El edil (s) del Frente Amplio Joaquín Garlo, planteó nuevas interrogantes sobre el millonario sistema de video vigilancia adquirido por la Intendencia de Maldonado, a partir de nueva información conocida en una investigación periodística del semanario Brecha, y preguntó “¿Qué pasa con nuestros dineros?”.
Joaquín Garlo (MPP) dijo en el comienzo de su exposición que a esta altura gran parte del país está en conocimiento de que la administración Antía “compró un sistema de cámaras de videovigilancia en más de U$S20.000.000 de forma directa, sin procedimientos de transparencia en la contratación y en forma secreta…”.
Luego se refirió a una investigación periodística del semanario Brecha aparecida en las últimas semanas, que le dio otro giro al tema, porque revela aristas “mucho más complejas que las que nos imaginábamos en un principio”, porque el proyecto Ciudades Inteligentes no sería iniciativa de la actual administración.
Según la investigación, ese proyecto “se gestó en 2014 por la comunidad israelita de Punta del Este - Maldonado (Cipemu), presidida en ese entonces por el empresario Rolando Rozenblum, y con el apoyo de la Cámara Empresarial de Maldonado, presidida por José ´Pepe´ Pereyra”.
Garlo explicó que en ese momento se contrató a la empresa NOA Security Solutions, también de origen israelí, “para diseñar un proyecto de videovigilancia para Maldonado y Punta del Este, el que luego fue presentado a buena parte de los candidatos a la Intendencia de todos los partidos políticos”.
“Según informa Brecha, lo cual corroboramos, Rolando Rozenblum, quien presidía la colectividad israelita de Punta del Este y quien a su vez se jactara públicamente de ser el ´catalizador e impulsor del proyecto de videovigilancia´, financió parte de las campañas electorales de, por lo menos, dos candidatos a la Intendencia del Partido Nacional…”, subrayó Garlo.
Aclaró que estos datos, surgen de las rendiciones de cuentas presentadas ante la Corte Electoral. “Uno de ellos, de esos dos candidatos del Partido Nacional, es el intendente Enrique Antía, defensor del proyecto de videovigilancia y quien finalmente lo concretara en este período de gobierno…”.
Subrayó Garlo que Rozenblum colaboró con la suma declarada de $106.000 a través de su sociedad Damertir S.A., “uno de los aportes más importantes a la campaña electoral del actual intendente Antía. Todo según las rendiciones de cuentas inscriptas, registradas en la Corte Electoral”.
De la información que vía judicial debió entregar la Intendencia de Maldonado sobre este tema, surge un informe del director de Planeamiento, arquitecto Roberto Chiachio, “y una carta del general retirado Michel Ben-Baruch, director del Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel -el Sibat-, enviada a la Intendencia a través de la Embajada de Israel en Uruguay”.
El edil explicó que en esos documentos de 2016, se establece “que ha sido el gobierno de Israel el que ha decidido que la contratación por las cámaras debe hacerse con la empresa Elbit Systems Limitada. Es el Sibat el que le dice al intendente Antía que debe contratar a Elbit Systems en el marco del convenio entre Uruguay e Israel”.
Más adelante, Garlo admitió su sorpresa “por la aparición en escena” de la empresa NOA, de la que “no habíamos escuchado (nada), recordando que durante la interpelación al intendente Antía se consultó sobre los vínculos con la misma y no se obtuvo respuesta, aunque posteriormente lo hizo el arquitecto Chiachio.
En esa respuesta, dijo Garlo, el jerarca le afirmó que no tenía ninguna información sobre NOA Security Solutions, en tanto desde Asuntos Legales se contestó que “se constató de la documentación que no surge vinculación alguna entre la Intendencia y NOA Security Solutions”.
Intromisión
Garlo, también hizo una serie de críticas a partir de tomar conocimiento que, en noviembre de 2017, un núcleo de periodistas de medios extranjeros visitó el Centro de Video Vigilancia a instancias de la embajada de Israel en Uruguay, para que claramente las empresas mencionadas se promocionaran en el exterior.
Allí se preguntó “¿cómo puede ser que el intendente Antía permita que un Estado extranjero use ese lugar público, que está vinculado a la seguridad, que debe tener determinadas reservas, justamente por la sensibilidad que significa el tema de la seguridad pública, para promocionar a empresas extranjeras vinculadas al negocio de la seguridad?”.
Por otra parte, dijo que un alto jerarca del Sibat visitó el Centro de Monitoreo el año pasado para evaluarlo. “Así como escuchan: es el gobierno de Israel el que monitorea y audita el proyecto de videovigilancia en Maldonado; es un gobierno extranjero el que certifica que el proyecto se esté desarrollando con total normalidad…”.
“Como hemos visto, el negocio de las cámaras de Maldonado es mucho más complejo de lo que se pensaba en un principio e involucra a muchos más actores, actores muy cercanos al intendente Antía, al Partido Nacional y a grupos de poder muy fuertes”, sostuvo.
Finalmente, el edil Joaquín Garlo pidió la remisión de sus palabras al Ministerio del Interior, a la embajada de Israel en Uruguay, al intendente Enrique Antía y al jefe de Policía Erode Ruíz, así como a la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Junta.
También, a la Comisión de Población y Desarrollo del Parlamento, a la Fundación Maldonado Seguro, al presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez y a la Comisión de Asuntos Municipales del Parlamento, así como a la periodista de Brecha responsable de la investigación mencionada.
