Lo dijo el vicepresidente del organismo, ingeniero Ruperto Long, al explicar que todo depende de los tiempos que manejen los técnicos que llevan adelante la tarea, y que son parte del proceso. Sin brindar ningún dato, dijo que la auditoría en la IDM está marchando bien.

El vicepresidente del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), ingeniero Ruperto Long, entrevistado este jueves en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, dijo que aún no hay datos de la auditoría que se desarrolla en la Intendencia de Maldonado.

Empero, aseguró que se está trabajando bien y que “no hay tiempo estimado” para finalizarla, porque el que demandará la auditoría, dependerá de los técnicos que la llevan adelante. “Es la mecánica natural” en estos procesos, aclaró el ingeniero Ruperto Long.

No siempre se respeta

Respecto al funcionamiento del TCR, Long explicó que el organismo está conformado por 7 ministros, que no necesariamente responden a una proporcionalidad político-partidaria, como ocurre con la integración de directorios de entes, por ejemplo.

Recordó que el TCR es uno de los tres poderes “de menor” rango que los grandes poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y que tiene independencia financiera, por más que el volumen de los recursos que se asignan depende mucho de cual sea la política del Ministerio de Economía y de lo que vote el Parlamento.

Explicó que actualmente, el organismo cuenta con unos 400 funcionarios, aunque unos quince años atrás tenía más de 500. Consideró que el número es insuficiente porque el trabajo se ha incrementado ante la aparición de nuevos organismos como los municipios o herramientas como los fideicomisos.

Reconoció que en ese sentido hay cierta preocupación en los ministros, porque los tribunales de cuenta en muchos países del mundo son cada vez más requeridos, porque las exigencias por transparencia han aumentado, y en ese sentido Uruguay no es la excepción.

Consultado sobre la observancia de las resoluciones del TCR, que muchas veces son desconocidas por intendencias, entes o juntas departamentales, expresó que lamentablemente la ley lo permite, aunque esa postura puede llegar a incidir si algún caso termina en el ámbito judicial.

Reconoció que muchas veces cuando se realizan observaciones a gastos, por ejemplo, se reiteran esos gastos desconociendo los fallos del TCR que en definitiva están fundamentados en una serie de aspectos técnicos y legales. “Es una lástima que eso ocurra”, dijo Long.

Reiteró que las decisiones están muy bien y objetivamente sustentadas porque el Tribunal de Cuentas es un organismo “muy técnico”, que por otra parte puede asesorar, guiar y recibir consultas para evitar precisamente las observaciones posteriores por errores en los procedimientos.

“Eso es una lástima”, reiteró, aunque aclaró que a pesar de que no se sepa, en la gran mayoría de los casos se actúa de esa manera; es decir, consultando, decidiendo y finalmente aceptando que un proceso debe iniciarse nuevamente para evitar problemas posteriores.