A través del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, el gobierno destina unos US$ 15 millones anuales para obras de gran porte en los 19 departamentos y 122 municipios del país. A su vez, el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) aporta otros $ 1.300 millones para proyectos de infraestructura.

Los principales ejes de la política de descentralización, iniciada en 2005 y ejecutada a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), apuntan a promover la equidad social mediante el desarrollo de la infraestructura para ciudades sostenibles, la competitividad, el acceso a los servicios y la participación ciudadana.

“Esto no es simplemente devolver a los territorios lo que ellos aportaron, sino que es devolver un valor agregado que tiene que ver con cómo los uruguayos avanzamos hacia la equidad, hacia los mismos derechos”, explicó el director de Descentralización e Inversión Pública de OPP, Pedro Apezteguía.

Según detalló el jerarca, el cumplimiento de esta meta se refleja de manera progresiva en el desarrollo de obras y servicios, pero también en la mejora de los indicadores, como el índice Gini de desigualdad y la reducción de la pobreza en todo el país.

La descentralización también se desarrolla con el objetivo de mejorar la distribución de la riqueza y promover la participación ciudadana para ejecutar soluciones más precisas para cada territorio. Este esquema también repercute en una mayor eficiencia del gasto público y del funcionamiento del Estado, acotó.

Pedro Apezteguía, agregó que los recursos destinados son muy importantes para los gobiernos departamentales, porque estos invierten el 15% de sus ingresos en obras públicas, con proyectos evaluados por OPP y la Comisión Sectorial de Descentralización.

Una de las principales herramientas para el financiamiento de obras de gran porte en el interior del país es el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS), que, a través de una línea de crédito del BID, proporciona a las intendencias unos US$ 15 millones anuales, no reembolsables.

La segunda etapa de este préstamo (PDGS II) extiende el programa hasta 2022 y permitirá financiar 25 obras de gran escala en los 19 departamentos. Los proyectos implicarán, por ejemplo, la renovación total de los accesos de ingreso a algunas capitales departamentales.

En otros casos, la construcción del saneamiento en barrios enteros, la edificación de una residencia universitaria, la canalización de cursos de agua, así como obras de cordones, cunetas y pavimentos. El contrato suscripto con el BID en el marco del Congreso de Intendentes prevé un crédito de US$ 75 millones.

Al monto anterior, se agrega una contrapartida nacional de US$ 15 millones. Las obras de gran escala también reciben aportes económicos del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), un instrumento de financiación integrado por un porcentaje de los tributos nacionales recaudados fuera de Montevideo.

Estos se devuelven a los territorios para ser invertidos en proyectos. El 66% del monto total es ejecutado de manera directa por los ministerios y el 33% restante conforma el programa FDI, cuya ejecución corresponde a las intendencias. Este monto se distribuye entre los 18 departamentos.