El diputado y ex intendente de Maldonado Oscar De los Santos (Alianza Progresista - FA) expuso la situación que atraviesan los trabajadores de la UGD-OSE Maldonado y la que enfrentarán en breve los de Aguas de la Costa cuando finalice la concesión. Dijo que la solución está en la promulgación de una ley aunque se requieren acuerdos individuales.
De los Santos, tras historiar el proceso de creación de la UGD-OSE Maldonado (Ley N° 17.902 del 23 de septiembre de 20005, que solo contó con los votos del FA) y como se concesionó parte del servicio en forma muy anterior a Aguas de la Costa S.A., ingresó en la problemática de los trabajadores de ambas empresas.
Explicó que en la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE trabajan 152 personas y 27 en Aguas de la Costa. Los trabajadores de la primera están en “una situación difusa, ya que no tienen el estatus de funcionario público, pero a la hora de contemplar sus derechos laborales tampoco son tratados como privados”.
Agregó que esto genera “junto a una situación de injusticia, incertidumbre en el marco del derecho laboral nacional. Además, hay que considerar que alrededor de 50 trabajadores, que hoy pertenecen a la UGD, antes eran funcionarios de OSE que aceptaron cobrar incentivos para retirarse de la gestión pública”.
Ante tal escenario, Oscar De los Santos entiende que se deben buscar soluciones en forma particular. “Lo mismo sucede con la incertidumbre que se comienza a generar con los trabajadores de Aguas de la Costa S.A”, por lo cual la salida más eficaz para resolver el asunto es la redacción de una ley.
Dijo que ha propiciado reuniones con el sindicato de la UGD, y que se ha reunido con autoridades de OSE y del Ministerio de Trabajo contribuyendo a juntar las partes para “avanzar y lograr un acuerdo final que dé cierre a estos procesos de forma consensuada, a través de la negociación tripartita…”.
“Está claro que la inversión en Maldonado fue hecha de forma creativa, es una de las más importantes que se haya hecho de una sola vez en la historia del departamento y ha permitido planificar el desarrollo. Recuperar para el Estado ese territorio fue una conquista ciudadana del plebiscito de 2004”, acotó.
Por eso, “reconocer los derechos de los trabajadores es una obligación que debemos ser capaces de construir”, agregó, pidiendo que sus palabras fueran enviadas al gremio de la UGD; a FFOSE; a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes; así como al Mtss y al Mvotma.
Largo proceso
Oscar De los Santos, en el comienzo de su exposición había recordado que, en febrero de 1993, durante el gobierno de la época, se concesionó por 25 años el suministro de agua potable y la gestión de saneamiento de una vasta zona del departamento de Maldonado, al Este del arroyo Maldonado.
Fue en favor de la empresa Aguaclara, que luego devino en Aguas de la Costa S.A. La zona privatizada incluía La Barra, El Tesoro, Manantiales, El Chorro y José Ignacio. Las tarifas aplicadas por esa empresa siempre estuvieron muy por encima de las de OSE en el resto del país.
En abril de 2011, OSE adquirió el 60% del paquete accionario de esta empresa y resolvió equiparar las tarifas de agua y saneamiento. Entre 2000 y 2005, también se privatizó el agua y la gestión del saneamiento en las ciudades de Maldonado, Punta del Este, Piriápolis, San Carlos y el resto del departamento.
La gestión fue entregada a la empresa Uragua, de origen español, que, como contrapartida, debía realizar el saneamiento en las ciudades mencionadas. Como las obras nunca se realizaron, hubo distintas movilizaciones en Maldonado hasta que, finalmente, se llegó a un plebiscito que se realizó en 2004.
El 31 de octubre de 2004, la voluntad ciudadana fue ratificada en las urnas y en 2005, ya instalado el primer gobierno del FA, al tiempo que se rescindía el contrato con Uragua por flagrantes incumplimientos, se mantenía la concesión de Aguas de la Costa S.A. hasta el final del plazo, que vencerá el 1° de marzo de 2019.
