanó la mansión, así como dos depósitos privados de Punta Box, ubicados en avenida Aparicio Saravia y calle 5, en el barrio San Fernando de la ciudad de Maldonado.

Lo incautado

En los distintos procedimientos, se incautó: una pistola Glock 9 m.m. y un cuchillo Buck; 13 teléfonos móviles y numerosos chips; US$ 54.251, $ 2.540, una libreta con acciones al portador por US$ 100.000, 4 chequeras en dólares diferidos del Bandes y 12 tarjetas de crédito y débito.

Además, un automóvil Renault Logan y otro Mercedes Benz 050; 150 fotos carné con el rostro de Rocco Morabito, luciendo diferentes prendas de vestir y tonalidades de piel; variada documentación comercial y de otro tipo, así como joyas varias y otra serie de efectos.