El caso de presunta defraudación fiscal que involucra al edil y ex presidente de la Junta Departamental de Maldonado será elevado al Comité de Ética del Partido Nacional, de acuerdo a lo adelantado por el líder de Todos, sector al que pertenece Rodrigo Blás. La decisión podría alcanzar al edil herrerista Darwin Correa, también involucrado en el mismo caso.

El líder de Todos, Luis Lacalle Pou, dijo a Subrayado en Paysandú que no solo ya se ha comunicado con Rodrigo Blas, sino con la presidenta del Partido Nacional, al tiempo que hizo algunas precisiones sobre el alcance de la situación, desvinculando lo particular de lo político.

“Primero es un tema personal, un tema privado; segundo, lo ha recurrido, y tercero y para mi lo más importante nos hemos comunicado con él, me comuniqué con la presidenta del directorio del Partido Nacional, y creo que tiene que ir a la Comisión de Ética de nuestro partido a explicar su situación”, dijo.

Luis Lacalle, remarcó que, en este tipo de casos, siempre ha actuado de la misma manera por lo cual entiende que la Comisión de Ética del Partido Nacional “tiene que intervenir”, lo que también podría alcanzar al edil Darwin Correa, integrante del mismo sector y directamente vinculado al mismo caso.

Un pedido

A todo esto, hace pocas horas el propio Rodrigo Blás confirmó que solicitó a la presidenta del directorio blanco, Beatriz Argimón, la instalación de la Comisión de Ética, mediante una carta que reproducimos textualmente:

“Desde el 2014 se sustancia un procedimiento administrativo ante DGI y se formuló una denuncia penal a raíz del mismo, respecto a asuntos relacionados con mi actividad privada. Temas que han sido controvertidos y en los cuales me estoy defendiendo, al igual que otras personas y sociedades.

En las actuaciones de la DGI no ha estado ajeno el interés político de algunos actores, exponiéndome a mí y de esa forma a nuestro Partido de una forma no deseada.

A mis 48 años y con 35 años de militancia partidaria lejos estoy de querer ocasionar a mi querido Partido Nacional perjuicio alguno. He dedicado mi vida a defenderlo sin fatigas ni renunciamientos como lo seguiré haciendo.

De la misma forma reivindico mi derecho al debido proceso en las instancias que sean, con las oportunidades de ejercer las defensas que legítimamente me corresponden, no aceptando prejuzgamientos ni condenas anticipadas, salvo aquellas que emanen de los órganos judiciales y partidarios correspondientes.

Se trata ni más ni menos de salvaguardar garantías inherentes a la personalidad humana consagradas por la Constitución Nacional.

Por lo expuesto y a los efectos que puedan corresponder, solicito a Ud. que en forma inmediata ponga a consideración de la Comisión deÉtica Partidaria la situación personal y de mi ámbito privado a la que hago mención, para que se pueda considerar en todos sus aspectos.

Quedo a las órdenes para comparecer ante dicha Comisión cuando así se me solicite”.

Valle Di Saronno

La investigación de la DGI, iniciada en 2014, está vinculada a la venta de terrenos del fraccionamiento Valle di Saronno, en el barrio Lausana de la ciudad de Maldonado. La comercialización de los predios del citado fraccionamiento era realizada por Blás Propiedades.

De acuerdo a un informe divulgado el jueves 16 por el semanario Brecha, la DGI (en resolución del 6 de julio), decidió multar al edil y principal dirigente local del herrerismo en casi US$ 2 millones, y también al edil Darwin Correa, principal de la inmobiliaria del primero en Maldonado, así como a otras cinco personas.

El organismo recaudador en el Acta final de determinación, estableció que Blás es “responsable solidaria e ilimitadamente por el Irae e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación” por $ 57.556.444 (US$ 1,9 millones).

Según explica Brecha, en este caso la multa por defraudación equivale a cuatro veces el monto de los tributos defraudados. Por esto también tendrá que responder el empresario argentino Oscar Andorno, quien figura como responsable de Javipark S.A., empresa de la que Blás es apoderado.

Agrega el informe que, la DGI entiende que tres escribanos que trabajan para Blás y otras dos personas, tuvieron una “participación indispensable en el acto fraudulento” y deberán responder personalmente con multas de $ 7.337.964, $ 24.736.123 y $ 5.131.896, respectivamente.

También consideró que la participación del edil, Darwin Correa, responsable de la oficina central de Blás Propiedades, fue “indispensable” para cometer la maniobra fraudulenta. Una imputación similar se aplicó a la esposa de Blás. Ambos deberían pagar $ 14.389.110 de multa.

En la investigación se confirmó que Javipark S.A. utilizó la inmobiliaria de Rodrigo Blás para vender los inmuebles, emitiendo primero un boleto de reserva en el que figuraba el precio verdadero pactado entre las partes y por el que el comprador abonaba una seña.

Cuando se otorgaba la escritura de compraventa se integraba solo parte del precio, de manera que, “el ingreso o renta bruta consignado documentalmente era significativamente menor al realmente devengado y, por ende, también eran considerablemente menores las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta”.

Irregularidades

La abogada patrocinante de Blás, doctora Susana Soto, confirmó a MaldonadoNoticias que, aunque las multas mencionadas pretenden ser cobradas, el Acta final de determinación ya fue recurrida hace algunas semanas por lo cual no se encuentra ni se ha pagado nada.

Además, acotó que Blás Propiedades quedó desligada de la investigación de la DGI, que sí continuó en torno a Javipark S.A., y aseguró que independientemente de las multas que se pretenden aplicar, el proceso “está plagado de irregularidades” porque no se respetaron las garantías del debido proceso.