La Junta Departamental de Maldonado aprobó la creación de una Comisión Pre Investigadora, que definirá si se da lugar a la conformación de una Investigadora, para analizar el acuerdo alcanzado meses atrás por la administración Antía con el abogado Hugo Alvez, por el cual éste último será indemnizado en más de US$ 500.000.

El edil colorado Juan Eduardo Silvera, propuso este martes en la Junta Departamental de Maldonado, la conformación de una Comisión Pre Investigadora, que defina si se da lugar a una Investigadora para analizar el acuerdo entre la administración Antía y el doctor Hugo Alvez.

A fines del mes de junio, Silvera había realizado un pedido de informe sobre este tema, pero no habría obtenido respuestas del Ejecutivo, por lo cual solicitó la conformación de una Pre Investigadora, lo que fue votado durante la sesión del Legislativo Departamental.

El grupo de trabajo quedó conformado con ediles de los tres partidos políticos representados en el Legislativo, y tendrá un plazo de 48 horas para expedirse y recomendar la conformación de una Investigadora para analizar a fondo el polémico asunto por el cual también el FA pidió informes.

La Intendencia de Maldonado indemnizará al doctor Hugo Alvez (abogado) en poco más de US$ 500.000 por los presuntos perjuicios sufridos desde 2006, cuando la administración De los Santos lo cesó en tres oportunidades. El acuerdo se selló algunos meses atrás, anulando la demanda judicial que estaba en curso.

El informe de MaldonadoNoticias del 27 de junio pasado dando cuenta del acuerdo alcanzado entre la administración Antía y el doctor Hugo Alvez, por el cual éste último será indemnizado en US$ 500.000, generó múltiples reacciones y la primera fue de Silvera y luego de la bancada de ediles del FA.

El acuerdo por el voluminoso monto, dejó por el camino una larga demanda judicial que aún no tenía sentencia, y fue el punto que más llamó la atención, porque no existía certeza de que la IDM perdiera ese juicio. Antía y Alvez son correligionarios políticos desde hace muchos años.

El sábado 16 de julio, MaldonadoNoticias informaba que la bancada de ediles del FA, elevó un pedido de informes para conocer detalles del acuerdo entre la administración Antía y el abogado Hugo Alvez. Hasta el día de hoy no se sabe si el pedido de la oposición fue respondido.

El doctor Hugo Alvez Cuñetti (estrechamente vinculado al Partido Nacional), fue funcionario municipal contratado desde el año 1991, habiendo desempeñado cargos de asesor letrado, de dirección y dirección general. El 9 de junio de 2006, fue cesado en sus funciones por el entonces Intendente, Oscar De los Santos.

La rescisión del contrato tuvo origen en una serie de omisiones y faltas graves constatadas en su trabajo anterior en la Dirección de Asesoría Jurídica, según la administración De los Santos. Todo consta en el pedido de informes elevado al Ejecutivo por la bancada del Frente Amplio, con fecha 5 de julio del presente año.

La decisión de desvincularlo de la Intendencia de Maldonado, tuvo su punto de partida en una infracción bromatológica, cuando en marzo del año 2004 (aún gobernaba el Partido Nacional), tres inspectores denunciaron un posible desacato a la autoridad municipal y una contravención al Reglamento Bromatológico.

Alvez quedó encargado de presentar una denuncia penal. En enero de 2005 (seis meses después y sin realizar aún la denuncia penal) el profesional informó que, “visto el tiempo transcurrido, y en aras de la reorganización que cada año se lleva en la Feria Judicial Mayor, se sugiere el archivo”.

La denuncia penal finalmente fue realizada por otro abogado en octubre de 2005, aunque, “la omisión de realizar la denuncia penal, en tiempo y forma, por parte del doctor Hugo Alvez, terminó perjudicando absolutamente la acción penal”, y en consecuencia a la propia Intendencia de Maldonado.

La resolución del Intendente De los Santos desvinculando al profesional de la comuna, fue anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), mediante sentencia del 4 de noviembre de 2010, por “violación al debido proceso”. Alvez fue reintegrado a sus funciones a partir del 1° de mayo del año 2011.

Lo hizo pasando inmediatamente en comisión al despacho del diputado Nelson Rodríguez (PN), aunque no fue indemnizado por los perjuicios que entendió había sufrido, razón por la que promovió una Acción Reparatoria Patrimonial ante el Juzgado Letrado de 5° Turno de Maldonado.

Otro sumario instruido al doctor Hugo Alvez, cuando se encontraba en comisión con el diputado Rodríguez, se originó cuando se supo que participó como abogado patrocinante en la esfera judicial, de un funcionario municipal que había sido denunciado penalmente por el robo de combustible.

Durante las actuaciones, también se probó su participación como abogado, representando a empresas denunciantes ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, y solicitando el cese preventivo de medidas dispuestas por la administración comunal que el mismo calificó como “anticompetitivas”.

Se entendió que el cúmulo de conductas desplegadas por Alvez, “configuraban una falta grave, y basándose en especial en los informes de las funcionarias asesoras, que actuaron en sus respectivas calidades de Instructora y Letrado de Precepto, se resolvió en octubre de 2012, declarar disuelto el vínculo contractual” con Alvez.

Todo inconcluso

A julio de 2015 -cuando asumió el Intendente Enrique Antía-, con excepción de la primera acción de nulidad ante el TCA, que determinó una sentencia favorable al doctor Hugo Alvez, todos los reclamos judiciales posteriores “habían sido controvertidos por los profesionales actuantes en nombre de la Intendencia”.

Ninguna de las 3 acciones legales posteriores había culminado en julio de 2015, “y por lo tanto tampoco ninguna de ellas había arribado a sentencia”, cuando en junio del presente año la administración Antía llegó a un acuerdo con el doctor Hugo Alvez, tal cual lo informara oportunamente MaldonadoNoticias.

El FA entendió que se suspendieron -sin conocerse el motivo­ las acciones judiciales, sin esperar el resultado de los procedimientos y las sentencias correspondientes “que establecerían si se contemplaban las demandas, total o parcialmente, o si se daba razón a la actuación de la administración”.

Por otra parte, se subrayó que “se realiza una transacción sin autorización de la Junta Departamental”, y que se contradice todo lo actuado judicialmente por los profesionales de la División de Asesoría Jurídica de la Intendencia, “y los resultados de los procedimientos sumariales”.

El FA pretende saber por qué se suspendieron “de común acuerdo los procedimientos judiciales en trámite y en qué fecha”, y por qué no se esperó el resultado de los mismos, para que se estableciera “si habían existido ilegalidades, violaciones del debido procedimiento o actos administrativos ilegítimos”.

También se desea saber por qué no se remitió “la transacción realizada al Ministerio Público y a la Junta Departamental para su autorización”, como lo dispone el Artículo 35 - Numeral 11 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515. Además se pidió la remisión de todas las actuaciones relativas a una serie de expedientes vinculados.

Las deudas

A julio de 2015, los perjuicios económicos reclamados por Alvez, incluían: rubros salariales (entre diciembre de 2005 y el 1° de mayo de 2011) con actualización e intereses a la fecha de la demanda, por $ 3.443.174. Con actualización e intereses desde la fecha de la demanda a julio de 2015, $ 5.580.000.

Por daños y perjuicios por pérdida de chance de presupuestación y ascensos, el 30% del reclamo original, que asciende a $ 1.721.587; monto que actualizado y con intereses desde la fecha de la demanda, trepa a los $ 2.790.000. Por concepto de daños y perjuicios por juicios ejecutivos, otros US$ 50.000.

Por daño moral, persecución política y exposición mediática y daño a la reputación, US$ 50.000, en tanto que por conceptos de daños y perjuicios preceptivos (Ley N° 10.449), el equivalente al 50% de rubros salariales, suma que asciende a los $ 2.790.000.

En cuanto al segundo periodo, que incluye el segundo y tercer cese en la función, el reclamo por rubros salariales calculado de octubre de 2012 a julio de 2015, comprende 35 meses, más 6 salarios por concepto de aguinaldos y salarios vacacionales, totalizando $ 2.562.000.

Por daños y perjuicios por “pérdida de chances”, $ 883.800; por daños y perjuicios preceptivos otro $ 1.473.000; por daño moral US$ 50.000; y por juicios ejecutivos US$ 30.000. El total de ambos reclamos asciende a la suma de $ 16.462.800 (equivalentes a US$ 180.000).

Empero, esta no sería la cifra definitiva a desembolsar por parte de la Intendencia de Maldonado, ya que surgen otras actualizaciones, aunque de procederse a la restitución del doctor Alvez, el desembolso sería de $ 15.114.269 (US$ 476.000, aproximadamente).

Al margen, el demandante entiende que debería considerarse una suma adicional compensatoria de honorarios profesionales y gastos procesales, ya que debió enfrentar 13 procesos a lo largo de casi 11años. El monto reclamado asciende a $ 1.300.000 (US$ 40.000, aproximadamente).

Finalmente, la administración Antía entendió que “es ajustada a Derecho la propuesta presentada por el Dr. Hugo Alvez en todos sus términos”, reclamando la restitución de los rubros salariales que dejó de percibir, además de la suma que surge de la Actuación N° 14”.

En relación a la forma de pago, el monto total de lo reclamado, pasó a la dirección general de Hacienda para que estableciera la forma de pago, información que no ha sido divulgada. El monto aceptado por ambas partes, asciende a los $ 16.414.269, equivalente a poco más de US$ 500.000.