La audiencia se celebró este jueves 16 de noviembre en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 3° turno de Maldonado, en la que no compareció la parte demandante, y se ratificó lo sentenciado en otras 5 instancias: las construcciones que la Intendencia de Maldonado pretende demoler, están en espacios públicos.
El Juez de Primera Instancia de 3° turno de Maldonado, Federico Rodríguez Luzardo, desestimó el recurso de amparo solicitado por varios hermanos que aducen ser los propietarios de varias casas ubicadas entre la rambla De los Delfines de Punta Colorada y la costa.
En la sentencia de primera instancia, que ahora se eleva a un Tribunal de Apelaciones, se ratifica que los promotores del recurso de amparo no presentaron documentación que acredite la propiedad de las construcciones en cuestión, y al igual que en fallos anteriores, se indica que son tierras de dominio público.
La familia González, integrada por varios hermanos, había presentado la acción de amparo para evitar la demolición de 4 casas de las que sostienen son los legítimos propietarios, pero nuevamente se ratifica que están en espacios públicos. Fueron notificados de la demolición el martes 7 de noviembre.
Al ser interpuesta la acción de amparo, el Juez Rodríguez Luzardo hizo lugar el lunes 13 de noviembre a la medida solicitada por los demandantes disponiendo la prohibición de demoler a la Intendencia durante la tramitación del proceso y hasta que se conozca la sentencia ejecutoria.
En el fondo del asunto, se sostiene que lo que se discute es si la administración tiene o no potestades para demoler las construcciones o si necesita de una decisión judicial, en tanto la sentencia de este jueves debe ser inmediatamente elevada a un Tribunal de Apelaciones que se estima, se expedirá a la brevedad.
En el resumen de la extensa sentencia (a la que sepuede acceder al final de esta crónica), se consigna que los promotores interpusieron recursos administrativos que ya fueron denegados, así como una acción de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que se encuentra en trámite y pendiente de resolución.
Por otra parte se acoge a la excepción de cosa juzgada, con respecto a los demandantes, que significa que quienes se atribuyen el derecho de propiedad ya promovieron un proceso de amparo tendiente a la suspensión de las demoliciones en cuestión y que su pretensión fue desestimada en primera y segunda instancia.
Hay que recordar que, en forma independiente a esta instancia los demandantes radicaron una denuncia penal contra el Intendente de Maldonado, Enrique Antía, al que acusan de abuso de funciones. Hasta las últimas horas del jueves, no se sabía si el jefe comunal ya había sido notificado.
Habló el acusado
Hay que recordar que, en forma independiente a esta instancia los demandantes radicaron una denuncia penal contra el Intendente de Maldonado, Enrique Antía, al que acusan de abuso de funciones. Hasta las últimas horas del jueves, no se sabía si el jefe comunal ya había sido notificado.
Horas antes de la instancia judicial, Antía había hablado del litigio y sostuvo que “inventan y generan una movida donde le sumaron testimonios de personas que hace 40 años viven en tierra ajena”, pero olvidando que la Justicia ya laudó en varias oportunidades respecto a que son tierras públicas.
Además, dejó entrever que mientras por un lado se busca la sensibilidad de la población, mostrando a personas mayores de edad que podrían quedar sin su vivienda, en verano algunas de esas propiedades ubicadas en un punto privilegiado de la costa se alquilan.
Reiteró que para todo ese espacio está previsto un proyecto de desarrollo para Punta Colorada, que incluye el traslado de la sede de la ong SOS - Rescate de Fauna Marina, con buenas condiciones, piscinas acordes para la preservación de animales y saneamiento del cual hoy carece.
