La Intendencia de Maldonado, dictó una resolución por la cual se establece el pedido de una serie de documentación al momento de presentarse a abonar la contribución inmobiliaria de padrones con deudas abultadas, de gran parte de la zona costera del departamento.

La administración departamental ya tomó medidas tendientes a frenar la ola de ocupaciones ilegales de tierras en zonas costeras, confirmada en el mes de agosto, tras una recorrida realizada por jerarcas de la comuna y ediles de distintos partidos políticos.

Tras la visita a balnearios ubicados entre Punta Negra y Bella Vista, se decidió analizar las estrategias a seguir ante la proliferación de ocupaciones que se supone son el resultado de maniobras de una o más organizaciones dedicadas a la venta de tierras ajenas.

Un aspecto que se destacó, es que no se trata de ocupaciones como se registra en otros sitios del departamento, donde por una razón u otra, familias que han quedado sin trabajo o no desean retornar a sus lugares de origen deciden asentarse en tierras generalmente municipales.

En el caso de los terrenos que se están ocupando ilegalmente en distintos puntos de la costa de la Zona Oeste del departamento -que va desde Punta Negra a Bella Vista-, se trata de delimitaciones de tierras o construcciones pequeñas que dan la sensación de un pequeño obrador.

Según lugareños y autoridades, el proceso se inicia delimitando un padrón, luego la colocación de alguna alambrada o tejido y más adelante la instalación de un pequeño galpón. Finalmente aparecerá algún cartel de “se vende”, sin que nadie se haya afincado nunca en el lugar.

Si bien se trata de tierras privadas, las autoridades departamentales entendieron que se debía intervenir porque la situación es extremadamente irregular, y hay una o más personas que pueden estar manejando información privilegiada participando directamente en los negocios.

Otro dato que confirma que se trata de negocios ilegales, es que donde se ha avanzado en algún tipo de construcción más sólida y definitiva, no aparece ningún tipo de inscripción a los organismos competentes. Tampoco solicitudes de construcción en los municipios respectivos.

Primera medida

En ese marco, la Intendencia de Maldonado dictó la Resolución Nº 6.441/2016 que dispone medidas preventivas para evitar “presuntas ocupaciones ilegales de inmuebles”, y ante la necesidad de regular la percepción y fiscalización de los tributos respecto a determinados inmuebles.

La dirección de Asuntos Legales, realizó un detalle de las acciones llevadas adelante por la comuna a los efectos de verificar las presuntas irregularidades en relación a las ocupaciones detectadas, señalando que, “son hechos de notoriedad pública y que podrían existir diversas ilegalidades”.

En ese marco, recomendó “proceder en forma preventiva y cautelar mientras se resuelven esas situaciones”, en uso de las facultades que le confieren los artículos 1 y 3 del Código Tributario, “al bloqueo del pago del impuesto de contribución inmobiliaria” en distintas zonas.

En ese marco quedaron comprendidos los balnearios Las Flores, Solís, San Francisco, Playa Grande, Bella Vista, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Colorada, Punta Negra, Sauce de Portezuelo, Ocean Park (al Oeste), y los balnearios Buenos Aires, Eden Rock y Santa Mónica (al Este).

El bloqueo del pago de la contribución inmobiliaria, refiere a deudas superiores a los dos años, para lo que se exigirá “el previo control de la documentación que acredite la calidad de propietario, promitente comprador, promitente vendedor, usufructuario o poseedor declarado…”.

El otro requisito para pagar ya sea al contado o en cuotas, es que la solicitud del contribuyente deberá ser remitida por la dirección de Administración Documental o los municipios, a la dirección general de Asuntos Legales, donde se realizará el contralor de la documentación correspondiente.

La comuna estima pertinente el dictado de este acto administrativo, ya que va a contribuir “a garantizar el principio constitucional de seguridad jurídica”, que alude a la certeza, el orden, la firmeza y la confianza en el ordenamiento, especialmente en las relaciones entre el ciudadano y la administración.

En la Junta

Sobre este asunto se refirió en la última sesión de la Junta Departamental de Maldonado, la edila (s) del Partido Nacional, María Mafio, quien remarcó que las ocupaciones ilegales de tierras costeras venía siendo denunciada desde hace más de un año por los vecinos.

“En su momento, los vecinos denunciaron que se trataba de terrenos que mantenían deudas por concepto de contribución inmobiliaria y estas personas aparentemente obtenían información de alguna fuente confiable. Incluso se manifestó que se pagaba por dicha información”, dijo Mafio.

Sostuvo que, “es una situación realmente injusta en la medida en que son personas que no tienen necesidades económicas, que se apropian de propiedades ajenas, sacando un provecho que no corresponde, en desmedro de los vecinos que han llegado a tener su terreno o su vivienda en base a sacrificio y trabajo”.