Cuando en el mes de enero de este año comenzaba a fermentar la polémica por la demolición si o la demolición no del ex hotel San Rafael, el diputado del Partido Independiente (PI) tomó otro camino: quiso saber si es viable el otorgamiento de un casino privado para el proyectado complejo.
Al diputado del PI, ingeniero Andrés Carrasco, le preocupa que el inversor (Giuseppe Cipriani) esté apostando a un complejo turístico de gran envergadura en función de si el gobierno le autoriza un casino privado, que sería el segundo en Punta del Este en muy pocos kilómetros.
El legislador, entrevistado este lunes en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, aclaró que no discute el emprendimiento que se pretende desarrollar “porque está votado y está bien”, pero se plantea muchas interrogantes respecto al volumen de dinero necesario para la inversión.
Andrés Carrasco, reveló que el propio Giuseppe Cipriani le dijo que una pieza fundamental para desarrollar el emprendimiento de US$ 450 millones en San Rafael, depende del funcionamiento de un casino, y “cuando no tenemos la plata me preocupa”, acotó el legislador del PI.
“Se puso la carreta delante de los bueyes”, dijo, y recordó que independientemente de todas las discusiones y hasta de una instancia judicial, el centro del proyecto giraba en torno a la recuperación del ex hotel San Rafael, porque en ninguna parte se dijo explícitamente que sería demolido.
“Me temo que si no se autoriza el Casino el emprendimiento no se desarrolle” como está previsto, reiteró el legislador que, ya realizó dos pedidos de informes por este tema al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), habiendo recibido las respectivas respuestas.
En la última, el MEF confirmó que el grupo inversor encabezado por el empresario Giuseppe Cipriani, gestionó contactos a través de la Presidencia de la República, tendientes a la posibilidad de obtener una licencia para la explotación de un casino privado asociado al referido hotel.
El empresario, fue recibido por autoridades de esa cartera y del Mintur, así como de Presidencia de la República. Allí se le informó que “el otorgamiento de la autorización o licencia para la explotación de un casino privado en la ciudad de Punta del Este requerirá necesariamente de un llamado a licitación pública”.
Se le explicó que la obligación de un llamado a licitación surge tanto de la normativa aplicable -Artículo 20 del Decreto Ley 14.335-, así como del Decreto 588/75 y muy especialmente de la cláusula del Artículo 21 del contrato que el Estado firmó con la firma Baluma S.A.”.
Esa cláusula, se le explicó a Cipriani, “otorga la exclusividad en determinado ámbito territorial, salvo que la inversión y el canon sean iguales o superiores al del referido hotel y que la selección del concesionario se efectúe por el procedimiento competitivo que obliga el Decreto 588/75 (licitación pública)”.
Al procedimiento de licitación se podrá llegar por impulso de la administración (el gobierno) o por iniciativa privada al amparo de los Artículos 19 y 20 de la Ley 17.555, por lo cual no está descartada la posibilidad de que el propio grupo inversor solicite al gobierno que abra un llamado a licitación.
(Foto: MaldonadoNoticias)
