El 31 de diciembre del año pasado, 18 funcionarios que ingresaron por concurso no fueron recontratados por la actual administración departamental, que alegó "una reestructura", como consecuencia del "déficit económico". Sin embargo, hasta la fecha han ingresado varios funcionarios en las mismas áreas y por contratación directa, según se constata en distintas resoluciones avaladas por el Intendente de Maldonado.

El 31 de diciembre del 2015, por medio de la resolución 09041/2015, la Intendencia de Maldonado resolvió no renovar contrato de 18 funcionarios que desempeñaban funciones en las direcciones de Comunicaciones, Jurídica, Higiene, Obras y Talleres, Género, Políticas Sociales, Vivienda y Cultura.

El expediente N° 2015-88-01-18992 que refiere a estos ceses de contrato, y al que accedió en su momento MaldonadoNoticias, señala que la decisión surge ante "la necesidad de racionalizar la estructura sin afectar el servicio"; además se explica que dicho listado fue elaboado por recomendación de las direcciones pertinentes.

Tras estos despidos, el Intendente de Maldonado, Enrique Antía, señaló a varios medios que los ceses se debían a una reestructura necesaria para la administración por el déficit económico, y también que era de su conocimiento que varios de esos ex funcionarios eran afines al Frente Amplio, pero descartó que se tratara de "persecución política".

Recontrataciones

De los 18 funcionarios cesados a fines del año pasado, tres de ellos fueron recontratados entre los meses de enero y marzo de este año. En uno de los casos se le otorgó un pase en comisión y, en los otros dos, la administración los recontrató debido a "problemas de salud", según información recabada por MaldonadoNoticias.

La resolución N° 09477/2015 establece el pase a comisión a la Intendencia de Rocha de una de las funcionarias que en un principio integraba la lista de los funcionarios cesados; en tanto que en la resolución Nº 01799/2016 se resuelve recontratar al funcionario con ficha 14558, donde se fundamenta su recontratación por "un problema de salud que le exige realizar tratamiento médico en forma permanente, y al no contar con cobertura médica le sería imposible realizarlo".

Además, se considera que "no sería fácil insertarse en el mercado laboral nuevamente". Asimismo, en la resolución Nº 00406/2016 se recontrata al funcionario con ficha 14915, en este caso sin especificar los motivos de la renovación de su contrato.

El reclamo

El 19 de abril de este año, cuatro funcionarias que integraban las lista de los cesados, elevaron una nota al Instituto Nacional de las Mujeres, donde denunciaron que la resolución de la IDM se vulneró el "derecho a la igualdad de género, ya que, de las 18 bajas, 10 afectaron a mujeres, en su mayoría jefas de hogar, con menores a cargo; dos de ellas con embarazos en curso en el momento que se produjo el cese".

Destacaron además que ingresaron "tras obtener los primeros lugares de concursos de oposición y méritos. Nuestros legajos carecían de observaciones, sanciones, faltas e incluso contábamos con muy buenas calificaciones y méritos. Cabe aclarar que los contratos que teníamos eran públicos y de carácter permanente, por lo que no eran a término", sostienen.

Manifiestan además que ignoran "cuál fue el sistema de ponderación y selección de nuestras personas para la cesantía", y que desconocen "los fundamentos de la reestructura" señalados por la administración departamental.

Sostienen que el expediente N° 2015-88-01-18992 que refiere a estos ceses de contrato "se encuentra bajo candado", y que desconocen el contenido de los memorandos que contiene, ya que les negaron el acceso a los mismos "en reiteradas oportunidades y aún desconocemos su contenido".

En el mismo escrito las ex funcionarias denuncian que, en la IDM se están realizando contrataciones directas para los mismos puestos donde se desempeñaban. Ponen como ejemplo, la contratación del yerno del Intendente de Maldonado para trabajar en la dirección de Comunicaciones, contenida en las resoluciones 06541/2015, 00355/2016, y rectificada por la resolución 01178/2016.

Por otra parte, también subrayan la contratación directa y bajo la modalidad de "arrendamiento", de tres abogados para desempeñar tareas en la órbita de la dirección general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud (Resolución N° 02595/2016); y de un arquitecto también para dirección general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud (Resolución Nº 01593/2016).

También otras contrataciones y recontrataciones para el área de Comunicaciones dispuestas en las resoluciones Nº 06204/2015; Nº 01701/2016; Nº 07807/2015; Nº 00354/2016; Nº 06205/2015; y Nº 01702/2016, entre otras, cuyos ingresos se realizaron en forma directa y sin ser evaluados por concursos y méritos.

El 19 de abril, también elevaron una nota a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, denunciando que en su momento se había gestionado el pase en comisión de estos funcionarios, como una alternativa para no ser despedidos, pero eso fue denegado por parte de la IDM.

Sin embargo, el pasado 30 de marzo se autorizó el pase en comisión a la Intendencia de Montevideo, de un funcionario psicólogo (Resolución N° 02226/2016), quien cuenta con menos antigüedad que una de las despedidas en su momento y quien además cursaba su quinto mes de embarazo, al momento de solicitar el pase en comisión.

Largo peregrinaje

Los trabajadores despedidos señalaron a MaldonadoNoticias que han mantenido reuniones con varios organismos "en busca de respuestas"; en primera instancia se recurrió a ADEOM, donde no recibieron respuestas, según señalaron. También recurrieron al PIT-CNT, a la comisión de Trabajo del Parlamento, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Trabajo de la Junta Departamental. En ninguno de los casos se llegó a un avance en sus planteos.

El 22 de enero, desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se solicitó a la Intendencia de Maldonado un pedido de informes sobre la resolución tomada, en base a la denuncia presentada ante esta institución por parte de las funcionarias despedidas.

La administración respondió el 16 de marzo, enfatizando que la decisión fue tomada por la "racionalización administrativa de esta administración", en tanto que, sobre las contrataciones directas denunciadas por las ex funcionarias, el informe elevado desde el área de Asuntos Legales señala que se carece de conocimiento sobre dicho planteo y que se deberá recurrir a las direcciones pertinentes.