La Cámara de Diputados aprobó el 11 de septiembre la Ley de Residuos, una de las leyes ambientales más relevantes del período, basada en un modelo de desarrollo sostenible que promueve la revalorización de los residuos y el reciclaje, y apuesta a generar nuevas formas de negocio y empleo.

Para el director Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, “la ley recoge aspectos centrales; por ejemplo clarifica las competencias, nacionales y departamentales; se rige por una lógica de planificación y construcción de indicadores para que toda la ciudadanía lo vea”.

“Por otro lado tiene todo un capítulo de formalización de los clasificadores y de la propia cadena de comercialización", agregó Nario, recordando que su elaboración llevo un proceso de tres años de trabajo, discusión e intercambio, integrando las diversas miradas de los sectores involucrados, de la órbita pública y privada.

La Ley pretende ser un instrumento normativo que enmarque y regule la gestión de residuos a nivel nacional y departamental, con lineamientos claros integrados con la política ambiental.

“En cuanto a los residuos especiales (envases, plásticos de un solo uso, neumáticos, etcétera) el enfoque se centró en los materiales de un solo uso. Se estableció un mecanismo de tributo ambiental a las empresas que opten por este tipo de insumos”.

El objetivo es desestimular su uso y favorecer los materiales más amigables con el ambiente. “En el caso de los envases lo que queremos es promover la retornabilidad (sic) y que sean más amigables con el ambiente”, explicó el director Nacional de Medio Ambiente.

La ley se basa en una estrategia de economía circular, que rompe con la lógica del “úselo y tírelo”, hacia un modelo que promueve la reducción de la generación de residuos y su puesta en valor. Propone nuevos instrumentos económicos que permiten -bajo un proceso de planificación nacional y departamental- avanzar a una gestión sostenible de residuos adaptada a cada realidad.

La nueva normativa apunta a orientar el comportamiento de los generadores, asumiendo un manejo ambiental y responsable en todas las etapas de la gestión de residuos, con los costos asociados, que promueva la prevención y reducción de los impactos negativos que generan los residuos.

"Esto es sencillo, o lo paga el Estado y todos los ciudadanos, o lo pagan las empresas que contaminan. Atrás hubo un gran lobby de grandes empresas para que esta ley no se aprobara”, denunció Alejandro Nario, remarcando que también se busca generar cambios en los patrones de consumo y conductas vinculadas a la clasificación en origen.

El proyecto de ley había recibido el pasado 13 de agosto la media sanción del Senado. A partir de la aprobación en Diputados, Uruguay ya cuenta con una ley general de residuos; la etapa que sigue es su reglamentación y aplicación a nivel nacional.