El edil (s) del Frente Amplio-MPP, Joaquín Garlo, denunció en la Junta Departamental de Maldonado, que la Intendencia ha realizado contrataciones directas que son ilegítimas, por más de $ 350 millones. Se trata de unas 15 contrataciones, aunque se centró fundamentalmente en dos a las que no le encuentra explicación.
Joaquín Garlo, comenzó su exposición haciendo un repaso por lo que significa el concepto de “buena administración” y explicando qué son las contrataciones en la administración pública donde “la transparencia cumple un rol preponderante” porque los recursos pertenecen al pueblo.
En ese sentido, sostuvo que las contrataciones en la Intendencia de Maldonado durante el actual gobierno son “un gran problema” ya que a las permanentes denuncias por contrataciones irregulares “y poco transparentes” se suma el hecho de que se torna tremendamente difícil acceder a la información.
Dijo que meses atrás, investigando las contrataciones directas realizadas a través de los mecanismos de excepción previstos en el artículo 33 literal C del TOCAF, encontró más de 15 realizadas en forma directa lo que en principio no llamaría la atención porque no en todos los casos es necesario llamar a licitación.
Pero aclaró que, “el problema se presenta cuando estas contrataciones directas se realizan y no encuadran dentro de estos supuestos que la ley establece”, ya que, de las más de 15 constatadas, “11 no encuadran en los supuestos normativos que la administración invocó para realizarlas”.
Reveló que en total son casi 50 las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), y que de las 11 contrataciones directas que no encuadran en la norma, “que podríamos llamar irregulares o ilegítimas, nueve fueron realizadas invocando el numeral 9 del literal C del artículo 33 del TOCAF”.
Los contratos
A continuación, mencionó las contrataciones directas comprendidas en su denuncia: Vivero Oriente; Aborgama; Avista Seguridad; Foreing Security Ltda.; Caffer SRL.; Ecotecno y Jorge Acosta Construcciones. Todas “ascienden a la suma aproximada de 339 millones de pesos, unos 11 millones de dólares”, dijo.
Pero, por otro lado, dijo haber encontrado dos contrataciones directas que se efectuaron invocando el numeral 4 del literal C del artículo 33 del TOCAF, que “son las que más rompen los ojos” porque no se ajustan a los alcances de la norma que ha sido invocada por la administración.
Una de ellas es la contratación de la Consultora Dígitos, cuyo titular es José Pereyra de Brum, “a la que se la pagaron más de 2 millones 520 mil pesos por hacer consultas de opinión pública sobre la gestión y las visiones de los contribuyentes”.
Joaquín Garlo dijo que ha querido acceder a los resultados de los trabajos de la Consultora Dígitos, pero que la administración Antía se niega a brindar la información “invocando una dudosa cláusula de confidencialidad”, por lo que presentará una solicitud de acceso al amparo de la Ley N° 18.381.
Advirtió que, en este caso, el TCR expresó que, “la contratación de excepción no encuadra en la hipótesis establecida (en la norma) (…), en tanto no se acredita la imposibilidad de realizar concurso de méritos o antecedentes, y tampoco se acredita que no existan en plaza diversas personas físicas y/o jurídicas, que ofrezcan servicios de consultoría (…), similares a los adjudicados a la Consultora Dígitos en la persona del Sr. José Andrés Pereyra de Brum”.
La otra contratación invocando el mismo artículo del TOCAF, es la de la empresa de iluminación Reflex SRL, a la que la Intendencia de Maldonado le abona “más de 260 mil euros, unos 9 millones de pesos, para iluminar las esculturas del Paseo de las Américas de Parada 1 de Playa Brava y, la rompiente del océano a la altura de la Virgen de la Candelaria”.
Garlo explicó que el TCR “dejó en claro que iluminar esculturas no implica adquirirlas, ni ejecutarlas ni restaurarlas. Iluminar la rompiente de las olas del océano, ¿encuadra dentro del supuesto de la ley?”, pero que además hay algo curioso en el caso de la empresa Reflex SRL.
Aseguró que es la empresa la que por iniciativa propia presenta la propuesta, y que en el expediente “se dice que un vecino de Punta del Este de aparente vasta experiencia en la materia diseñó el proyecto, pero no se adjuntan documentos que prueben ni la idoneidad de este vecino, ni los antecedentes de la empresa, ni nada”.
“El 11 de noviembre de 2017 se presentó el proyecto y el 28 del mismo mes el Intendente Antía resolvía la contratación con Reflex SRL por más de 260 mil euros. No sabemos si los valores son correctos, o son exacerbados o si hay sobreprecios o no los hay, no sabemos nada”, aclaró Garlo.
Sobre el final, dijo que “Antía y su equipo han abusado sistemáticamente del mecanismo de la contratación directa, violando las disposiciones legales, concretando contratos que no encuadran en los supuestos establecidos en la norma, como lo ha establecido una y otra vez el TCR”.
Advirtió que continuará investigando y recabando elementos probatorios, y que en medida que “nos den la pauta de que el Intendente esté desarrollando prácticas que podrían ser delictivas”, irá “a la Fiscalía Letrada Departamental para que sea la Justicia la que investigue y resuelva”.
