El Instituto Nacional de Colonización (INC), emitió un comunicado a raíz de trascendidos que vinculan a la entidad con una empresa panameña, en el marco del escándalo internacional de los Panamá Papers, y con un juicio que habría perdido con la misma. Allí quedaron revelados los negociados realizados con las tierras de la ex RAUSA, en Gregorio Aznárez, antes que pasaran al INC.

De acuerdo al INC, Portmar Invest Group S.A. es una sociedad anónima panameña dirigida formalmente por dos secretarias y representada en Uruguay por un buffet de abogados, que fue apoderado el 29 de junio de 2005 para administrar la sociedad sin limitación alguna.

Reconoce que entre el Instituto y la mencionada S.A. se plantearon tres litigios que fueron todos ganados por el INC, “en primera y segunda instancia en el Juzgado Letrado Civil de 15° Turno; también obtuvo sentencia favorable en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.

Finalmente el restante litigio planteado ante el Juzgado Civil de 6º Turno, culminó con un “acuerdo transaccional con el grupo inversor”, el que entregó las tierras que rodean la localidad de Gregorio Aznárez, el 20 de diciembre de 2012, e indemnizó por concepto de daños y perjuicios al INC.

El comunicado explica que estos litigios se originaron por el ofrecimiento -en el cumplimiento del Artículo 35 de la Ley N° 11.029, con fecha 3 de marzo del 2006-, de un campo de casi 4.000 hectáreas que pertenecía a la ex azucarera RAUSA, en el Oeste del departamento de Maldonado.

“Dicho campo fue vendido mediante remate judicial y comprado por Portmar Invest Group S.A., quien fue simultáneamente ejecutante, mejor y único postor; por el precio de US$ 4.000.000. El 20 de diciembre de 2007, se autoriza la escrituración forzada a favor del INC de dicho campo”, señala el comunicado.

Empero, en forma previa al remate judicial, el 1º de mayo de 2005, el Grupo Portmar y RAUSA establecieron un arrendamiento del campo a 15 años y por una renta de US$ 0,87 por hectárea, cifra que llamó poderosamente la atención por lo alejada del valor real de las tierras.

Fue allí que con el fin de acceder a esas tierras, el INC inició el juicio de nulidad del contrato de arrendamiento y por daños y perjuicios, el que culminó con un acuerdo transaccional 6 años después. “La demandada Portmar entrega la tierra al Instituto (3.900 hectáreas) el 20 de diciembre de 2012”, señala el INC.

Eso ocurría ocho años antes del vencimiento del contrato de arrendamiento (caducaba recién el año 2020). Además, la empresa debió abonar la suma de US$ 250.000 por concepto de daños y perjuicios al Instituto Nacional de Colonización, titular en estos momentos de la tierra.

Como MaldonadoNoticias lo ha informado en varias ocasiones, en esas tierras de Gregorio Aznárez, se está desarrollando un proyecto lechero que implicará el establecimiento de 18 familias de colonos, a las que Mevir les construye sus viviendas y 4 salas de ordeñe.

Además, se prevén áreas hortícolas, ganaderas y de explotación forestal, lo que generó según el INC, “un proceso de desarrollo territorial, con una profunda articulación interinstitucional y de llegada de políticas públicas”, con la participación del Estado y diversas instituciones públicas y privadas.

“En tierras de propiedad del Estado uruguayo se distribuye una importante riqueza productiva y de ingresos para productores familiares, que redunda en la dinamización del pueblo Gregorio Aznárez y su entorno”, concluye el comunicado emitido este viernes por el INC.

El contacto

En Uruguay, la cara visible de la empresa panameña Portmar Invest Group S.A., era el ex candidato presidencial colorado, doctor Pedro Bordaberry, quien incluso llegó a realizar en algún momento, gestiones ante la Intendencia de Maldonado en nombre de “los inversores”.

En 1999, el entonces solo abogado y representante de la empresa panameña, Pedro Bordaberry, había elevado una carta al Intendente de Maldonado, Camilo Tortorella, en la que explicaba que la S.A. integrada por diversos inversores, se había reunido con el objetivo de adquirir las tierras de RAUSA.

Esos padrones, en ese momento mantenían una millonaria deuda con la Intendencia de Maldonado por concepto de contribución inmobiliaria, lo que Bordaberry se comprometía en esa carta a cancelar, el nombre de los inversores extranjeros.

Según una investigación de Caras y Caretas (del año 2014), el 29 de junio de 2005, la empresa con sede en Panamá, le otorgó un poder general (estampado en la escritura pública 8.103) al doctor Pedro Bordaberry, quien solo cuatro meses antes había dejado la titularidad del Ministerio de Turismo.

(Foto: Captura Google Street View)