La coordinadora del SIPIAV e integrante del INAU, María Elena Mizrahi, dijo que en este quinquenio se procura hacer hincapié en una nueva estrategia y abordaje respecto a los niños víctimas de violencia doméstica. El objetivo es que ese niño tenga una vida familiar sin violencia y procurar que, el traslado a un centro sea siempre la última opción, por el desarraigo que supone.

Cuando está en plena investigación el caso de tres niñas residentes en un hogar de las Comunidades Beraca, en Maldonado, donde serían objeto de maltrato y no estarían junto a un familiar mayor referente, se anuncian medidas tendientes a evitar el desarraigo.

En el marco de un seminario sobre violencia doméstica, organizado por la ong “Por la integración”, la coordinadora del Sistema Nacional de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) e integrante del INAU, María Elena Mizrahi, se refirió a las nuevas políticas frente al maltrato y/o abuso de menores.

“El nuevo directorio se plantea una línea específica, dentro de los cinco ejes programáticos, y es que los niños vivan una vida familiar sin violencia. Esto implica plantear líneas de acción para que todos quienes trabajamos en la temática, lo hagamos con una misma lógica”, explicó Mizrahi.

“Lo que vemos cotidianamente es que muchos de los niños que ingresan a INAU o que tienen contacto con la institución tienen, además de otros derechos vulnerados, situaciones de violencia. Debemos abordarlas de forma integral, trabajando con la familia de esos niños y con la comunidad”, agregó.

En cuanto a las situaciones que se plantean ante un niño víctima de violencia doméstica, o su madre, Mizrahi dijo que son los jueces quienes definen si hay una quita del hogar, o si debe pasar un tiempo alejado por la situación, en función de lo dispuesto en el Código de la Niñez.

Aclaró que lo que sí puede hacer un equipo de INAU en el territorio, que visualiza la existencia de una situación de violencia extrema, es hacer un informe al juez para que este tome medidas de protección.

La especialista informó que en 2014 se trabajó, a nivel de todo el país, con 1.728 situaciones de violencia. Más del 28% de los ingresos a tiempo completo en Montevideo (los que se pueden reportar), es decir niños que pasan a vivir un tiempo en dependencias de INAU, son por situaciones de violencia.

“Es una cifra importante en sí misma y en la vida de los niños porque se entiende que los pequeños deben vivir en familias que los protejan, que les den afecto, y pasar a vivir en una institución siempre tiene sus complejidades”, indicó María Elena Mizrahi.

En este contexto, dijo que entienden el accionar del Poder Judicial, porque cuando un juez recibe una situación de violencia, por lo menos en los juzgados de urgencia, pueden tener la presunción del delito (del abuso sexual porque es concretamente en este aspecto, y pasa a penal).

El problema es que, por lo general, cuando se detecta un caso de abuso intrafamiliar, ya pasó un tiempo, por lo cual las pruebas no siempre están. Esto deriva en que, si no se encuentra un adulto protector referente dentro de la familia, el juez opte por decidir su ingreso a una dependencia de INAU.

Ante este escenario, se está trabajando con el Poder Judicial para ver cómo incluir el tema penal en el sistema de respuesta que deben dar todos, teniendo en cuenta, además, las nuevas necesidades que se generan en las leyes y pensando en la posibilidad de una ley integral.