El edil (s) del Frente Amplio, Joaquín Garlo, realizó en la Junta Departamental una exposición en la que cuestionó la serie de exoneraciones a grandes proyectos que otorga la Intendencia de Maldonado, y sostuvo que la administración pierde más de US$ 4 millones que podría destinar a obras y programas de viviendas, por favorecer grandes intereses privados que por el momento no han generado las fuentes de trabajo anunciadas.
Tras hacer un repaso por las diferentes exoneraciones aprobadas, Joaquín Garlo dijo que se deben agregar “las excepciones a la normativa urbana vigente, otorgadas por parte de esta Junta Departamental, que benefician directamente a decenas de empresarios de la construcción”.
Recordó que se han otorgado en lo que va de este período de gobierno más de 50 excepciones, y que entre las más solicitadas y autorizadas están las vinculadas a la altura de algunas edificaciones, al Factor de Ocupación Total (FOT), al Factor de Ocupación de Suelo (FOS) y a la cantidad de pisos.
Según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) “que es contundente en su análisis y sus conclusiones”, señaló Garlo, “una cuestión fundamental sobre estas excepciones otorgadas es la ganancia económica que implica para los desarrolladores privados…”.
“De un día para el otro se ven favorecidos al aumentar notablemente el aprovechamiento que le pueden dar a sus terrenos”, agregó, al tiempo de mencionar un trabajo realizado por el CURE, concluyente en cuanto a que “en la política urbana de Maldonado la excepción se ha convertido en la regla”.
De regalo
Joaquín Garlo entiende que, entre las excepciones a la normativa y las exoneraciones tributarias, se produce “una concesión por parte del gobierno departamental, y por tanto de todos los habitantes de Maldonado, en favor de los empresarios, en favor de los particulares”.
Antes de dar algunos ejemplos, explicó que tomando datos de solamente 28 expedientes de los más de 50 que refieren a excepciones edilicias, la DINOT calculó promedialmente cuánto hubiera recaudado la Intendencia de Maldonado si no hubiese renunciado a los tributos ya mencionados.
Por la tasa de edificación, se recaudarían más de $ 74 millones y medio en un año, 60% más que lo recaudado en 2015. Respecto a Contribución Inmobiliaria, aclaró que no hay datos, pero que, en 2013, según la OPP la Contribución Inmobiliaria urbana representaba el 45% del total de los ingresos de Maldonado.
En cuanto al retorno por mayor valor inmobiliario (creado por el Decreto 3870 durante el gobierno del FA), afirmó que “esta norma va en sintonía con la Ley de Ordenamiento Territorial, y busca la justicia y la equidad social, redistribuyendo las riquezas generadas por la industria de la construcción”.
Por este concepto, entre 2011 y 2015 se recaudaron más de $ 188 millones, que fueron asignados al Fondo de Gestión Territorial, “y que se tradujeron en obras para el pueblo de Maldonado y viviendas de interés social, esas que son tan necesarias”, remarcó Garlo.
“En el caso del retorno por mayor valor, si no hubiese sido suspendido su cobro por parte del Intendente Antia, se recaudarían más de 37 millones y medio de pesos que irían destinados exclusivamente a obras para mejorar Maldonado y a viviendas de interés social para las y los que más necesitan”, aseveró.
Garlo se lamentó que la administración Antía renuncie a cobrar más de US$ 4 millones que se podrían volcar en distintas iniciativas, y dijo que la Junta Departamental les permitió a los empresarios, “meterse en el bolsillo millones de dólares que deberían estar en las calles”.
Ni una ni otra
Pero también cuestionó al propio Legislativo, que por mayoría en todos los casos aprobó muchas de las excepciones mencionadas. Garlo dijo que el pretexto fue reactivar la industria de la construcción al tiempo de generar fuentes de trabajo, lo que “es pan para hoy y hambre para mañana”.
“¿Qué va a pasar en dos o tres años cuando se finalicen las obras y los trabajadores queden nuevamente desempleados? ¿Se van a renovar las exoneraciones? ¿Y así entrar en un círculo infinito de exoneraciones a la construcción?”, se preguntó.
Por otra parte, dijo que ha pasado mucho tiempo desde la aprobación de decenas de proyectos y “la gran mayoría de las obras no han comenzado”, porque lo que hicieron en muchos casos “fue mover arena de un lado a otro y cercar los terrenos para así cumplir con el plazo de inicio y no perder los beneficios fiscales”.
Garlo recordó que el Intendente Antía había sostenido públicamente que en el segundo semestre del 2017 “se iban a generar cientos y cientos de nuevos puestos de trabajo a raíz de las inversiones beneficiadas”, y que, casi finalizando el primer semestre de 2018, “los resultados no tienen ni miras de verse”.
“La realidad demuestra que, basándonos en datos del BPS, en enero de 2018 hay menos trabajadores en la construcción que en enero de 2017. Estamos en el nivel más bajo de los últimos doce años. Hay solamente 2.541 trabajadores en actividad en la industria de la construcción”, sostuvo.
Por otra parte, dijo que “es una gran mentira” decir (como incluso lo expresó un edil del FA dos semanas atrás en el plenario y algunos jerarcas de la IDM) responsabilizar a la COMAP y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el retraso en el comienzo de algunas obras.
Joaquín Garlo dijo que se comunicó con el MEF donde le explicaron que la COMAP cuenta con 4 funcionarios, los suficientes para estudiar los 55 expedientes que tienen actualmente a estudio, 24 de los cuales corresponden a Maldonado y se encuentran en distintas etapas.
Informó que 2 de ellos ya fueron aprobados, otros 2 se encuentran en la fase final de evaluación, y 9 no cuentan con el permiso de construcción de la propia IDM. Por otra parte, a los otros 11 “les faltan información que los inversionistas no han aportado aún”.
(Foto: MaldonadoNoticias)
