Múltiples irregularidades fueron constatadas por el TCR, en la auditoría realizada a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Maldonado, correspondiente al ejercicio 2014. En la Junta Departamental, se denunció que la administración De los Santos, ese año duplicó el déficit de la comuna.

La administración frenteamplista de Maldonado pagó millones de pesos a empresas suministradoras de bienes y servicios que presentaron certificados vencidos de la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), según un informe del Tribunal de Cuentas.

Este martes durante la sesión de la Junta Departamental de Maldonado -última del año 2015 antes del receso-, la edila nacionalista Magdalena Zumarán aseveró en base a un “informe de hallazgos” del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), que el déficit de la comuna asciende a los US$ 95 millones.

Zumarán, exhibiendo un voluminoso expediente, reveló que en una auditoría del TCR, se fijó el déficit acumulado al 31 de diciembre de 2014, en US$ 45 millones, pero que ese monto se duplicó durante el último año de gestión frenteamplista en este departamento.

“En total, el pasivo estructural supera los US$ 95 millones”, dijo Zumarán, lo que equivale a un incremento del 80% en el último año de la gestión frenteamplista que fue cerrado por la escribana Susana Hernández, como titular del Ejecutivo Departamental.

Según el documento, en el año 2014, cuando la comuna fue gestionada por Oscar De los Santos y finalmente por Susana Hernández, se produjo un “déficit operativo de $ 489 millones”, en tanto que, la diferencia entre ingresos y egresos, generó un déficit acumulado de $ 1.095 millones al 31 de diciembre de 2014.

El “informe de hallazgos”, firmado por el contador Patricio Young, de la División Auditoría del TCR, establece en algunos tramos, que la administración pasada pagó voluminosas sumas de dinero a empresas proveedoras de bienes y servicios, con certificados de la DGI y del BPS vencidos.

También se menciona que fueron refinanciadas millonarias deudas por concepto de Contribución Inmobiliaria, sin el amparo de una norma que regulara ese tipo de procedimiento, y que hubo aportes en efectivo al fideicomiso del Centro de Convenciones y Predio Ferial.

El TCR, también probó que algunos municipios violentaron leyes al ordenar y reiterar gastos hasta el límite de la compra directa, y que la administración anterior violentó la Ley N° 9.515 al aprobar la suscripción de un fideicomiso para viviendas de interés social y concretar transferencias de dinero al mismo.

Las anteriores, son solo algunas de las irregularidades enumeradas en el documento remitido a la comuna por el TCR el pasado 10 de diciembre, titulado “informe de hallazgos de auditoría" sobre la Rendición de Cuentas y balance de ejecución presupuestal del ejercicio 2014 de la IDM.