La demolición estaba prevista para este miércoles 15 de noviembre pero está postergada. La denuncia fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación desde donde será derivada a una de Maldonado para que le solicite a la Justicia una medida cautelar que suspenda la demolición.

De acuerdo a lo que informa La Diaria este martes, los abogados del estudio Donnángelo-Durán-Sasson presentaron una denuncia penal contra el intendente de Maldonado, Enrique Antía, tras disponer el desalojo y luego la demolición de un grupo de viviendas ubicadas en la costa de Punta Colorada.

La denuncia fue radicada este lunes 13 de noviembre en la Fiscalía General de la Nación, mientras que en paralelo, los abogados Hugo Costa y Marcelo Güinle presentaron una acción de amparo ante la Justicia Civil, que busca, como medida cautelar, detener el desalojo previsto para este miércoles.

En la denuncia, se plantea que los antepasados de la familia a la que la Intendencia de Maldonado quiere desalojar compraron el padrón en 1896 y que habitan en viviendas con más de 150 años de antigüedad. Cerca, el año pasado habían sido demolidas varias boteras.

Según el matutino, los denunciantes plantean que el intendente está violando el Artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial (N° 18.308), donde se establece que, en el caso de querer detener obras o demolerlas “la Intendencia Municipal deberá concurrir ante la sede judicial de turno”.

Significa que es la Justicia quien debe expedirse por un eventual incumplimiento de las normas de construcción, paso que la administración departamental habría omitido, además de buscar “destruir la vivienda donde aún viven parte de los denunciantes sin ofrecer ningún tipo de indemnización”.

La demolición fue definida en una resolución de la IDM de 2021, y fue impugnada por la familia, integrada por personas de entre 80 y 87 años, por lo que está pendiente la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como la presentación del caso en la Justicia.

“El intendente no puede ejecutar administrativamente la demolición de las construcciones existentes en el padrón, en ausencia de un previo pronunciamiento del Poder Judicial”, señalaron los abogados en la denuncia según está consignando esta jornada La Diaria.

El abogado Pablo Donnángelo, dijo que se está incurriendo en abuso de funciones al no llevar el caso a la Justicia y subrayó que “está fuera de las competencias” del intendente Enrique Antía, ordenar el desalojo de las viviendas con el mero asesoramiento de la dirección de Asuntos legales.

Donnángelo agregó que Uruguay fue el primer país en ratificar la Convención Americana para la protección de adultos mayores y señaló que dentro de los derechos consagrados en la convención está la protección contra desalojos ilegales, que es lo que se está denunciando en este caso.

Para los denunciantes, el jefe comunal de Maldonado incurre en abuso de funciones en la medida en que actúa con arbitrariedad en perjuicio de particulares. El delito, previsto en el Artículo 162 del Código Penal, dispone penas de entre 3 meses y 3 años de penitenciaría.

Comprende a, “el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales”.

Aunque oficialmente la Intendencia de Maldonado no se ha expedido sobre este caso, distintas fuentes indican que la demolición prevista para este miércoles 15 de noviembre se suspendió. Desde la Fiscalía General de la Nación, la denuncia será derivada a una Fiscalía de Maldonado.

Muy cerca

En septiembre del año pasado la IDM demolió construcciones cercanas a estas 4 casas. Primero fueron abiertas con la presencia de escribanos que labraron las actas correspondientes. Todas estaban desocupadas y habían sido construidas en la denominada “faja de defensa de costa”.

El miércoles 7 de septiembre, maquinaria de la dirección general de Obras y Talleres de la Intendencia de Maldonado inició la demolición de las construcciones que eran “usufructuadas por particulares y estaban ubicadas en la faja de defensa de costas”, dijo la directora de Medio Ambiente de la comuna.

Bethy Molina había señalado que esa etapa formaba parte de un plan general de recuperación del espacio costero “para darle un uso disfrutable por parte de toda la población”, aunque se preveía dejar una rampa de acceso al mar para los pescadores y una bajada a la costa para el público.

La demolición incluyó un grupo de boteras (espacios para guardar pequeñas embarcaciones y enseres) construidas en espacios públicos costeros décadas atrás y que la comuna recuperó tras un largo proceso. Estas boteras se encontraban al lado de las 4 casas en cuestión.