En un escenario de creciente criminalidad organizada y con hechos que marcan un punto de inflexión, como el atentado contra la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, el diputado nacionalista presentó ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados un paquete legislativo compuesto por 5 proyectos de ley orientados a endurecer la respuesta penal contra el crimen organizado y el narcotráfico.

“Es hora de pasar de la indignación a los hechos. Estas son medidas concretas que buscan desarticular a las mafias, aislar a sus líderes y devolver tranquilidad a la ciudadanía”, dijo el diputado blanco por Maldonado, Diego Echeverría, al presentar una batería de proyectos que busca combatir más efectivamente el crimen organizado.

Los ejes principales de los proyectos, apuntan al “ataque directo a las organizaciones criminales”, mediante la creación de una ley especial inspirada en el Artículo 416-bis del Código Penal italiano y otras normativas internacionales, así como la aplicación de penas más severas para quienes integren estas estructuras.

Esto deberá incluir regímenes especiales de reclusión que impidan la continuidad delictiva desde las cárceles, y agravantes específicos para organizaciones con vínculos internacionales, “reconociendo la creciente conexión de grupos locales con carteles y mafias extranjeras”.

“Uruguay ha pasado de ser un país de tránsito a convertirse en centro de acopio de drogas desde al menos 2017. Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de transformarnos en un enclave del crimen organizado regional”, advirtió Echeverría en su argumentación que, apunta al agravamiento de penas según la gravedad y el impacto social.

El legislador propone el incremento de las penas para el tráfico de drogas sintéticas de alto riesgo (fentanilo, nitazenos, xilacina), y endurecimiento de sanciones cuando la posesión de sustancias ilícitas supere volúmenes que denoten capacidad de daño y poder dentro del mercado criminal.

También penas más altas para homicidios cometidos en el marco del crimen organizado, “que muchas veces alcanzan a víctimas ajenas a los conflictos criminales”, así como también una adecuación de las penas al tráfico de armas, con una mayor respuesta “al contrabando y tráfico de armas”.

Estos delitos, según Diego Echeverría, hoy son castigados con “sanciones bajas en relación al rédito económico que generan”. Además, se debe contemplar la permeabilidad de las fronteras con Brasil y Argentina como factor crítico que alimenta y brinda facilidades al mercado ilegal de armamento.

En esencia, Echeverría pretende “un cambio estructural en la política criminal”, y que haya una reforma de fondo en la lucha contra el crimen organizado en Uruguay, “con énfasis en la represión penal, el aislamiento carcelario de líderes criminales y la desarticulación de sus redes”, en base a experiencias exitosas de otros países.