La cantidad de jóvenes que la Justicia remite al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) se redujo de 800 en 2015 a 500 en 2018, según las autoridades, porque las políticas sociales llegaron a los núcleos poblacionales vulnerables.

La presidenta del Inisa, Gabriela Fulco dijo durante la presentación del balance y perspectivas para una hoja de ruta 2020-2025, que, “estamos en el momento en que tenemos la menor cantidad de menores de 18 años privados de libertad y en conflicto con la ley de la historia de Uruguay”.

Subrayó que los 500 adolescentes que cumplen medidas con y sin privación de libertad cursan estudios con acompañamiento de la institución, una meta quinquenal que se alcanzó en 2018, y que en 2015 se encontraban en el Inisa 800 jóvenes, todos privados de libertad.

“Se trabaja en prevención primaria y en salud mental porque los jóvenes llegan al sistema con mucho daño emocional y muy vinculados a la droga, lo que destroza y abre las puertas para llegar al delito”, situación a la cual se suma “la inserción al crimen organizado, que cada día capta a los menores de edad para determinados trabajos y luego son descartados”, explicó.

Agregó que la continuidad de la educación formal y no formal son el eje central del desarrollo de las medidas socioeducativas, así como mantener y promover el diseño de planes individuales que potencien las capacidades personales de los adolescentes, incluyendo actividades culturales, recreativas y deportivas.