Docentes del Programa Educación en Contexto de Encierro de Educación Secundaria que desarrollan tareas en la cárcel de Las Rosas (establecimiento N° 13 del INR), denuncian persecución, acoso verbal y violencia hacia ellos desde hace algunos meses. La denuncia generó la reacción de Fenapes y varias filiales, así como del gremio que nuclea a los funcionarios civiles penitenciarios.

Los docentes del programa E.C.E., que desarrollan tareas en la cárcel de Las Rosas, denuncian “persecución, acoso verbal y violencia”, situación que se ha agudizado en los último meses. “El ingreso a la cárcel conlleva ciertos protocolos y requisitos que son comunicados a las/os docentes con anticipación al comenzar los cursos”, explicaron.

Empero, dicen que “en el último tiempo los funcionarios policiales le prohíben el ingreso de manera arbitraria a algunas profesoras y profesores con supuestas órdenes que al parecer varían según el día”, y que, “a veces se deja ingresar con celular, a veces no, a veces se deja ingresar con llaves, a veces no, a veces se deja ingresar con computadoras, a veces no…”.

Sostienen que las nuevas órdenes de ingreso no se notifican con anticipación a los docentes, y que la primera medida estuvo vinculada al ingreso de teléfonos celulares lo que se autoriza siempre y cuando esté registrado en una planilla; aún cumpliendo con este requisito, aseguran que algunos docentes “no han podido ingresar con el mismo”.

También, últimamente están teniendo problemas para ingresar sus computadoras personales, un “recurso didáctico fundamental”, porque “hasta que no se elabore una planilla con autorización, nuevamente el docente se ve obligado a dejar su computadora en su vehículo o a retirarse si no tiene dónde dejar la misma”.

En la última semana de julio se sumó otra disposición, que prohíbe el ingreso a cualquier docente con la llave de su vehículo, aunque tampoco se les permite dejar las mismas a los funcionarios policiales. Les sugieren “dejar los vehículos abiertos o dejar su llave en la rueda del auto; al mismo tiempo nos aclaran que no se responsabilizan por hurtos o pérdidas”.

Pero además, denuncian que sumado a lo anterior, “debemos lidiar con la falta de respeto constante de los funcionarios policiales en el ingreso, quienes no dialogan, gritan, amenazan e insultan. No son hechos aislados, sino que vienen ocurriendo de manera sistemática a la mayoría de las y los profesores y ascendiendo en la escala de violencia”.

Los docentes están preocupados por las exigencias de ingreso que son poco claras, muy cambiantes y sin previo aviso. “Pareciera un boicot por parte de la institución policial a la Educación en Contexto de Encierro, que al igual que el resto de la educación pública, día a día sufre recortes”, señalan más adelante en el extenso comunicado emitido.

Finalmente y en cuanto a las condiciones de trabajo, recuerdan que compete al Ministerio del Interior garantizarlas, así como el derecho a la educación, y afirman que “la Policía no garantiza que los estudiantes asistan a las clases, sino que deciden de forma arbitraria quien sale de la celda y quien no”, coartando el derecho de acceso a la educación.

Por otra parte, a pesar de que es la citada cartera la que debe aportar los materiales didácticos básicos para el desarrollo de las clases, “en este momento la situación es crítica”, ya que los estudiantes “deben partir sus lápices por la mitad y compartirlos”, además de que muchos “no tienen cuadernos”.

Reacciones

En forma inmediata a conocida esta denuncia y reclamo, la Regional Maldonado de Afutu, así como La filial San Carlos de Fenapes, emitieron sendos comunicados no solo replicando la denuncia por los graves hechos que están ocurriendo, sino solidarizándose con los docentes afectados.

La Regional Maldonado de Afutu, “deplora los hechos de acoso y violencia que están sufriendo” los docentes de la institución en la unidad N° 13 del INR, e insisten en que se trata de situaciones reiteradas por parte de quienes ejercen una autoridad “que no corresponde” y afectando los planes de educación.

Asimismo, exige a la dirección del centro de reclusión que, “se haga responsable de la situación, tome las medidas ejemplarizantes correspondientes y salvaguarde la seguridad y la libertad de trabajo de todas/os nuestros compañeros”, y pide a los gremios policiales que repudien estos hechos.

Por su parte, la filial San Carlos de Fenapes se manifiesta en los mismos términos y subraya además que, “es responsabilidad del Ministerio del Interior y de las autoridades del Codicen de la Anep que estén dadas las condiciones materiales y humanas” para garantizar el trabajo docente y el proceso de enseñanza.

Finalmente, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), emitió otro comunicado en el que se solidariza con la Regional Maldonado de Afutu, “por los hechos que vienen sucediendo en la Unidad N° 13 de Las Rosas”, y “repudia los hechos de violencia y acoso que han sufrido nuestros compañeros docentes”.