El martes 4 de noviembre, Barrabino hizo uso de la totalidad de la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental de Maldonado, exponiendo sobre lo que tituló como “el concepto de soberanía” y la importancia de “sostener con hechos y no palabras a la democracia…”. Aludió al gobierno del Frente Amplio y defendió a “viejos servidores públicos” que han sido enjuiciados por delitos cometidos durante la dictadura.

Durante la media hora previa de la última sesión de la Junta Departamental de Maldonado, el edil (s) del Partido Nacional, Gaspar Barrabino, expuso sobre lo que calificó “el concepto de soberanía y la importancia de esta para sostener con hechos y no palabras a la democracia y, por ende, a la república y su Constitución”.

Barrabino, militar retirado, irrumpió en la vida política con el nacimiento de Cabildo Abierto (año 2019), en tanto que durante el anterior periodo de gobierno departamental ocupó un cargo de confianza en la administración Antía. En la última elección, integró una lista del Partido Nacional por la que resultó electo edil.

En su extensa exposición (utilizó todo el tiempo de la media hora previa), se refirió a soberanía, al poder del pueblo y al “plebiscito” como un mecanismo de participación directa para aprobar o rechazar una reforma constitucional. “Solo se utiliza para modificar la Constitución y se vota en simultáneo con una elección nacional”, subrayó.

Repasó cada uno de los plebiscitos desde 1980 hasta el año pasado, y dijo en determinado momento que, “el partido político que actualmente gobierna (a nivel nacional) no solo no respetó lo decidido por el pueblo en lo que respecta a la Ley de Caducidad, sino que ha sido y es su modus operandi el volver sobre temas donde la gente dijo que no”.

Acusó que, “cada tanto vuelven sobre el tema del voto epistolar. O recientemente, siguiendo por ese camino de artilugios propios de su forma de operar, siguen cuestionando y pretendiendo eludir lo decidido en el referéndum de 2022, en el que el soberano decidió mantener la LUC en la totalidad de sus artículos…”.

Insistió en que, “es responsabilidad de todos, tanto de los ciudadanos como de sus representantes, estar atentos, ya que hay antecedentes de que lo que este partido político no logra con mecanismos de democracia directa lo busca imponer por otros medios, interpretando lo que le sirve a la gente”.

Más adelante, también aludió a militares, policías y civiles que fueron imputados por delitos cometidos durante la dictadura, a quienes calificó como “viejos servidores públicos”, los que “sufren en silencio el olvido de sus conciudadanos, justamente aquellos que los llamaron a actuar y por lo que muchos dieron todo, incluso, sus propias vidas”.

Gaspar Barrabino, casi sobre el final, mencionó que a la fecha, 37 de esos “servidores públicos” han fallecido en prisión; 35 se encuentran con prisión domiciliaria por razones de edad y graves problemas de salud; 6 se encuentran presos en la Guardia Republicana y otros 27 en la Unidad de Detención Nº 8 de Domingo Arena.

También que hay otros 9 formalizados, 1 procesado sin prisión, 6 liberados y 3 en libertad condicional. “Hablamos de 124 septuagenarios, octogenarios y nonagenarios, razón por la que el Estado uruguayo está denunciado en Ginebra en 15 causas individuales, una grupal y tres denuncias en la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Washington D.C”, concluyó el edil oficialista.

Fuerte reacción

Si bien la exposición en el seno de la Junta Departamental no tuvo una reacción inmediata de parte de la bancada frenteamplista, sí fue analizada durante la última sesión de la Mesa Política del Frente Amplio de Maldonado, que, mediante un comunicado expresó su más profundo rechazo a las declaraciones Gaspar Barrabino.

Uno de los tramos analizado puntualmente por el máximo órgano del FA, fue el vinculado a los imputados por delitos graves cometidos durante la última dictadura, “en referencia a personas condenadas por delitos de terrorismo de Estado, las calificó como ‘viejos servidores públicos’ que sufren el olvido de quienes los llamaron a actuar”.

Para el FA, “estas expresiones resultan inadmisibles en el marco de un Estado democrático y de derecho, pues relativizan crímenes de lesa humanidad, ofenden la memoria de las víctimas y desconocen los principios básicos de verdad, justicia y reparación que nuestra sociedad ha construido con enorme esfuerzo desde el retorno a la democracia”.

“El terrorismo de Estado en Uruguay dejó miles de víctimas: personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, presas o exiliadas por razones políticas”, y, “quienes fueron condenados por su participación en esos hechos no son ‘olvidados servidores’, sino responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sancionados con las garantías del debido proceso”, sostiene el FA.

Asimismo se considera “especialmente preocupante que un representante departamental -y más aún, integrante del partido de gobierno del intendente Miguel Abella- intente justificar o atenuar la responsabilidad de quienes actuaron al margen de la ley y de la ética pública”, señala el comunicado del Frente Amplio de Maldonado.

En consecuencia, en el comunicado se rechaza “todo intento de revisar, negar o justificar el accionar del terrorismo de Estado y exigimos el más absoluto respeto a las víctimas y a sus familias. La dictadura, en su violación a los derechos humanos, no se detuvo en las fronteras de ningún partido…”.

“… persiguió, torturó y asesinó a uruguayos pertenecientes a todas las colectividades políticas del país, incluso del partido al que este edil representa en la Junta Departamental”, por lo cual se exhorta a las autoridades de los partidos políticos departamentales a pronunciarse con claridad frente a estas manifestaciones.