El edil frenteamplista Fermín De los Santos, realizó un nuevo pedido de informes sobre otro litigio entre la Intendencia de Maldonado y particulares, por tierras costeras de Manantiales que, entiende deben ser públicas y no pueden dar lugar a negociaciones de ningún tipo.
Fermín De los Santos, comenzó expresando su satisfacción por la noticia conocida hace algunas semanas respecto a tierras reclamadas por particulares en Playa Hermosa, que la Justicia estableció son de dominio público. “El carácter público de la faja costera se defiende cuando los particulares se quieren apropiar de la misma sin títulos que lo justifiquen”, sostuvo.
Se refirió al pronunciamiento de un Tribunal de Apelaciones “que ratifica el fallo de primera instancia de un Juzgado de Maldonado, que desestimó la pretensión de los hermanos Anagnostis de hacerse dueños de tres padrones ubicados en la primera fila, frente al mar, en Playa Hermosa, nada menos que 52.000 metros cuadrados de faja costera al Sur de la Ruta 10”.
Recordó que ediles del FA y de otros partidos, han rechazado “la transacción oculta e ilegal que hizo el Intendente Antía al reconocer como propiedad privada una zona de la faja costera” de Eden Rock, aunque, “gracias al recurso presentado en el Parlamento por muchos ediles de esta corporación, ninguno del Partido Nacional, ha sido anulada desde el año pasado”.
En Manantiales
Luego, se refirió al expediente judicial 290-78-2013, radicado en el Juzgado Letrado Civil de 6º Turno de Maldonado por la empresa Rocío S.A. contra la Intendencia de Maldonado, en el mes de abril de 2013. Se trata de una acción civil reclamando la propiedad sobre una fracción del padrón N° 2.598, en la zona de Manantiales.
Esa tierra, explicó De los Santos, “se extendía al Sur de la Ruta 10, inmediatamente al Este de las actuales Terrazas de Manantiales que construyera la familia Macri en su momento; desde el estacionamiento donde para y retoma la línea de micros a Punta del Este y en dirección hacia la Ruta 104, por toda la extensión de costa frente al actual complejo Selenza”.
Recordó que, la administración frenteamplista de la época se opuso a la demanda, incorporando varios informes de Catastro municipal y de las áreas Notarial y Jurídica, “demostrando que el terreno está dentro de la faja pública de los 150 metros, alegando contra los argumentos débiles del demandante, posición tradicional que han defendido los gobiernos departamentales anteriores…”.
A pesar de ello, explicó De los Santos, en octubre de 2016 mediante un procedimiento similar al de Eden Rock, “el actual gobierno departamental y los demandantes presentaron un escrito solicitando ´la suspensión del proceso durante treinta días´, a lo que la Jueza actuante accedió en noviembre de 2016”.
Agregó que, vencido el plazo, “se han sucedido varias prórrogas de la suspensión, llegando hasta la última, del 29 de junio, por la cual solicitaron sesenta días adicionales de prórroga porque hay ´en trámite administrativo tratativas entre ambas partes tendientes a la autocomposición del litigio en curso´.”
El edil De los Santos, se lamentó que nuevamente en un caso donde tiene “todas las chances de ganar la Intendencia”, se acuerde con el demandante “para suspender las actuaciones”, lo que genera una serie de interrogantes que pretende evacúe la actual administración departamental.
“¿Qué están negociando? ¿Qué oscura y secreta transacción están amasando? ¿Otra vez el Intendente Antía pretenderá escapar de la Fiscalía Letrada y de la Junta Departamental o los ediles del partido de gobierno que han asegurado a ciegas sus votos sin saber de qué se trata? Porque estoy seguro de que no saben, ni siquiera de qué se trata lo que estoy hablando”, preguntó.
Fermín De los Santos preguntó en el plenario del Legislativo si otra vez se está preparando una resolución para favorecer a un particular, “con beneficios millonarios en dólares”; y hasta se atrevió a sentenciar que “algo huele feo, muy feo…”, en torno a esta situación con tierras costeras de Manantiales.
Finalmente, reveló el contenido del pedido de informes elevado a la administración Antía, en virtud de “estos antecedentes del gobierno actual de plegarse a las demandas millonarias de algunos particulares sin hacer valer los derechos efectivos para la defensa de la faja costera pública y por todas las dudas concretas que plantea este caso…”.
Solicitó:
1) Copia de todos los escritos presentados por la Intendencia Departamental de Maldonado en forma individual o conjunta con el demandante, desde julio de 2015 en adelante, en actuaciones del expediente judicial 290-78-2013, caratulado: “Rocío S.A. C/ padrón 2.598, acción declarativa de propiedad”.
2) Copia de los expedientes administrativos y/o resoluciones y/o documentación de otro tipo, en donde consten las instrucciones y directivas emanadas del jerarca departamental o de quien actúe por facultades delegadas y por las que se establezcan los lineamientos a seguir por los letrados actuantes, en este caso judicial.
3) Copia de los expedientes administrativos, que es lo que se está tramitando con el demandante la eventual “autocomposición extrajudicial del litigio en curso”.
4) Copia de cualquier otra documentación en la que figure el fundamento jurídico y administrativo que explique la conducta procesal de la Intendencia, desde julio de 2015 en adelante, y específicamente la solicitud de suspensión de los plazos procesales y las sucesivas prórrogas que llevan ya casi dos años.