Este lunes 18 de marzo se conocieron las últimas sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), con las que se agotaron todas las instancias de reclamo, por lo que la administración está habilitada a demoler las cuatro casas ubicadas sobre la costa del balneario Punta Colorada, reclamadas por particulares.

Las dos sentencias finales del TCA, que quedaron a disposición de la Intendencia de Maldonado este lunes 18 de marzo, ponen punto final al diferendo que se arrastra desde hace unas tres décadas, por las cuatro casas que se encuentran emplazadas en la rambla De los Delfines entre calles El Haragán y El Pedregal, conocidas como “techitos rojos”.

La directora de Asuntos Legales de la administración, Adriana Graziuso, recordó que durante todos estos años la Intendencia buscó recuperar la tenencia del padrón en litigio, pero que permanentes reclamos ante la Justicia lo impidieron. Ahora, los últimos fallos emitidos por el TCA, deben poner punto final a nuevas intenciones de reclamo por parte de quienes dicen ser propietarios.

Las sentencias reafirman el final de los procesos judiciales, algo que se refleja en dos sentencias difundidas esta jornada y que impiden la iniciación de nuevos procesos. Lo hace a través de la resolución N° 28, que hace referencia a demolición de las casas y la otra, la N° 27, que hace referencia a los embarcaderos (boteras) ubicadas también en Punta Colorada.

“… un Estado de Derecho no solo debe reconocer a los justiciables el debido acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, sino también, y no menos importante, debe asegurarles el derecho a que exista un punto final en los procesos que impida la renovación eterna de los mismos, pues ello también atenta contra las bases más profunda de una democracia”, dice textualmente la N° 28.

Para Graziuso se ratifica el reconocimiento público de los padrones en cuestión, algo que -vale recordar-, ya habían reconocido tanto el propio TCA como la Justicia en diferentes instancias, por lo que se desprende que la Intendencia de Maldonado queda facultada para proceder como lo tiene planificado, a la demolición de las antiguas construcciones.

Hubo denuncia penal

Cabe recordar que el lunes 13 de noviembre del año pasado, se radicó una denuncia contra el intendente de Maldonado, Enrique Antía y contra la directora de Asuntos Legales, en la Fiscalía General de la Nación, por parte de los abogados del estudio Donnángelo-Durán-Sasson, tras disponer el desalojo y demolición del grupo de viviendas ubicadas en la costa de Punta Colorada.

En la denuncia, se planteaba que los antepasados de la familia a la que la Intendencia de Maldonado quiere desalojar, compraron el padrón en 1896 y que habitan en viviendas con más de 150 años de antigüedad. Cerca, durante el año 2022 habían sido demolidas varias boteras.

Los denunciantes, plantearon que el intendente Antía estaba violando el Artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial (N° 18.308), donde se establece que, en el caso de querer detener obras o demolerlas “la Intendencia Municipal deberá concurrir ante la sede judicial de turno”.

El lunes 11 de diciembre, el jefe comunal compareció en la Fiscalía de Maldonado hacia la que se derivó el caso, asistido por Jorge Barrera. Al retirarse, Antía dijo a los medios presentes, que era “una vergüenza que hagan una denuncia penal cuando hay seis resoluciones judiciales que dicen que son públicas”.

Además, reiteró que se estaba cumpliendo “con las seis sentencias y en el medio aparece en Montevideo una denuncia penal enredando la piola. Tengo claro que actué dentro de la ley y de mi mandato como intendente para defender las cosas de la comunidad y por eso vine a dar la cara”.

Para los denunciantes, el jefe comunal de Maldonado incurrió en abuso de funciones en la medida en que estaba actuando con arbitrariedad en perjuicio de particulares. El delito, previsto en el Artículo 162 del Código Penal, dispone penas de entre 3 meses y 3 años de penitenciaría.

Concluida la investigación, la Fiscal de 3° turno, Fabiana Corbo Figueroa, determinó que la conducta de la directora general de Asuntos legales, Adriana Graziuso, y del Intendente de Maldonado, Enrique Antía, en cuanto a la orden de demolición de 4 viviendas en Punta Colorada, “fue legítima y ajustada a derecho”.

Consideró que “no se trata de acto arbitrario y no fue dictado en abuso del cargo", y planteó que “tampoco se verifica el elemento subjetivo, en tanto la Intendencia tenía como finalidad generar un espacio de utilidad pública, sobre un predio que prima facie”, es de dominio público.

Además, se confirmó que los demandantes tiene domicilios reales en Montevideo y Maldonado, siendo las fincas de Punta Colorada, “utilizadas únicamente para veraneo y alquiler de temporada”, ya que no pudieron acreditar que viven allí en los procesos civiles y contencioso administrativo tramitados.