La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, aseguró que el incremento de tobilleras electrónicas para atender la emergencia de violencia doméstica es una preocupación del gobierno nacional. Anunció, junto con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, la ampliación del presupuesto para estos dispositivos en US$ 4 millones, para comprar un 50% más de tobilleras y llegar a 1.500 dispositivos al finalizar el año.
Tras la reunión entre la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, ambas adelantaron que se reasignará presupuesto para financiar la implementación de la Ley N° 19.580, de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.
Anunciaron que el Ministerio de Economía y Finanzas destinará al del Interior una partida de US$ 4 millones para el programa de Verificación y Localización de Personas (tobilleras electrónicas). La medida incluye su arrendamiento, software y personal para el monitoreo.
Actualmente hay en funcionamiento unos 1.000 dispositivos y se adquirirán 200 más en los próximos días, hasta completar 1.500 al final de 2020, es decir, que el incremento es de 50% en un año. “Nos escucharon hablar en forma reiterada de la necesidad de tener más pulseras electrónicas para las víctimas, ya que había lista de espera”, dijo Argimón.
La titular de Economía, destacó que las acciones destinadas a la mujer no pasan solo por la atención a la problemática de la violencia de género, por lo que el Poder Ejecutivo, respaldará otras iniciativas, como el programa de prevención, atención y tratamiento del cáncer de cuello de útero, entre otros.
Arbeleche explicó que todas estas son acciones que la secretaría de Estado que dirige apoyará. Además, recordó que el borrador de la ley de urgente consideración propone la adecuación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), entre otras medidas.
“La igualdad de derechos tiene que ser para todos, independientemente de nuestra inclinación sexual, color de piel, la religión que practicamos, nuestra nacionalidad u origen étnico. Es un derecho humano fundamental, que permitirá el desarrollo personal de cada persona”, añadió.
