El Frente Amplio de Maldonado, rechazó mediante un comunicado público, el déficit de casi US$ 10: generado por los planes de viviendas y realojos de asentados desarrollados por la anterior administración, denunciado en la Junta Departamental por la edila Magdalena Zumarán (PN).
El comunicado del Frente Amplio de Maldonado, comienza señalando que las nuevas afirmaciones (refiriéndose a lo expuesto por la edila Zumarán el pasado martes en la Junta Departamental), son “infundadas” como ya es una práctica del Partido Nacional.
Por otra parte rebate el informe presentado por Zumarán, asegurando que “la Intendencia Departamental de Maldonado tiene dinero y tiene tierras” para construir viviendas de interés social, y que “la administración anterior del Frente Amplio tuvo una política clara para vivienda y asentamientos”.
Reitera que la comuna dispone de $ 130: “del decreto de Retorno por Mayor Valor, recién derogado por Antía, para destinar específicamente a viviendas. Dispone también de un fideicomiso con República AFISA, de terrenos destinados a la financiación de programas de viviendas por 14 millones de dólares”.
De esos terrenos del fideicomiso, según el FA, “se habían vendido 2 millones 500 mil dólares a febrero 2015. Con ese activo de respaldo, la Intendencia venía utilizando recursos propios para que los programas no se detuvieran y regenerarlos con el resultado de las ventas”.
Reitera que se adquirieron 36 hectáreas (al Norte de Cerro Pelado), de las cuales 9 cuentan con servicios, “terreno destinado al realojo de los asentamientos Benedetti y Los Eucaliptos y que el Intendente se niega porfiadamente a utilizar, aún en una inminente situación de desalojo para este mismo mes”.
Cita la Ley de Ordenamiento Territorial que prevé para ciertos fraccionamientos, que el privado ceda el 10% de la tierra, “situación que ocurre con emprendimientos en Ruta 39 que están a consideración, donde la Intendencia dispondrá de tierras al Oeste de dicha ruta, y entre 8 y 10 hectáreas al margen de la perimetral”.
También se da cuenta de los avances hacia la regularización total de los barios San Antonio 3, 4 y 5, así como La Capuera que “ha sido en gran parte regularizada”, y los realojos de El Placer y San Antonio, para los que se construyen viviendas en acuerdo con el Mvotma.
Dice el FA que se invirtieron $ 600 millones de recursos propios para atender la problemática de la vivienda y el hábitat, “la mayor inversión de la historia en este rubro en Maldonado”, y que el resultado es de unas 1.850 soluciones habitacionales, entre viviendas entregadas o aún en fase de culminación.
“Tuvimos una política para los asentamientos en tierras públicas y con resultados en todo el departamento: Selva Negra Piriápolis, la vía San Carlos, manzana 64 en Cerro Pelado, Las lavanderas, Las violetas, Kennedy, El Milagro, Nueva Esperanza, etcétera, por autoconstrucción”, se sostiene.
Interrogante
Más adelante se pregunta si “¿no existirá una intencionalidad de los privados para obtener algunas ventajas, trasladando el problema que hay sobre su propiedad a la esfera pública?”, aludiendo a versiones que aseguran que el dueño de dos padrones en Los Eucaliptus busca negociar con la comuna.
Asimismo, acusa de irresponsables a quienes “hablan” de números sin ningún sustento racional, “falseando la realidad y queriendo manipular la opinión pública”, a través de “portavoces de la derecha (que) se equivocan feo, porque desconocen lo que se hizo y porque tampoco quieren saberlo”.
“Son falsos los números que se manejan como deudas, porque las contrapartidas del Mvotma, van llegando en función de los avances de obra. Es falso que se le debe a MEVIR; están los recursos para pagar cuando la obra concluya”, dispara más adelante el comunicado.
También “es falso que le debemos a la ANV por mano de obra y por materiales porque es la ANV que construye y contrata. La Intendencia se hace cargo de los aportes sociales, según el convenio que es conveniente leer, antes de hacer apreciaciones públicas malintencionadas”, se complementa.
Por otra parte, se acusa al actual gobierno departamental de haber detenido las obras “sin explicación”, lo que desembocó en el envío al Seguro de Paro de 70 obreros, por lo que es “absurdo atribuirle a nuestra administración los costos de esos eventuales juicios que puedan desencadenarse”.
Finalmente y tras algunas consideraciones vinculadas al déficit de la comuna, se remarca que el gobierno del FA, “no solo dejó un déficit porcentualmente inferior al heredado en relación a los ingresos, sino que lo hizo sin sacrificar la calidad de los servicios y sin reducir la inversión social”.
